El jueves pasado los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido anunciaron un intrincado sistema de reducción de subsidios a los servicios de agua y gas, bajo un paraguas de "rebalanceo" o "redistribución" con la excusa de redirigir la mayor recaudación a planes sociales.
Luego de una larga lista de argumentaciones filosóficas, los funcionarios anunciaron un método complicado para aplicar una reducción de subsidios promedio del 20%, pero que a algunos usuarios les alcanzaría al 80%.
Como siempre, usaron un método discursivo por el cual estimulan un consumo responsable. De esta manera, el consumidor que consiga reducir sus consumos un 20% no perderá el subsidio, pero si no disminuye u aumenta, lo perderá.
El mecanismo es perverso porque así el gobierno argumenta que "le di la oportunidad de bajar el consumo y como no lo consiguió, él mismo se aumentó la tarifa". En realidad, es un rodeo muy complicado para anunciar una rebaja de subsidios que impactará, fundamentalmente, en la zona metropolitana de Buenos Aires, litoral y centro del país.
El abultado déficit
A pesar que los funcionarios no quieren hablar de achicar el déficit, ya que eluden en forma permanente la palabra ajuste, pero son conscientes que deben achicar gastos y están comenzando por los subsidios. De hecho, comenzaron en enero con el transporte público, aunque el sistema está lleno de inequidades.
Sobran subsidios, sobra déficit y falta equidad.
El déficit acumulado ronda los 200.000 millones de pesos y los subsidios costaron 150.000 millones en 2013 y prometen acumular mayor demanda en 2014 si no le ponen freno. Pero el problema es que hay servicios que tienen particularidades y requieren un análisis más detallado.
Lo real es que el volumen de subsidios beneficia más a los habitantes de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, en una muestra de un reparto muy desparejo, perjudicando al resto de las provincias.
Veamos cada caso
Gas. Es el primero al que le bajan los subsidios. El consumo aumentó más del 40% en los últimos diez años por la combinación de tres factores. Uno, fue la construcción de nuevos gasoductos, que ampliaron la cantidad de clientes; otra fue la reactivación de la economía, que aumentó la demanda a nivel industrial y la tercera fueron los subsidios, que estimularon el consumo, en muchos casos irracional ya que la tarifa era cada vez menos significativa respecto de los sueldos.
El problema es que para sostener el precio que pagaba a las empresas productoras, el gobierno decidió bajar el precio que pagaba a los productores. Esto hizo que las empresas dejaran de invertir y la producción bajaba a medida que el consumo aumentaba.
Hasta que el abastecimiento entró en crisis y hubo que construir un gasoducto para importar gas de Bolivia, a un precio tres veces superior al que les pagaba a los productores y al que se le vendía a los consumidores.
Así el gobierno se metió en un problema. Debía pagar el gas importado a precio internacional y subsidiaba la diferencia al venderlo más barato. Pero al importar, gastaba divisas y ahora el gobierno no puede darse ese lujo. Por eso, la prioridad actual del gobierno es tratar de bajar al mínimo posible las importaciones impulsando una reducción del consumo, a efectos de gastar la menor cantidad de dólares y subsidios.
Cabe señalar que en Mendoza no se aplican subsidios y el descuento de las facturas responde a un recurso presentado por la ONG Protectora que hizo que un juez prohibiera que se aplicaran suplementos (como el aporte para el gas importado) a las tarifas.
Electricidad. No se tocó por ahora, pero sin duda algo se deberá hacer a corto plazo. Es que el 50% de la luz que se consume, sobre todo en el área privilegiada, proviene de fuente térmica, para lo cual se usa gas, y el precio del fluido para este caso no perderá subsidios.
Los precios de la luz registran subsidios más abultados y en épocas de alto consumo se vienen registrando récords que hicieron eclosión este año con los apagones que vivieron los habitantes de la Capital. Además, el precio de las tarifas no está centralizado como en el caso del gas. En el caso de Mendoza se han venido produciendo algunas actualizaciones, aunque los valores también están atrasados y vasta ver las boletas de los usuarios para comprobarlo.
Agua. Formó parte de los anuncios, pero no rige para las provincias ya que, al igual que la luz, las tarifas dependen de los gobiernos locales, que son el poder concedente. En el caso de Mendoza, se han venido aplicando ajustes desde que se re estatizó el servicio, pero al parecer todavía es insuficiente.
Transporte. Es la trama más compleja. La demora en actualizarlo ha generado un atraso muy difícil de resolver. Hay componentes que están ligados a los combustibles y otros al dólar, por lo que, a pesar de los ajustes practicados no sería descartable un nuevo ajuste tarifario.
Es que la trama incluye subsidios del precio del gasoil, de los aumentos salariales. Pero lo más complejo es que cualquier incremento del precio del boleto tiene un peso en el presupuesto familiar más significativo que el de los otros servicios.
El gobierno justificó los subsidios como una forma de mejorar la competitividad de las empresas y de darle mayor capacidad de compra a los salarios. Esto fue cierto hasta que el peso de los subsidios impactó en la inflación. Y ahí vino el problema porque la aceleración inflacionaria hizo perder los beneficios por no haberlo administrado correctamente.
Kicillof pidió a los periodistas que informaran bien y resaltaran estos objetivos, pero en ningún caso asumió los errores que le han hecho perder todos los logros.
Por un lado piensan que la gente, con sus protestas es injusta y desagradecida por todo lo que el kirchnerismo les dio, pero asume todo lo que les quitó por efecto de la inflación que el mismo gobierno generó. Por eso su empeño en culpar a los empresarios por los aumentos de precios.
Llegó la hora de los subsidios
Con los anuncios sobre la quita de subsidios al gas y el agua, el gobierno comenzó a transitar un camino para bajar selectivamente su impacto y no aumentar el déficit fiscal.
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