El mes pasado, en Economía de Los Andes, se publicó una nota sobre “Sanidad vegetal”. Se denunciaba la reaparición de plagas que estaban bajo control: mosca del Mediterráneo, carpocapsa, grafolita, monilia y que la lobesia botrana (polilla de la vid) había afectado en la cosecha 2016 unas 40.000 ha, ¡lo que implicó la pérdida de 30% de la vendimia potencial del año! Así también, por la carpocapsa se habría afectado 39% de la exportación de pera y manzana a Brasil descartándose 8 millones de kilos de fruta... La nota también detalla que el Senasa suspendió todas las zonas que estaban libres de mosca del Mediterráneo en la provincia, causando otro perjuicio más para la región.
Los números expuestos son enormes y difíciles de cuantificar en dineros perdidos, para luego sumarle los $ 300 M que, según el artículo, haría falta para comenzar a combatir a la lobesia. Son tremendos estos guarismos sobre todo teniendo en cuenta que desde 1995 funciona aquí un organismo autárquico como es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza -Iscamen-, que posee una dotación de más de 900 personas, maneja presupuestos importantes solventados por todos los mendocinos (tengamos finca o nos dediquemos a otra actividad totalmente distinta a la agropecuaria).
Esto me hizo pensar que lo ocurrido en Mendoza puede ser asimilado a un incidente o accidente ambiental. Este incidente nos ha costado y nos costará unos cuantos millones de pesos. ¿Por qué un incidente ambiental? Porque se cambiaron las condiciones “de base” del ecosistema existente, causando un daño a otros componentes del mismo.
Ahora me gustaría hacer una comparación entre este incidente ambiental agropecuario con el incidente ambiental minero ocurrido recientemente en Veladero, San Juan. En la mina se produjo el derrame de poco más de 1.000 metros cúbicos de solución cianurada diluida en un arroyo local.
Desconozco qué clase de estudios fueron realizados acerca del impacto ambiental del incidente agropecuario publicado por la prensa, pero, para quien quiera ver estudios sobre el incidente minero, puede googlear “ECCA Veladero” (Estudios de Calidad de Cuerpos de Agua Veladero) y se encontrará con un tremendo estudio técnico realizado por profesionales de las Naciones Unidas (Pnuma). En este trabajo, realizado por expertos internacionales independientes del gobierno local y empresa minera, se demuestra que solamente se afectaron en superficie aproximadamente los primeros 1.200 metros desde donde se produjo el derrame y que no se afectó nada más aguas abajo. Es decir, todas esas noticias alarmistas como “El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal” (UNCuyo dixit- a través de su sitio Unidiversidad-), quedaron sin efecto.
La reflexión termina aquí con varias preguntas; ¿cuánto dinero costó a los sanjuaninos este incidente ambiental de derrame de solución cianurada? Respuesta: ni un solo peso pues, según los informes científicos, no murió ni un solo pez ni un guanaco ni se afectó a población alguna. Es más, la compañía minera pagó una fuerte multa por el incidente.
Y a los mendocinos, ¿cuánto nos costó este incidente ambiental producido por la desidia de un organismo que debió funcionar y no lo hizo? Respuesta: miles de millones de pesos ya, y sin saber cuánto dinero / tiempo nos costará volver a ser declarados “zona libre de plagas”.
Entonces: ¿deberíamos dejar de hacer agricultura por esta situación? Por supuesto que no. Lo que se debería es ajustar varias tuercas y nombrar gente honrada y capaz que comande el Iscamen. Y una última; ¿deberíamos negarnos a la minería por la posibilidad de algún incidente ambiental? Por supuesto que no. Sí deberíamos ya estar creando las condiciones favorables para interesar inversiones en exploración, puesto que dejar enterrados los valiosos minerales que contiene nuestra cordillera es una tremenda irresponsabilidad por parte de quienes nos gobiernan, ya que los dueños de estas riquezas somos todos los mendocinos.
