Habla de una suerte de revolución y de un cambio de paradigma en la Justicia. De tratar de cambiar la manera en la que la gente opina sobre el Poder Judicial, sobre todo en los tiempos y en la eficiencia. De acompañar un proceso de austeridad y de adaptarse a los nuevos tiempos, con sentencias más ágiles y rápidas.
Jorge Nanclares recibió a Los Andes en su despacho, en plena feria judicial. El presidente de la Suprema Corte sostiene que este paréntesis utilizado en varias provincias -y cuestionado por el Poder Ejecutivo- es un momento en el que los jueces pueden pensar de manera más tranquila sobre su trabajo y los fallos que tienen por delante, comparados con el resto del año, visiblemente más agitados.
El ministro dio detalles del convenio que firmó la Suprema Corte y el Ministerio Público de la Defensa, para que la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), realice controles de las licencias que se toman los empleados y magistrados, que llegan a una cifra cercana a las 4.000 personas.
Si bien expresó que se trata de avanzar en una política de medicina preventiva, lo cierto es que Nanclares está preocupado por un posible abuso de licencias, como ha ocurrido en otros organismos del Estado. Si bien los números no han sido oficializados, estiman que al menos el 20 por ciento de los trabajadores ha pedido licencias en el primer semestre, y muchos con licencias psiquiátricas.
“OSEP va a prestar la asistencia profesional para que los médicos visiten a los empleados, pero también constituirá juntas médicas para verificar si las enfermedades prolongadas están debidamente justificadas”, señaló.
El punto sobre el que hizo referencia Nanclares es que "a algunos funcionarios de tareas administrativas que le adjudicamos otras funciones, sospechosamente recibimos -de los trasladados- un incremento de pedidos de licencia por razones psiquiátricas. Todo esto da la impresión de que puede estar ocurriendo, como ha ocurrido en otro sector, un uso abusivo". Y quiso dejar en claro que "no se trata de un control autoritario de la asistencia del personal sino de una preocupación para disminuir el ausentismo".
Medido en sus declaraciones, trata de no meterse en temas políticos, sobre todo con la polémica intención del gobernador Alfredo Cornejo de aumentar los jueces de la Corte de 7 a 9, ya que “evidentemente es un tema que genera dudas y sospechas” en la oposición. Pero aun así, dice que “con 3, 7 ó 9 miembros, la Corte funciona igual y se siguen dictando audiencias”.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que con dos nuevos miembros mejorará el trabajo de la Corte; pero algunos están en contra de esta medida, como la ex ministra del alto tribunal, Aída Kemelmajer de Carlucci. Estos problemas se solucionan con el "ejército de relatores" que hay en Tribunales, aseguran.
Según Nanclares, el personal de relatores está "bien capacitado y es idóneo para su trabajo", y destacó que será la Legislatura la que decida si hacen falta o no más magistrados.
Revolución judicial
Sobre las reformas judiciales que ha hecho el Gobierno provincial, el ministro aseguró de manera tajante que “es la primera vez que se han atacado los problemas que provocaban el alargamiento de los procesos”.
De hecho, indicó que gracias a la oralidad y la simplificación de audiencias, tanto en causas penales como civiles, se ha reducido "notablemente" la duración de la misma.
Los números son llamativos. "Con los procedimientos escritos y la multiplicidad de audiencias, el proceso de una causa duraba entre 4 y 5 años, pero ahora el mismo se reduce entre un 50 y un 75 por ciento", indicó.
Es decir, un proceso en todas sus instancias puede tener una duración estimada de 2 años y medio; mientras que un juicio en primera instancia "se puede dar en un plazo de entre 4 y 6 meses".
“Vamos a una agilización muy importante en la Justicia. Me animo a decir que es la reforma más importante, que supera a la de la redacción de los códigos procesales civil, laboral y penal, en la década del 50”, expresó.
Ajuste y austeridad
La reducción de los plazos con los procesos orales, más la aparición de los expedientes electrónicos y las audiencias grabadas con cámaras, permitirán, tal como afirma Nanclares, a “mejorar la eficiencia” del trabajo del personal del Poder Judicial.
“Como no vamos a tener que escribir audiencias, sobrarán escribientes, y tampoco tendremos que certificar por las grabaciones, por lo que los secretarios realizarán otras tareas. Eso nos permitirá reducir el personal”, aseguró el presidente de la Corte.
En este sentido, comentó que eso ayudará a cumplir con las pautas políticas previstas por Cornejo en la ejecución del Presupuesto, "con las dificultades económicas que vive la provincia".
La feria judicial
Esta semana, el ministro de Gobierno y ministro de la Corte electo, Dalmiro Garay, sostuvo que la feria judicial podría estar sujeta a análisis para mejorar el trabajo del Poder Judicial, ya sea con su eliminación o con adelantarla, sobre todo la que se realiza en verano, para que coincida con los últimos días de diciembre, época de festejos.
Al respecto, Nanclares dudó de la posibilidad de los beneficios y aunque dijo que no tiene una opinión al respecto, sostuvo que las licencias del verano y el invierno "no sólo benefician a los trabajadores judiciales sino también a abogados que utilizan el servicio de justicia".
Además, agregó que “hay que escuchar a todas las partes, pero que acompañar a los hijos en las vacaciones siempre ha sido una manera de fortalecer el vínculo familiar.
La licencia de enero podría empezar el 20 de diciembre y que termine el 15 de enero, por lo que recuperaremos 15 días. Con la de julio también se puede pensar otra solución alternativa o eliminarla, pero generará un costo social de los empleados y abogados", sentenció.
Cambio de paradigma
El presidente de la Corte destacó que todas estas reformas en el sistema judicial, intentarán “cambiar la imagen de un poder judicial que llega con las soluciones tardes y a veces equivocadas”.
A su vez, aseguró que se está trabajando para que los procesos duren un tiempo razonable, y que quien reclame un derecho “obtenga la respuesta en tiempo y forma, porque cuando llega tarde todos nos quedamos disconformes, los jueces y las partes”.
“Es necesario que la gente tenga la sensación de que los conflictos se resuelven rápidamente. En general el problema de la Justicia es que es lenta y burocrática, pero estamos en camino a un sistema procesal acusatorio y no inquisitivo”, finalizó.
“Los juicios por jurado no logran solucionar problemas”
El Gobierno prepara el desembarco de los juicios por jurado, un método utilizado en algunas provincias y que se estima que a mediados del año que viene podría comenzar en Mendoza.
La iniciativa aún está en la Legislatura, pero tiene media sanción y hay un amplio acuerdo político para transformarlo en ley luego del receso de invierno en la Cámara de Diputados.
Sobre esta medida, Nanclares se mostró reacio a la aplicación de los juicios por jurado, aunque manifestó que respetará la decisión que tome la Legislatura.
“La instalación del juicio por jurado no soluciona los problemas de la justicia penal, sino que se resuelve gestionando de otra manera, como estamos haciendo ahora”, manifestó.
Además afirmó que generará gastos que no están contemplados en un contexto de austeridad como el que prevé el Gobernador, como la provisión de alojamientos para el jurado, su retribución económica y también los recursos que deberán destinarse para la administración que realizará la convocatoria de los ciudadanos.
“Si el objetivo es fomentar la participación de los ciudadanos en la justicia, es positivo; pero si se instala como medio de alejarse de la profesionalidad de los jueces y ponerlos en duda, no estoy de acuerdo”, acotó.
