Senadores convirtió en ley el financiamiento mixto para las dos próximas campañas del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana (polilla de la vid). Así, desde octubre y en 4 cuotas trimestrales productores de más de 10 hectáreas deben pagar $ 1.500/ha hasta 2020.
Por eso, aunque ya cuenta con la herramienta que buscaba para no discontinuar el tratamiento de la plaga, el Gobierno, vía Iscamen como autoridad de aplicación y agente de cobro, adelantará los $ 300 millones para la licitación internacional de feromonas dado que la Nación recién transferirá $ 100 millones desde agosto, cuando inicia la campaña 2018.
La votación reflejó lo tirante de las posturas. A priori la oposición insistía en aplicar 25 hectáreas como mínimo imponible, según la ley nacional que asigna presupuesto al Programa coordinado por Senasa. Resultó con 21 votos afirmativos, 15 negativos (PJ y PI) y 2 abstenciones (FIT).
José Orts (UCR) justificó el nuevo esquema en el propósito de, tras bajar la presión de la plaga 60%, "erradicar la misma para el año 2020".
La nueva ley establece que Iscamen "diseñará y presupuestará, anualmente, el programa" y deberá rendir cuentas a la Legislatura cada año después de la vendimia.
Los fondos contarán con "aportes del presupuesto que el Gobierno Nacional asigne", más el que destine la Provincia y montos recaudados en concepto de "contribución obligatoria especial de los productores vitícolas".
El artículo 5 dice que los identificados por CUIT desde 10 hectáreas deben pagar $ 1.500/hectárea, actualizables por Ley Impositiva, a excepción de los declarados en Emergencia o Desastre Agropecuario.
Asimismo, en caso de incumplimiento, las bodegas inscriptas en INV serán agentes de retención y responsables de depositar fondos "al adquirir la uva o productos elaborados por cuenta de terceros o a maquila".
Aunque la vigencia del aporte obligatorio es por dos temporadas, la ley contempla una prórroga anual. Y prevé que, al margen del financiamiento inicial, “si hubiera fondos de aportes públicos o privados remanentes, luego de cerrado el programa anual, quedarán afectados e integrarán automáticamente el presupuesto del año siguiente”.
En tal sentido, deja abierta la posibilidad de aportes "voluntarios" de los establecimientos vitivinícolas que no quedaron alcanzados por la obligatoriedad del pago de los $ 1.500.
Ahora, el Ejecutivo tiene 30 días para reglamentarla.
