“Muchachos, no hay plata para financiar el presupuesto anual ni una partida asignada. Habrá que ver cuánto pueden aportar las provincias y también el sector, que es el principal beneficiado”.
Palabras más, palabras menos, fue lo que se llevaron los participantes de la Mesa de Competitividad Vitivinícola por parte del ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, y su subsecretario, Esteban Lavallol, sobre el financiamiento necesario para la campaña 2018 del Programa de Control y Erradicación de Lobesia botrana (polilla de la vid).
Para frenar la plaga el año pasado se requirió de más de $400 millones en fondos de la Nación y ahora buscan un esquema mixto, con mayor participación privada.
Los rostros de preocupación al término del encuentro tienen una doble explicación: más allá de que en 2017 ya se planteó una contribución de aquellos productores de más de 25 hectáreas a cancelar en cuotas, pocos esperaban tener que afrontar un pago obligatorio desde la próxima campaña.
Por otro lado, todos saben que el Programa, luego de tratar 135 mil hectáreas de viñedos (unas 75 mil en cuarentena por el daño del insecto), no puede parar si se pretende neutralizar el avance de la Lobesia.
“Se planteó la situación, pero también la conformación de una mesa específica de Lobesia con lo cual la Nación no se mantiene ajena a la problemática. Hay menos recursos que el año pasado y demandas diversas desde distintas economías regionales, pero, al menos, la intención de seguir sentándose a la mesa para encontrar una solución”, señalaron fuentes cercanas al ministro Etchevehere.
Como el principio físico de los vasos comunicantes, lo que está claro es que mientras baja la asistencia del Gobierno nacional, deberá subir el de productores y bodegas, además de una cuota parte del Ejecutivo mendocino para mantener vigente el plan que coordina Senasa con el Iscamen en Mendoza.
El universo de la cobertura no es menor, como tampoco el último antecedente. En 2017, más de 8.000 productores se inscribieron en el RUT (Registro Único de la Tierra) para acceder a feromonas y otros productos, aunque por debajo de 25 hectáreas lo recibieron gratis.
El resto debía reintegrar el costo en cuotas desde el segundo año (U$S 1,5 millón aún pendiente), como forma de financiar parcialmente el tratamiento de más de 135 mil hectáreas.
"Luego de tratar 135 mil hectáreas de viñedos no hay que parar si se pretende neutralizar el avance de la plaga."
Tres veces más fondos privados
Ahora bien; el Programa que coordinan el Senasa e Iscamen, ¿corre riesgo de parálisis sin contar con los fondos garantizados? La nueva etapa comienza en dos meses, y para entonces debería estar cerrado el presupuesto y cómo solventarlo, aunque las autoridades aseguran que pueden operar, en principio, con un remanente de productos de la última campaña.
La buena noticia es que el área a tratar es menor: de 135 mil hectáreas, arrancará en 115 mil. Con el oasis Sur prácticamente libre de la polilla (5 mil hectáreas menos en un año), el foco estará puesto en zona Norte-Este (Maipú-Luján, San Martín, Lavalle, la más crítica, a tratar con difusores más aplicaciones aéreas), y en menor medida Valle de Uco.
Para Walter Bressia, titular de Bodegas de Argentina, “hay consenso” entre todas las entidades para avanzar en un mayor protagonismo del sector a la hora de financiar el Programa.
“No tener presupuesto es preocupante por lo que significa el avance de la plaga. Tenemos que aportar todos para avanzar en el control y neutralizar, por ejemplo, el riesgo que significan las fincas abandonadas para el avance de la polilla. El Programa no puede parar al menos en los próximos cuatro años”, puntualizó Bressia.
A pesar de la incertidumbre en cuanto a plazos de ejecución, técnicos de Iscamen empiezan a planificar las acciones de la temporada que se viene con un esquema tentativo. El organismo asume que, en el peor de los casos, la Nación, a través de Agricultura, aportaría unos $ 250 millones (alrededor del 60% del presupuesto anterior).
Según el presidente de Iscamen, Alejandro Molero, “es el plan de mínima esperado. Aunque el nivel no será el óptimo porque siempre son escasos, los fondos necesarios van a estar, aunque ‘sí o sí’ con colaboración privada”.
