José Luis Toso - jtoso@losandes.com.ar
La más tediosa transición democrática que se recuerde en Mendoza desde 1983 a la fecha encuentra al actual gobierno tratando de sobrellevar la difícil situación de las cuentas públicas pero sin dejar de lado el vicio y la tentación recurrente de quienes se van del poder: cumplir con amistades y lealtades políticas con la adjudicación de cargos en el Estado.
El gobierno que se va trata de llegar como sea al límite de su mandato constitucional, mientras que en las filas de Alfredo Cornejo esperan ansiosos ya la fecha del traspaso, para ver en qué condiciones deberán encarar la travesía de los cuatro próximos años.
En la semana desde el radicalismo salieron a anunciar que, cuando asuma, el nuevo gobierno se tomará el tiempo necesario para revisar las designaciones de estos meses, en especial los casos concretos de allegados al gobernador Pérez o quienes directamente hayan cumplido funciones políticas tanto en el Ejecutivo como en el Poder Legislativo.
Antes de las PASO provinciales de abril, el entonces precandidato Alfredo Cornejo ya había aclarado que en caso de ser electo gobernador no dudaría un instante en revisar uno por uno los nombramientos en el Estado que ya decía advertir.
Es que, por otra parte, en la UCR estaban seguros de que luego de las elecciones generales de junio aparecerían incorporaciones firmadas en el primer semestre, de modo de cumplir con lo que marca la ley.
En la última semana salieron a la luz distintos nombramientos y promociones que, ante la evidencia, obligaron a los voceros del gobierno provincial a defender la efectivización de quienes ya estaban vinculados al Estado cumpliendo funciones políticas.
Sin duda, una muy polémica argumentación aquella de que no se le puede impedir la posibilidad de acceso a la carrera como agente estatal a aquellos que “transitoriamente” ocuparon un lugar en la función pública. La transitoriedad, a la que aludió el subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán, en la mayoría de los casos fue para ejercer una determinada tarea política que, se sabe, termina cuando finaliza el mandato de quien asume la responsabilidad de los nombramientos.
Por eso es bastante lógica la reacción de uno de los emisarios de Cornejo en la actual transición, Martín Kerchner, al sostener que quienes llegaron a cargos políticos para servir al Estado no tienen por qué servirse de él en lo sucesivo, en alusión a los polémicos nombramientos.
Está claro, además, que puede resultar real la legalidad que argumentan desde el gobierno de Pérez, pero desde el punto de vista de la ética pública, los procedimientos que tomaron estado público dejan muchísimo que desear.
De todos modos, Alfredo Cornejo observa con moderación todo lo que ocurre y saca cuentas pensando en la incidencia que sueldos y nombramientos de la última etapa del gobierno justicialista puedan tener en las cuentas públicas a partir de su asunción, en diciembre.
Saben en el futuro gobierno que deben tener un buen arranque con los gremios estatales, que lograron un arreglo paritario satisfactorio y presionan por los prometidos pases a planta de personal contratado. Precisamente, entre los papeles de quienes exigen dejar de ser contratados para sumarse a la planta permanente del Estado aparecen mezclados muchos de estos elegidos del paquismo.
“No tenemos nada que ver con esos nombramientos, que no son éticos”, aclaran voceros de los gremios estatales, que, de paso, mandan un tiro por elevación para la futura gestión de Cornejo, sugiriendo que no se pretenda incluir los salarios de empleados públicos en la incidencia de la delicada situación financiera que heredará inevitablemente la nueva administración.
Dos realidades. Más allá de esta controversia por los nombramientos que va dejando el paquismo en su retirada, la realidad política provincial, dominada por el justicialismo y el espacio que triunfó en junio liderado por el radicalismo, muestra dos caras muy diferentes.
En el Frente para la Victoria local vuelven a apostar a una elección. Las PASO nacionales no fueron para nada la revancha de la derrota de junio que esperaba la dirigencia, pero ahora aspiran a un premio consuelo con motivo de las presidenciales del 25 de octubre. El justicialismo mendocino quiere garantizarle a Daniel Scioli por lo menos los porcentajes, números más o menos, obtenidos en las provinciales de junio y en las primarias nacionales recientes. Dicen allegados al sciolismo local que “Daniel se conformaría con eso...”.
En realidad, la mayor preocupación que tiene el oficialismo es que con la influencia de Cornejo y Cobos, el frente Cambiemos no se distancie mucho más que en las PASO, de modo de no hacer muy evidente la diferencia de votos entre los dos sectores dominantes en la provincia.
Si bien varias encuestas nacionales generan dudas sobre el anhelado triunfo en primera vuelta al que apostó Scioli desde que la “alianza” con el kirchnerismo era difícil de imaginar, deducen en el sciolismo que la permanente preocupación K de entornar al candidato presidencial es una pista clara de que en la Casa Rosada intuyen un posible triunfo sin tener que afrontar en noviembre una segunda vuelta.
Esta perspectiva de éxito electoral, además, alienta a los alicaídos generales del peronismo local con la posibilidad de que Scioli los llame para algún cargo en el Ejecutivo.
Por el lado de Cornejo, se puede asegurar que más allá del enojo con Pérez y sus números provinciales, la mayor preocupación ya pasa por cómo encarar lo que tendrá en sus manos desde diciembre.
Los contactos que el gobernador electo tuvo hace algunos días con funcionarios de la Nación tienden, fundamentalmente, a ofrecer un marco básico de convivencia entre esta provincia y la Nación si realmente el oficialismo retiene la conducción nacional. De alguna manera, Cornejo se basó en la promesa de diálogo que planteó en su última visita a Mendoza Daniel Scioli, cuando dijo que si es electo Presidente buscará dialogar con Cornejo de los mismos temas que le había prometido a Bermejo si ganaba las elecciones provinciales.
Esa convivencia política que habría decidido priorizar el futuro gobernador le permitiría afrontar los primeros tiempos con recursos imprescindibles en virtud de la situación de endeudamiento que va acumulando la Provincia para que la actual gestión cumpla con sus compromisos y obligaciones.
En ese contexto, el acuerdo del radicalismo para que el Banco de la Nación siga siendo el agente financiero de la Provincia se sustentaría en la conclusión de que es una de las pocas instituciones financieras del país capaz de sostener requerimientos de asistencia como los de Mendoza.
Llegar como sea al final del mandato es la premisa de Pérez. Y Cornejo también espera que Pérez llegue como sea para saber realmente con qué se encontrará.
