El enfriamiento por el que transita hoy la relación de los gobiernos nacional de Cristina Fernández y provincial de Francisco Pérez ha comenzado a generar todo tipo de especulaciones sobre la marcha de la gestión local a 35 días de las primeras PASO provinciales, a 97 jornadas de las elecciones generales que definirán al nuevo gobernador y a nueve meses del traspaso de mando.
Es que en los últimos dos años la Provincia necesitó de cinco autorizaciones del Ministerio de Economía de la Nación para emitir cuatro bonos y una letra, debió apelar a préstamos y descubiertos del Banco Nación para llegar al 31 de diciembre y requirió de seis refinanciaciones de la tercera parte de su deuda pública con su principal acreedor: precisamente la Nación.
El distanciamiento se produjo en momentos en los que la Nación ha asumido el compromiso de lograr el financiamiento de la obra hidroeléctrica Los Blancos en el Valle de Uco (11.900 millones de pesos), cuya construcción -a cargo de Cartellone- contempla el empleo de turbinas de Impsa como parte del plan de 'salvataje' de Pescarmona que -en mejores momentos de relación- acordaron Pérez y Cristina.
Y cuando el presupuesto nacional 2015 contempla la finalización del pavimentado de la ruta internacional hasta el paso El Pehuenche, el inicio de los trabajos preparatorios del Ferrocarril Trasandino a Chile y el préstamo internacional del BID para -finalmente- comunicar Cacheuta con Potrerillos a través de un túnel.
Todo indica que para terminar el 2015 se harán necesarias herramientas de financiación similares a las de años anteriores, pero con la salvedad de que -durante la segunda mitad del año- Mendoza transitará 170 largos días con un gobernador en funciones (Pérez) y otro electo y por asumir. Y es difícil prever la magnitud del efecto de licuación de poder que inevitablemente producirá esta situación, aun si el nuevo mandatario conserva el color político del actual, pero sobre todo si hay un cambio de signo en el Ejecutivo provincial.
El viernes pasado, en Junín, Pérez buscó llevar tranquilidad y habló de 'dos andariveles' distintos entre la gestión y el proceso electoral y descartó 'castigos' presidenciales. “No funciona en ningún lado de Argentina y nunca funcionó así. Con ese criterio yo no estaría inaugurando una biblioteca en un departamento con gestión radical”, enfatizó.
“Uno es el andarivel de la gestión y lo institucional -que sigue en forma normal- y aparte está la campaña electoral, que va por otro andarivel”, aseguró, sin aclarar que estaba con el intendente radical con el que mejor se lleva.
Sin embargo, en julio próximo -cuando desde el mes anterior ya esté definido el nombre del próximo gobernador- el mandatario saliente deberá renegociar el desendeudamiento con una Nación que aún no habrá definido a su próximo presidente. Es que los candidatos nacionales se elegirán recién entre las PASO de agosto y las generales de octubre. Lo que está en juego es el programa que le puede evitar salidas de fondos por 380 millones de pesos anuales a la Provincia, de los cuales 190 millones corresponden a cada semestre.
Ese mismo mes de julio -en el que se debe pagar el medio aguinaldo de los empleados públicos- la Provincia comenzará a abonar el crédito del Banco Nación por 400 millones de pesos que ingresó sobre la hora el 30 de diciembre del año pasado para 'cerrar' los números de 2014. Esta obligación tiene una tasa variable inicial del 26 por ciento anual y programa pagos hasta diciembre de 2019, es decir hasta el final del mandato del próximo gobernador.
Todo se suma a las amortizaciones de vencimientos mensuales de la deuda pública: 40 millones -rotativos de a uno por mes- por los tres Bonos Link emitidos por Pérez, 25 millones de la banca comercial y 20 millones del Credit Suisse de las administraciones de Celso Jaque y Julio Cobos. A ello se agregan los dos vencimientos anuales (marzo y setiembre) del Bono Mendoza 18 (110 millones de pesos), la refinanciación que hizo Cobos del ex bono Aconcagua que dejó Arturo Lafalla.
En tanto en noviembre -un mes antes de entregar-, Pérez deberá cancelar la primera de las tres cuotas de reintegro de capital del último bono emitido por su gestión (250 millones en noviembre de 2014), para dejarle a su sucesor el pago de las dos restantes en febrero y mayo de 2016.
Sucede que el proceso interno de definición de los candidatos provinciales y municipales del oficialismo -en el que se terminaron presentando tres listas encabezadas por el senador nacional, Adolfo Bermejo, el diputado nacional, Guillermo Carmona y el ex ministro de Salud, Matías Roby- se convirtió en el segundo y más grave cortocircuito entre la Presidenta y el Gobernador en los últimos cuatro años.
Ambos incidentes fueron las excepciones de una estrecha relación que evolucionó de más a menos a lo largo de cuatro años, entre la referencia presidencial al 'joven talentoso' que recién se hacía cargo de Mendoza en 2011 y la omisión del saludo presidencial durante la teleconferencia de esta semana al mandatario 'díscolo' que ahora intenta asegurar su futuro político en el Congreso nacional en el tramo final de su mandato.
A mediados de 2014, los roces anteriores entre Cristina y Pérez se produjeron por la distribución de la renta petrolera entre la Provincia y la Nación, durante la discusión de la nueva Ley de Hidrocarburos. Por entonces la Casa Rosada demoró la firma del programa de
Desendeudamiento, aunque la Provincia nunca sufrió recortes de fondos por este tema. Por entonces en la Casa de Gobierno de Mendoza se revelaron 'demoras' en la llegada de los fondos nacionales para la construcción de viviendas, hasta que Pérez aceptó la modificación de la ley petrolera.
Ahora el proceso de PASO del oficialismo dejó enfrentados en Mendoza al peronismo tradicional y al kirchnerismo, en unas elecciones provinciales desdobladas de las nacionales que contrariaron la estrategia de la Casa Rosada.
