El perjuicio que ha sufrido Mendoza por la detracción del 15% de la coparticipación federal -desde que empezó a aplicarse, en 1992- ha sido mayúsculo. De hecho, sólo en los últimos 10 años, Mendoza dejó de recibir, a valores actualizados, unos $ 22.200 millones. Ésa es una de las razones por las cuales el gobernador, Alfredo Cornejo urde, en estos días, una estrategia para ampliar los fondos que llegan desde la Nación.
Se trata de una reacción lógica, tras el fallo de la Corte nacional que envalentonó a varias provincias a reclamar lo perdido que, desde su implementación en 1992, fue destinado a la Anses. Pero también se busca armar un plan para recuperar la percepción mensual de ese porcentaje, sobre todo luego de que el presidente, Mauricio Macri, vetara el decreto de su antecesora, Cristina Fernández, que obligaba al Gobierno central a empezar a devolver ese 15% -lo que también se basó en ese fallo-.
En consecuencia, Cornejo busca una estratagema que contemple por un lado, suficiente cintura política para reclamarle a su aliado, el Presidente. Pero que tenga un claro detalle de lo que irá a exigirle para que la provincia sea beneficiada.
Sólo una muestra
Calcular cuánto perdió Mendoza desde que se le empezó a retener el 15%, hace casi 24 años, es una tarea titánica. Sin embargo, es posible conocer, con cierto detalle, lo sucedido en la última década.
Para poner en contexto, baste recordar que el 24 de noviembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo dando la razón a Córdoba, Santa Fe y San Luis, en el reclamo sobre ese 15% retenido por la Nación. Según ese fallo, tal retención es “inconstitucional”, por lo que instó al Gobierno Central, a devolver a esas provincias, entre $ 30 mil millones y $ 50 mil millones, teniendo en cuenta sólo los montos adeudados desde 2006.
La consultora NOAnomics, del economista Félix Piacentini, tomó entonces el período entre ese año y 2015, y calculó el monto que la Nación debería pagar a todas las provincias. El estudio arrojó que sólo en ese tiempo, la deuda, a valores actualizados (por la inflación), es de $ 537.339 millones.
Para ese tiempo, Mendoza es acreedora de $ 22.199 millones, lo que equivale a más de un tercio de su Presupuesto ($ 60 mil millones).
Específicamente, la provincia en 2006, dejó de recibir $ 261 millones por ese 15% que fue a la Anses. "Ese monto a valores actuales, representa $ 1.847 millones", explicó Piacentini, quien además calculó la evolución de esa retención (ver aparte), que arroja el monto final de casi $ 22.200 millones. "Para 2016, ese 15% implicaría $ 3.300 millones", añadió.
El informe también explica que sólo en estos 10 años, la provincia resignó por esa retención, en promedio, 6,7% de sus ingresos.
Además, "si hubiera contado con los fondos desde 2006, podría haber destinado en vez de 14% promedio a inversión publica, 21%", agregó.
Comparó: “Es como, sin ningún tipo de retención, si Mendoza hubiera dejado de percibir coparticipación durante 1,3 años”.
Perjuicios históricos
Cornejo deberá tener en cuenta varios aspectos para fundamentar sus reclamos y también contemplar una historia de perjuicios económicos, a veces compartidos con otras provincias, y a veces no.
La ley de Coparticipación Federal, 23.548, fue aprobada en enero de 1988, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, tiempo en el que a Mendoza se la consideraba “una provincia rica”, percepción basada fundamentalmente porque, al ser petrolera, las regalías le rendían notablemente. De hecho, el actual ministro de Hacienda, Martín Kerchner, recuerda que en ese tiempo, “22% de los recursos provinciales eran gracias al petróleo”, aunque hoy “ha caído a apenas 6% ó 7%”.
Esa ley estableció que Mendoza recibiera desde entonces, 4,33% de toda la masa coparticipable. Pero para Kerchner, esa distribución inició parte del perjuicio. “Como Mendoza era ‘rica’, se nos asignó la mitad de la coparticipación per cápita que a San Juan y a San Luis”, dijo, atendiendo a que en ese reparto, la provincia quedó “anteúltima” a nivel nacional (sólo adelante de Buenos Aires).
En 1992 (presidencia de Carlos Menem), los gobernadores firmaron un pacto fiscal, que fue el que generó la retención del 15% que se destinó a la Anses, ante la aparición del sistema de jubilaciones que creó las AFJP. “Fue un momento clave para entender cómo las provincias comenzaron a perder terreno”, indicó otro economista, Rodrigo González, de la Fundación Ideal.
Ya en el nuevo siglo, la generación de otros impuestos perjudicaron a las provincias. “El impuesto al Cheque -que sólo coparticipa 15%- y las retenciones a la exportación (no coparticipables en esa época, aunque en 2009 se creó el fondo de la soja), aumentaron el perjuicio”, resaltó González.
En el caso de Mendoza, un factor “externo” contribuyó al perjuicio: la promoción industrial, exención impositiva que rigió durante tres décadas a favor de provincias vecinas, que terminó erosionando parte de la base económica mendocina, y que recién finalizó en 2012.
Por la promoción industrial, Mendoza supo generar algún tipo de reclamo, aunque no siempre con contundencia. Pero por la retracción de la coparticipación, la provincia prácticamente nunca levantó la voz contra la Nación, a diferencia de San Luis, Córdoba y Santa Fe, que en 2006 llegaron hasta la Corte. Ni siquiera cuando las AFJP se estatizaron en 2008. Ni cuando el pacto fiscal perdió efecto, en 2010.
Sólo en 2012 hubo un principio de reclamo formal que no prosperó, cuando un proyecto del radical Juan Carlos Jaliff, finalmente no avanzó, porque en una votación, que terminó en empate, el entonces vicegobernador Carlos Ciurca, desempató en contra de la iniciativa. “Se priorizó la pertenencia partidaria antes que los intereses provinciales”, dijo Jaliff.
Recién en noviembre de 2015, cuando aún gobernaba el kirchnerismo el país, y tras el fallo de la Corte, el fiscal de Estado, Fernando Simón -vocero oficialista en aquella votación de 2012- presentó un reclamo a la Nación, refrendado el 30 de diciembre por Cornejo.
En busca de una estrategia
Para Kerchner, esta historia de detrimentos provocó consecuencias graves en la relación Mendoza-Nación. “Al ceder autonomía económica terminó cediéndose autonomía política”, dijo , dando a entender que la presión nacional, sobre todo en los últimos tiempos, y más allá de la coincidencia partidaria, perjudicó aún más a Mendoza, que terminó dependiendo de esa relación y de los fondos “discrecionales” enviados.
Sin embargo, tras el recambio, el escenario no se presenta muy diferente. De hecho, Mendoza es ahora provincia "amiga" de la Nación.
El ministro asegura que la historia no se repetirá. "No confundir coincidencia política con no defender los intereses de quien nos eligió y representamos", dijo.
Por eso, si bien reconoció la ayuda de subjetivos fondos a discreción -como los 3.200 millones que llegaron a Mendoza enviados por Macri para afrontar la actual crisis- quiso marcar las diferencias.
“Hemos presentado un plan que demuestra que vamos a equilibrar las cuentas”, dijo añadiendo que el reclamo presentado en diciembre “evita prescripciones”. Por eso, aclaró que “se acompañará la negociación con todas las provincias”, y concluyó: “Si no hay un acuerdo, haremos la demanda”.
