La oposición venezolana convocó a un paro cívico nacional de 24 horas el próximo jueves como parte de una “ofensiva final” para obligar al presidente Nicolás Maduro a dar marcha atrás en la elección, el 30 de julio, de una Asamblea Constituyente.
Animada por 7,2 millones de votos de un plebiscito simbólico que hizo el domingo contra Maduro, la oposición anunció el inicio de la “hora cero”, estrategia con que espera presionar un desenlace del conflicto tras casi cuatro meses de protestas que dejan 96 muertos.
El paro cívico -paralización de actividades formales e informales- será un “mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana”, dijo el diputado Freddy Guevara en rueda de prensa de la oposición.
“Vamos a enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional” en Venezuela, agregó, al proclamar la votación como un “triunfo extraordinario”.
Como parte del plan, el Parlamento, de mayoría opositora, nombrará el viernes a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que acusa de dar un “golpe de Estado” con fallos que socavaron las facultades del Legislativo.
Además, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) firmará mañana un compromiso para un futuro “gobierno de unión nacional”. “Son medidas necesarias, pero no suficientes para hacerle sentir a Maduro que debe retirar la Constituyente. ¿Qué le puede hacer entender eso? Una declaración institucional de la Fuerza Armada”, dijo el analista Luis Salamanca.
El gobierno de Maduro, para cuyo sostén son claves la Fuerza Armada y el TSJ, desconoce los resultados del plebiscito, señalando que no es vinculante y que fue “ilegal” por no tener aval del poder electoral, acusado también de oficialista.
Disposición al diálogo
Pese al anuncio de la ofensiva, a 13 días de la elección de los asambleístas, la MUD se dijo dispuesta a dialogar si Maduro retira su proyecto, con el que según ella pretende consolidar “una dictadura”.
“Si el gobierno acata la decisión soberana del pueblo, retira su propuesta constituyente, los venezolanos y su dirigencia estamos dispuestos (...) a discutir de manera abierta y transparente, sin manipulaciones ni engaños, de frente al país con propuestas serias”, subrayó.
El domingo, Maduro llamó a los opositores a no volverse “locos” con los resultados del plebiscito y “sentarse a hablar”.
A fines del año pasado y tras fuertes tensiones, el gobierno y la oposición abrieron un diálogo, con el auspicio del Vaticano, pero la negociación duró apenas un mes, pues ambos se acusaron de incumplir pactos acordados.
La consulta opositora contó con apoyo de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de gobiernos de América Latina y Europa.
Estados Unidos expresó satisfacción por la “enorme participación” que tuvo y que consideró un mensaje “inconfundible” en contra de Maduro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, llamó a “asumir” que una mayoría rechaza cambiar la Constitución.
En un pulso con la oposición, el oficialismo movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de la elección de la Constituyente, que el gobierno calificó de “histórico” por su participación.
El canciller Samuel Moncanda y otros funcionarios acusaron a la prensa internacional de no haber dado visibilidad al simulacro, y a la oposición de inflar los resultados tanto en Venezuela como en el exterior. “En Australia, votaron hasta los canguros”, ilustró el dirigente chavista Jorge Rodríguez, lo que calificó de “fraude”.
En rueda de prensa, Rodríguez descalificó todo el proceso de recolección de votos al margen del sistema electoral formal al considerar que hubo votos múltiples, votaron menores de edad, se realizó sin un padrón electoral y minimizó la participación al considerar que no alcanzó ni al millón de votantes.
"Tenemos decenas de videos que muestran que hubo un gigantesco engaño al pueblo venezolano y a la gente que participó en esta consulta de la oposición", aseveró.
Rodríguez comparó la consulta opositora con el simulacro del domingo para la votación del 30 de julio que elegirá a los 545 miembros de la Constituyente, realizada simultáneamente con el plebiscito.
Pero la MUD sostiene que el plebiscito evidenció la voluntad del país de sacar a Maduro del poder por los votos antes de que termine su gestión en enero de 2019.
Mientras en el ensayo del oficialismo para el 30 de julio participaron “millones”, aseguró, en la consulta opositora no se sabrá cuántos asistieron por la falta de controles y del padrón electoral oficial, que consta de unos 19,8 millones de votantes.
Asimismo, dijo estar seguro que la cifra verdadera de participación en el plebiscito es “muchísimo menor” a la anunciada la noche del domingo. “Pero no se sabrá, no se puede saber porque no hubo auditoría, no tenían el padrón y quemaron los cuadernos", dijo al referirse a los libros donde los votantes firmaron y pusieron sus datos.
La oposición dijo que había destruido los cuadernos para evitar que los votantes fueran presionados por haber participado en el acto.
La UE instó a que se suspenda Constituyente
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió ayer al gobierno venezolano que suspenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que amenaza con incrementar las tensiones y la violencia en el convulsionado país.
“La violencia ya se cobró muchas vidas y amenaza con aumentar antes de la Asamblea constituyente”, advirtió Mogherini en una conferencia de prensa en Bruselas luego de una reunión de ministros de Exteriores del bloque. “Una amplia mayoría de la población parece claramente no respaldar la asamblea constituyente”, observó. Su convocatoria “amenaza con polarizar aún más el país y aumentar las confrontaciones”, dijo.
“Por lo tanto pensamos que sería útil que el gobierno busque gestos políticos para hacer caer las tensiones, crear mejores condiciones para reanudar el trabajo hacia una solución negociada” de la crisis, agregó.
Ex presidentes pidieron respetar el plebiscito
La comunidad internacional debe avalar los resultados del plebiscito opositor contra el presidente Maduro, para evitar nuevas muertes, aseguraron ayer expresidentes de países latinoamericanos que actuaron como observadores en la consulta.
“No va a haber más oportunidades y por eso insistimos de manera tan enfática para que la comunidad internacional avale esta consulta, porque si no es esta consulta, van a ser muchos muertos más”, advirtió la expresidenta costarricense Laura Chinchilla.
Junto con Chinchilla fueron observadores los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Vicente Fox (México), quien fue declarado el domingo persona no grata por el gobierno venezolano. El canciller venezolano, Samuel Moncada, calificó a los exmandatarios de “sicarios políticos” y “mercenarios”.
