Otra vez nuestro país se enfrenta a la propuesta de un nuevo blanqueo de capitales, a sabiendas de que este tipo de decisiones siempre son más negativas que positivas porque, de un modo u otro, implican premiar o al menos dejar de castigar a los que no declararon debidamente sus recursos monetarios.
Sin embargo, en determinadas circunstancias es preciso recurrir a estas alternativas, sobre todo cuando venimos de instancias nacionales durante las cuales en nada contribuyeron las políticas económicas para retener los capitales en los circuitos internos.
Es sabido que la falta de cualquier perspectiva de largo plazo, la imprevisibilidad, el ir y venir, fueron, y aún no han dejado de ser, constantes frente a los cuales era difícil para cualquier inversor saber qué hacer. Fue por eso que no sólo no vinieron capitales a la Argentina en los últimos años sino que se profundizó la fuga de los mismos argentinos, y no siempre por especulación sino muchas veces simplemente para conservar, con un mínimo de seguridad, el fruto del esfuerzo propio.
Por lo tanto es necesario abrir las puertas a todo quien desee retornar al país, sobre todo en momentos como los actuales en que las exigencias internacionales para el circular de los capitales son cada día más exigentes frente al auge del lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.
Estamos entonces frente a un excelente momento para que se transparenten a nivel nacional muchos recursos que nunca debieron haberse ido, de hacer nosotros las cosas bien.
Ahora, del mismo modo, todo blanqueo debe contemplar por lo menos dos excepciones fundamentales. La primera, es que ningún dinero sucio o mal habido tenga lugar dentro del mismo. En un país donde no sólo ha penetrado el narcotráfico sino que la corrupción privado-estatal fue motivada, entre otras cuestiones, por la sobrefacturación de la obra pública, es imprescindible que todo quien pueda ser sospechoso de haber intervenido en estas cuestiones castigadas por la ley, sea claramente alejado de cualquier posibilidad de traer el dinero bajo las nuevas condiciones de tolerancia.
Por eso, en el debate por venir, deben escucharse con toda firmeza las voces que proponen excluir a todos los funcionarios y a los concesionarios de obra pública del blanqueo a proponer porque, si no, el hilo entre lo lícito y lo ilícito se hará tan delgado que puede ser indistinguible y entonces todo lo positivo de la decisión de atraer capitales será neutralizado por estos riesgos.
La segunda excepción debe estar relacionada con la temática de los premios y castigos. Ello significa que aún cuando sean convocados los que se fueron, con algunas ventajas excepcionales, ellas no deben ser tantas como para dejarlos en iguales o mejores condiciones que los que cumplieron con sus deberes en tiempo y forma, no sólo dejando el dinero en el país sino cumpliendo con todas sus obligaciones impositivas e incluso poniéndolo a trabajar.
Es por eso también necesario que todo blanqueo incluya un costo determinado para quien traiga los capitales, ni tan grande como para desalentar los regresos ni tan chico como para que los que no declararon su dinero sean equiparados en compensaciones con aquellos que siempre cumplieron con su deber.
Sólo mediante el cumplimiento de estos conceptos generales será válida y éticamente defendible esta decisión que, además, debería no repetirse salvo excepciones muy pero muy justificables.
