Con lo justo, y tras acordar con entidades del sector la suba del mínimo imponible a 10 hectáreas para productores exceptuados del COA (Contribución Obligatoria), el Gobierno logró que Diputados ratificara el financiamiento mixto del Programa de Control y Erradicación de Lobesia Botrana.
En votación nominal, el resultado a favor por 24 a 21 dio media sanción al proyecto que será ley si lo aprueba el Senado, e implica que la Provincia deberá sumar otros $9 millones a los $50 millones comprometidos para llamar a licitación internacional de compra de insumos a fin de mes.
El oficialismo gambeteó con dificultad la presión opositora por hacer cumplir la ley nacional 27.227: es decir, forzar a la Nación a financiar, junto a los $100 millones prometidos, otros $150 millones que se pretendía obtener por la COA; es decir, casi 84% del presupuesto necesario.
En su lugar, al excluir a productores vitícolas de hasta 10 hectáreas (más de 5 mil fincas en todo el territorio), la Provincia aportará 15% más, según el proyecto que además acorta la vigencia del esquema de 3 años a 2 dado que para Senasa se necesitan un par de campañas a fin de reducir al mínimo la presión de la plaga.
Pero no fue el único cambio introducido para lograr el aval legislativo. El texto final, que faculta al Iscamen como autoridad de aplicación, incluyó varios artículos referidos a la excepción al pago en caso de Emergencia o Desastre Agropecuario, refuerzo presupuestario extra para financiar el Programa y sanciones a establecimientos vitivinícolas que incumplan.
De acuerdo a las cifras oficiales, de los $150 millones a recaudar la meta se reduce a $140,7 millones dado que unos 29 mil productores no pagarán.
Un 67% de ese total se prevé obtener de 68.593 unidades de más de 50 hectáreas, y otro 20% desde 25 hectáreas, justamente la base estipulada por la ley nacional 27.227 que le asigna presupuesto a la lucha y fue centro de la tensión en Diputados.
Los cambios
Así, el artículo 4 deja en claro que, si bien el presupuesto del programa anual será tripartito (Gobierno nacional, provincial y aporte obligatorio del sector privado), “todos aquellos recursos adicionales que se obtengan para financiar el programa anual de intervención se destinarán a reducir el aporte establecido” para los productores.
“Para el caso de los productores vitícolas en estado de emergencia o desastre agropecuario se encontrarán eximidos parcial o totalmente del pago de la contribución obligatoria especial definida en la presente ley, en concordancia con lo que establece la Ley Nº 4.304 y su reglamentación”, dice el artículo 8 en otro de los cambios.
Y mientras el artículo 16 fija una duración de 2 temporadas para el esquema con opción a una tercera "previo dictamen científico", el último abre la puerta a un refuerzo presupuestario a través de "aportes voluntarios" por parte de los eximidos de la COA.
La presión externa desde las entidades de algún modo se hizo sentir. Es que, resignados a que el aporte obligatorio no podía eliminarse, a raíz de una propuesta de Acovi el Gobierno aceptó que el cobro se haga en 5 pagos bimestrales, con lo cual los productores alcanzados terminarán de cancelar en mayo de 2019 la campaña que arrancará en agosto próximo.
"Hasta último momento buscamos evitar que el productor tenga que pagar, pero ante la situación planteada por el Gobierno logramos que la lucha se sostenga de todos modos", señaló Eduardo Sancho, presidente de Acovi, sobre la campaña que calificó de "exitosa". "Si no accedíamos a afrontar los costos, hubiera traído nefastas consecuencias como perder el 40% de la producción", acotó.
