La pelea por el endeudamiento se sigue actualizando y suma un nuevo round. En esta oportunidad, los radicales avanzaron con el pedido de inconstitucionalidad de la modificación a la Ley de Contabilidad (n° 8667 ). Gracias a esa reforma, ahora el Ejecutivo provincial puede tomar nueva deuda por el mismo valor que el autorizado en el vigente Presupuesto de 2013 ($ 1.270 millones). La acción fue presentada ante la Suprema Corte provincial, en forma conjunta con una medida precautoria que podría llegar a suspender la aplicación de la ley en tanto se defina la cuestión de fondo.
El avance de los radicales responde a un segundo paso luego de haber enviado cartas documento a distintos órganos de control pidiendo lo mismo. La jugada principal había sido pedir al fiscal de Estado, Javier Fernández, que declarara la inconstitucionalidad de la modificación, aunque la respuesta fue otra: se abrió un expediente de oficio para investigar la ley en cuestión, pero el fiscal recordó a los denunciantes que ellos mismos podían hacer el planteo de nulidad.
“Nosotros lo sabemos y el hecho de que estemos legitimados para iniciar la acción no implica que quien deba iniciarla sea el fiscal de Estado. Es su obligación, así como es también nuestro derecho”, respondió Victor Scattareggia, diputado de la UCR, encargado de llevar en mano el pedido ayer junto a Néstor Parés, presidente del bloque.
El pedido en cuestión es anular la modificación de la Ley de Contabilidad que permite la posibilidad de que el Ejecutivo tome deuda en los mismos términos que lo hizo el año pasado.
Esta norma fue aprobada el 25 de abril en medio de una sesión exprés y por demás cuestionada por la oposición, en donde con simple mayoría se logró una vía para endeudarse.
Éste es el punto que inicia el cuestionamiento: toda autorización de endeudamiento necesita la aprobación de los dos tercios de ambas Cámaras. Así lo plantea la Constitución provincial en su artículo 41 y de ahí el planteo que hicieron ayer los radicales.
“Lo que solicitamos se basa en sostener que esa ley viola la Constitución de Mendoza, específicamente en el tema endeudamiento, que es lo que pretendía el Gobierno, y en las mayorías necesarias que necesita el otorgamiento de crédito público. Lo que que no se logró sacar democráticamente en el Presupuesto 2014 lo intentan hacer a través de la de Contabilidad”, dijo Scattareggia.
A su vez, para contrarrestar los tiempos judiciales prolongados cuando se trata de analizar el fondo de la cuestión, los radicales sumaron el pedido de no innovar; es decir, una expedición más pronta de la Suprema Corte que, de darse a favor de los demandantes, suspendería la aplicación de ley. “Entendemos que si un constituyente entendió que hacen falta los dos tercios, con una interpretación no podemos violar la Constitución. Es un precedente que sería muy malo para la institucionalidad”, agregó Parés.
Desde el Gobierno defendieron lo hecho, a la vez que confiaron en que no va a prosperar el pedido. “Ellos tienen su derecho , pero la ley es constitucional”, dijo tajantemente Marcelo Costa, ministro de Hacienda quien, a su vez, prefirió no adelantar cómo se vería afectado el funcionamiento del Estado provincial de tener lugar la medida precautoria. “Si llegara a pasar, se discute después”.
“Ni groseramente hay un error de inconstitucionalidad. La única que puede decir lo contrario es la Suprema Corte pero, hasta tanto no lo determine, fue aprobada y publicada, por lo que es constitucional y estamos obligados a actuar bajo esta ley”, respondió Costa.
De no dar lugar al pedido, los radicales adelantaron ayer que dejaron la reserva para recurrir a la Corte Suprema nacional.
Polémica
La confrontación por el endeudamiento va sumando tanto avances como polémica. La carrera que se largó con la discusión del Presupuesto 2014 avanzó con los movimientos propios de cada uno: mientras el oficialismo busca los atajos para acceder a los marcos legales y a los créditos posteriores, la UCR amenaza y concreta los pasos para cercar las posibilidades de que la Provincia se endeude. “Le podemos dar deuda porque sí, ya que en todo este tiempo la han administrado mal”, sostuvo Martín Kerchner, diputado radical.
Esta declaración da cuenta de los cruzamientos políticos que, por fuera de lo técnico, siguen reavivando la pelea legislativa. “Esto se debe a la falta de reconocimiento de que hay un partido gobernante cuyo mandato vence el año que viene”, reprocha Costa, a la vez que pide al radicalismo que deje gobernar.
“Tenemos el derecho de controlar los actos de gobierno. Es una función de la división del poder”, reclamó sobre esta idea Parés y dirigió su mensaje: “Con una ley que está discutida por inconstitucionalidad no sé cuál será la entidad financiera que se atreva a prestar plata. Yo le aconsejaría que no le preste hasta que no se resuelva el fondo del tema en la Corte”.
