Hace diez años el pueblo de Mendoza votó una enmienda constitucional por la cual se limitaba la reelección de los intendentes a un solo período más. Casi la totalidad (más del 80%) de los votantes avaló tal interesante iniciativa, pero la misma nunca se aplicó con la excusa de que el total de sufragios a favor no llegaba a la mitad más uno de los empadronados y por ende no alcanzaba para modificar la Constitución.
Eso sería así siempre y cuando alguien se expresara en contra de la enmienda y le pidiera a la Suprema Corte de Justicia que no la aplicara. En este caso es muy difícil que alguien se anime a ello, porque el tema de la reelección limitada de los intendentes es una propuesta donde todos los que tienen algo que perder con ello dicen que sí (porque no es políticamente correcto decir que no) aunque luego por debajo efectúan todas las operaciones habidas y por haber para que la enmienda no se lleve a cabo.
Incluso, si a cualquier gobierno provincial le hubiera interesado, la habría aplicado y luego hubiera esperado la respuesta de la Corte. “Preventivamente” ni siquiera se intentó ponerla en práctica, simplemente porque a la clase política en general (salvo honrosas y distinguidas excepciones) la cuestión no le interesa demasiado, por no decir poco y nada.
Durante los últimos dos gobiernos peronistas fueron los radicales los que pedían por la aplicación de la enmienda y ahora con gobiernos radicales son sus opositores internos o externos los que claman por ella. Aunque también existe el valioso proyecto de una diputada radical que propone que se limite la reelección con el solo trámite de cambiar un artículo de la ley orgánica de municipalidades. Habrá que ver si sus correligionarios tienen tantas ganas como la razonable legisladora para debatir su idea.
Los intendentes afectados por la norma no dicen que no, pero tampoco que sí. Algunos opinan, con afán revanchista, que si les limitan el derecho a ellos, que también se haga con los legisladores. Como sugiriendo: “Estos tipos me quieren aplicar una ley restrictiva pero los caraduras no se la quieren aplicar ellos”.
Otros opinan que el pueblo es sabio y si los eligió a ellos de manera indefinida por algo será. Si se les exige alguna definición más concreta dicen que están ocupados en temas más urgentes que el de esa “pavada” de la reelección.
En síntesis, durante toda esta década ha existido una enorme conspiración del silencio por la cual los políticos amablemente dicen que les suena razonable limitar la reelección de los intendentes, pero después no hacen nada para lograrlo, o quizá hacen de todo para no lograrlo.
La no reelección del vicegobernador y vice (que incluye la cláusula de no poder reelegirse indirectamente a través de sus parientes directos) ha contribuido enormemente para que Mendoza sea tierra libre de caudillos, de patrones de estancia, de familias feudales que se apropian como si fueran dueños privados de sus distritos.
Sin embargo, eso que funciona tan bien a nivel provincial, al no existir a nivel municipal ha hecho, y sigue haciendo, que de a poco en las intendencias se vayan consolidando intendentes casi eternos o familias del poder. Es cierto que, en general, el comportamiento de los reelegidos no es arbitrario como en otras provincias, porque acá las instituciones siguen siendo priorizadas por encima de los personas y entonces muchos intendentes, aun siendo parientes de otros anteriores, suelen ser eficientes.
Pero la tendencia a personalizar o “familiarizar” las conducciones municipales es negativa a largo plazo. Por eso sería muy positivo limitar las reelecciones de los intendentes, a través de ellos mismos o de interpósitos parientes.
Que esto se haga vía una enmienda ya aprobada o vía una ley a aprobar, no choca contra la Constitución, choca contra la falta de voluntad política. Los gobernadores anteriores carecieron de esa voluntad. A Alfredo Cornejo le queda poco más de un año para demostrar que la tiene. Ojalá, entonces, que la tenga.
