Hace 40 años, Mendoza se estremecía por uno de los casos más oscuros de la historia delictiva de la provincia, de esos que se suman a los hechos de los que echan sombra sobre la labor de los cuerpos policiales.
El 10 de septiembre de 1989, una camioneta incinerada fue hallada en El Pastal, Lavalle. En su interior, yacía el cuerpo calcinado de Roberto Castañeda, un joven de 28 años, oriundo de Las Heras. Al horror de ese hallazgo pronto se sumó otro: el cadáver presentaba un disparo en la cabeza. A todas luces, el incendio había sido provocado para borrar pruebas. ¿Quiénes estaban detrás de esa muerte?
El padre de Roberto se puso al frente de los reclamos. En medio de irregularidades y descuidos del lugar del crimen, pasaron dos comisiones investigadoras que no arribaron a nada. Por entonces el gobernador era el justicialista José Octavio Bordón.
Ante la impunidad, el caso llegó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recién en 2007, durante el gobierno de Julio Cobos, Mendoza reconoció que por lo investigado, todo indicaba que el crimen había sido autoría de miembros de la fuerza policial. De hecho, en las comisiones que investigaron el crimen en un principio, aparecía uno de los posibles policías implicados. Fue, en definitiva, uno de los casos más resonantes del llamado "gatillo fácil".
Así, en 2011, la ONU condenó a la provincia a pagar más de 220 mil dólares en compensación por el crimen y fue el gobierno de Celso Jaque el que afrontó la multa. Pero los nombres de los responsables nunca se conocieron, con lo cual el crimen está impune.
Entre los ribetes que dio el caso está la destitución, a fines de 1989, del juez instrucción Ricardo Horacio Higginson, quien intervino en la investigación. En 2013 Higginson manejaba su auto por el barrio Soberanía Nacional cuando fue atacado con armas de fuego. Se oyeron dos disparos, y una de las balas le rozó la cabeza. La bala ingresó y salió a la altura de la oreja. Por centímetros, el ex juez (que por ese entonces tenía ya 73 años) salvó su vida.