El Gobierno no obtuvo ayer aval en Diputados para su proyecto de ley para cofinanciar el Programa de Combate y Erradicación de Lobesia botrana.
El revés lo obligó a reformularlo y hoy lo llevará nuevamente a los legisladores, con el respaldo de productores y bodegueros agrupados en La Cámara de Comercio de San Rafael, la Asociación de Viñateros, la Unión Vitivinícola, Bodegas de Argentina y Fecovita.
La nueva propuesta eleva el mínimo no imponible para cobrar a los productores -a fin de comprar los insumos de la campaña 2018- de 5 a 10 hectáreas, aunque algunos piden llevarlo a 25 hectáreas, como la Asociación de Productores del Este Mendocino y la Cámara de Agricultura de Tupungato.
La campaña para combatir la Lobesia botrana necesita $150 millones que deben ser aprobados por la Legislatura. El límite que se ha impuesto el Gobierno para sacar la ley es a fines de junio, para llegar a tiempo con el llamado a licitación internacional para la compra de feromonas y agroquímicos.
Si bien desde las entidades agrícolas y bodegueras mostraron resistencia por los $1.500 por hectárea, en cuatro cuotas, que deberían pagar para financiar la campaña, coinciden en la necesidad de llevar adelante la lucha contra la polilla que, desde 2010, afecta las vides de la provincia.
“Hemos encontrado un punto de acuerdo para hacer el ataque contra la Lobesia, pero si no está esa ley no se puede hacer”, indicó el ministro de Economía, Martín Kerchner, y detalló que en la reunión que mantuvieron ayer las cámaras “han pedido que llevemos de 5 a más hectáreas la cobertura. Ya hemos acordado que puede estar en el orden de las 10 hectáreas, aunque algunos piden 25. Pero vamos a ver cuál es la mejor metodología para que podamos exceptuar”.
Según el Gobierno, si se fija el mínimo no imponible de 10 hectáreas, más del 70% de los productores de la provincia quedarían exceptuados, es decir 7.500 productores no pagarían y los que sí tengan que hacer el aporte lo podrán financiar hasta mayo de 2019.
Kerchner también le puso presión a los legisladores: “No hay más tiempo. Si mañana (por hoy) no se aprueba la Ley, no se puede hacer la licitación y comprar los insumos, es decir no tenemos lucha contra la Lobesia”.
“Vemos con beneplácito que el Gobierno aceptó nuestra propuesta de ampliar la brecha de productores exceptuados del pago”, dijo Eduardo Córdova, de la Asociación Viñateros, para explicar su apoyo a la nueva propuesta.
El no de los legisladores
La ampliación del mínimo de 5 a 10 hectáreas llegó luego de que, ayer a la mañana, tanto los diputados peronistas como los del PI y hasta los "díscolos" del oficialismo, Ricardo Mansur y el demócrata Marcos Niven, anticiparan su rechazo a la obligatoriedad del pago a productores en una reunión de la que estuvieron también representantes de entidades de productores.
El radical Mansur argumentó en defensa de los productores por “no ser responsables del ingreso de la plaga”. Y alegó rentabilidad en retroceso con precios en caída y suba del vino en góndola para justificar otro umbral de pago: 25 hectáreas, superficie concentrada en menos de 1.250 propiedades.
Por su parte, Niven se sumó al rechazo al remarcar que "habiendo una ley que obliga a la Nación, la Provincia no debe hacerse cargo o al menos pedir la restitución de los fondos".
El titular de la Comisión de Economía, el peronista Gustavo Majstruk, calificó por su parte de "irresponsabilidad total" repartir el financiamiento entre Provincia y sector primario "porque 400 millones no es una fortuna para el Estado, y cobrarle 1.500 por hectárea a los productores más chicos es complicado".
Fue el también peronista Jorge Tanús quien empezó a resumir posturas al plantear como prioridad “darle una herramienta financiera al gobernador” para continuar el Programa, y al mismo tiempo adherir a la ley nacional para poder “reclamar a la Nación”.
Disparidad entre los productores
Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Agricultura de Tupungato, representa a una de las cámaras que no avaló la nueva propuesta del Gobierno.
“Más allá de haberlo hablado sólo con entidades industriales que representan el 12% de la superficie y son los que menos pagan, esto es socializar las pérdidas entre pobres. Por eso: ¿por qué el Gobierno no saca una parte de los más de 200 millones que cobra de Ingresos Brutos a las distribuidoras eléctricas?”, reclamó.
Del otro lado se ubicó Eduardo Sancho, de Fecovita: “La producción primaria está pasando una situación difícil pero hemos priorizado hacer la campaña porque si no el efecto sobre el pequeño productor es desastroso. El Gobierno se comprometió a seguir buscando fondos y vamos a acompañar, lo que se consiga va a ir al sector privado y así disminuir nuestro aporte”.
