En marzo de 1985 el entonces senador provincial Jorge Barbeito (PD) pidió que el gobernador Santiago Llaver fuera a la Legislatura a contestar preguntas sobre un posible acuerdo que se estaba gestando entre el Gobierno y el Grupo Greco.
Los demócratas se oponían a cualquier convenio por temor a que los Greco volvieran a realizar maniobras reñidas con la ley y ocuparan una posición oligopólica nuevamente en el mercado vitivinícola, a pesar de que claramente no se daban las condiciones para que dicha situación sucediera.
El Gobernador Llaver fue a la Legislatura el viernes 29 de marzo, lo acompañaron ministros y demás funcionarios, su esposa y militantes radicales. La sesión fue transmitida por cadena oficial y duró hasta las 1:30 de la madrugada.
Llaver explicó que el gobierno de Mendoza sólo actuaba como mediador entre el Grupo Greco y el Gobierno Nacional. Aclaró que siempre estuvo en contra del accionar de Greco, pero que las leyes emitidas por el gobierno militar para intervenir las empresas habían vulnerado derechos constitucionales.
En la sesión, Llaver también difundía cifras novedosas sobre el Caso Greco y el costo para el Estado: "El Gobierno Nacional gastó desde 1983 hasta la actualidad, un monto actualizado de $4.778.559.417 para atender estas empresas; mientras estamos luchando denodadamente para lograr una coparticipación más justa para Mendoza. Con este dinero estaríamos satisfaciendo la deuda financiera del último ejercicio provincial en casi su totalidad. Este gasto también incluye cifras siderales en el pago de honorarios a síndicos, asesores, interventores y toda la secuencia de funcionarios burocráticos que han estado y están interviniendo en estas funciones".
Este gasto se sumaba a la descapitalización muy importante que habían sufrido las empresas. El Gobernador también destacaba "gran parte de esto deriva de la existencia de un verdadero enjambre de funcionarios: 21 gerentes generales; 19 auditores externos; 144 síndicos e interventores; asesores y colaboradores desde el mes de mayo del '80 a marzo del '85, de los cuales 8 son interventores y 136 asesores. Total de interventores del Anexo 3, es decir las empresas más florecientes, 47. Total de gerentes generales delegados, 42. Total de auditores externos desde el mes de mayo del '80 y marzo del '85, 105. Total: 495 funcionarios de alta jerarquía que insumieron hasta el mes de julio del año pasado la cifra recién mencionada".
Llaver afirmó que los pleitos pueden durar 20, 30 o 50 años y mientras tanto la Nación debía seguir pagando los gastos y explicó que el interés de la provincia surgía con claridad ante la posibilidad de “reactivar todas esas empresas, proporcionando mano de obra, que según informes que no puedo certificar su autenticidad, tenía el grupo alrededor de 15.000 agentes cuando se produce su intervención. Y en este momento tiene alrededor de 5.700”.
A 5 años de la intervención del Grupo Greco, la visita del Gobernador a la Legislatura marca la relevancia que tenía el problema en la economía de Mendoza, y el absoluto descarrilamiento que había tomado el gerenciamiento interventor. Aún existían miles de puestos de trabajo que dependían de las empresas sobrevivientes, en ese contexto ocurrían todo tipo de excesos financiados con fondos públicos que parecían de disponibilidad infinita.