Esa colaboración, descontada la parte de la Provincia, rondaría los $ 90 millones. Es decir, hasta 3 veces más de lo que debían pagar las fincas de más de 25 hectáreas.
De acuerdo al funcionario, hay un diagrama "aceptado en principio", y el criterio será que "en las zonas más selectas, donde muchas bodegas ya venían comprando por su cuenta para hacer aplicaciones y no pocos grupos vitivinícolas se vieron beneficiados y no tuvieron que pagar, desde ahora haya un aporte 70/30 o 50/50 si es necesario".
Mendoza, vía Iscamen, y San Juan, también tienen que definir cómo se cobrará a los productores más grandes, sobre todo. "No obstante, el beneficio para los productores más chicos se mantendrá. El mayor esfuerzo deberán hacerlo los que tienen más capacidad”.
Así, en principio, el esquema arrancará con dos patas: el pago del sector vitivinícola y el de la Provincia, a la espera de que “gradualmente” lleguen los desembolsos de la Nación.
Entre Marcos Peña y la Bioplanta
En tanto, desde Senasa adelantan que los próximos pasos serán, mientras se define el esquema tripartito, elevar los resultados del Programa a la Jefatura de Gabinete de la Nación para lograr el visto bueno necesario y así acceder a la partida presupuestaria requerida.
“Se diseñó el trabajo con la idea de bajar la presión de la plaga con distintas herramientas, y los resultados muestran cómo se abatió, lo que requiere más aportes. Ha sido un gran logro del trabajo conjunto, la gestión público-privada hasta ahora”, consideró la directora nacional de Protección Vegetal, Wilda Ramírez.
“A nadie escapa que estamos en una etapa crítica a nivel de economías regionales y que hay mucha demanda en todo el país. Por eso es importante elevar esos resultados ante Jefatura de Gabinete; sabemos que trabajaremos con el mismo esquema de combinación de herramientas sabiendo que la más efectiva es la confusión sexual, pero a diferencia de 2017, con mayor participación privada y de Estados provinciales en un mecanismo que resta definir en la próxima reunión de la mesa de Competitividad”, acotó la funcionaria nacional.
Dicha reunión será en un mes. Para entonces, explicó Ramírez, habrá que llegar con una planificación de la demanda a las empresas proveedoras internacionales y sus exigencias: Senasa e Iscamen asumen que el requerimiento de productos no puede superar en cantidad al de 2017.
En tanto, y si se dilataran los tiempos, Ramírez garantiza un stock remanente "que va a permitir al menos empezar con las acciones en las zonas más calientes".
Mientras, pensando en el mediano y largo plazo, ya se trabaja en otra alternativa: cerrar una prueba piloto en la Bioplanta multipropósito de Santa Rosa (producción de insectos estériles), a utilizar una vez que se reduzca un poco más la población de la plaga.
“Si tenemos en cuenta que se redujo 70% de la plaga, con el aporte tripartito prácticamente vamos a dejar limpia a la provincia de la plaga. Con lo cual, en 4 años el productor sólo tendría que hacer mantenimiento”, enfatizó por su parte Molero.
Que no pare
Por estar basado en un método (confusión sexual del insecto mediante uso de feromonas) caro, sin duda el combate de la plaga requiere de un presupuesto elevado.
Para el ciclo 2017-18, por ley, se le había imputado al Programa más de $ 400 millones, a partir de un costo de U$S 160 por hectárea que fue cubierto gratuitamente para pequeños productores, y con la condición de una devolución en cuotas para dueños de superficies superiores a las 25 hectáreas.
Cabe recordar que a fines del año pasado, el propio gobernador Cornejo había destacado el logro de haber reducido, luego de tratar unas 75 mil hectáreas en cuarentena, un 65% la superficie afectada por la polilla respecto de 2016.
Igual, el propio Cornejo aprovechó la llegada de Etchevehere y el presidente de Senasa a los festejos de Vendimia para plantearles la necesidad de no discontinuar el Programa.
Hasta agosto de 2017: más de 8.000 CUITs, con 11.000 propiedades con vid equivalentes a 126.000 hectáreas, según los datos del Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza).
En la primera semana de setiembre empezó el reparto de difusores de feromonas a 6.428 fincas, 4.916 productores poseedores de más de 61.400 hectáreas, sin contar uva de mesa y orgánicos.
