El juez Ariel Lijo rechazó este lunes planteos de nulidad presentados por la defensa del Correo Argentino, por lo que mantendrá abierta la causa en la que se investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación con el Estado nacional. En dos resoluciones el magistrado apoyó el planteo del fiscal Gerardo Pollicita y no hizo lugar a los argumentos de los abogados intervinientes.
Se trata de la defensa del presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa y de Jaime Kleidermacher, asesor letrado del Correo Argentino, ambos imputados por los presuntos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. El juez Lijo señaló que no corresponde hacer lugar a los planteos de nulidad y que se dará "continuidad al proceso penal para poder adoptar una decisión de las cuestiones" investigadas.
En este expediente, la Justicia investiga la deuda de la empresa y la responsabilidad de los funcionarios en la negociación de la firma del Correo con el Estado. Cuando inició la investigación se pidió avanzar sobre el cambio de estrategia de defensa estatal en el marco del trámite del Concurso Preventivo.
En diciembre el fiscal Gerardo Pollicita, pidió las indagatorias al determinar que el Estado Nacional "aceptó una propuesta de pago por parte del Correo Argentino SA que en términos objetivos beneficiaba a la empresa en perjuicio del patrimonio público".
Además, se sostuvo que "los representantes del Estado pasaron de una posición ajustada a derecho y protectora de los intereses pecuniarios que le fueron confinados a una actitud contraria que beneficiaba a la empresa involucrada y perjudicaba los intereses estatales". Por ello fueron indagados Oscar Aguad y el entonces director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa.
Hay que recordar que cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios. Pero el Correo no pagó el canon y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los $ 296 millones y entró en concurso de acreedores.
En aquel año Correo, compañía administrada por el Grupo Macri, dejó de pagarle un canon al Estado nacional y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda se inició una causa judicial por el saldo original de $ 296 millones, pero el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago.
Desde entonces, los ex dueños del Correo incrementaron su participación en la empresa controlante y presentaron una serie de reclamos contra el Estado por $ 1.700 millones, para compensar las inversiones realizadas; mientras que el Estado reclamaba los $ 296 millones, con un porcentaje de interés que actualizara la deuda original.
El acuerdo establecía que el Grupo Macri debía pagar $ 300 millones en 15 años, con una tasa de interés del 7%. Pero a fin de 2017 la fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional".
