Lo ocurrido en Mendoza con los libros de alto voltaje erótico y de violencia enviados desde el Ministerio de Educación de la Nación, había pasado a segundo plano luego del retiro de los mismos por parte de las autoridades locales y por el cúmulo de informaciones que se sucedieron después, especialmente con las elecciones PASO.
Pero la insistencia del Ministerio nacional de seguir enviando esos libros polémicos a otras provincias, en este caso a una del Norte del país, reavivó la polémica.
Se trata de ejemplares que cuentan con elevados contenidos de violencia y de sexo explícitos, que generaron la reacción adversa no sólo de parte de las autoridades de las escuelas que los recibieron sino de toda la comunidad y de los especialistas en el tema, a pesar de la defensa inapropiada, especialmente en los términos utilizados, por parte de la editorial encargada de la edición.
El gran interrogante en esta situación preocupante -porque están involucrando a niños y adolescentes- es saber qué es lo que se buscó con ese tipo de publicación. Al decir de quienes defendieron la distribución, el objetivo fue el de favorecer la interpretación de textos a través de la historieta, agregando que sólo se utilizaron situaciones que son vividas a diario por los chicos de la actualidad.
Hubiera sido mucho más provechoso si en lugar de utilizar el sexo y la violencia se hubieran utilizado historias referidas a la defensa del ambiente, por señalar sólo uno de los tantos temas que pudieron abordarse.
Una de las editoriales favorecidas en la edición de los libros es Colihue, el sello editor de Aurelio Narvaja, miembro activo de Carta Abierta, la agrupación que congrega a los intelectuales ultrakirchneristas.
Resulta difícil poner en tela de juicio la capacidad intelectual de los integrantes de Carta Abierta, pero lo que sí es absolutamente reprochable es que, aprovechándose de esa situación, intenten ideologizar a la juventud a través de la escuela o denostar y rechazar abiertamente a quienes no comulgan con el pensamiento del kirchnerismo, olvidando premeditadamente que el disenso y la discusión de las ideas es uno de los pilares de la democracia.
Otro aspecto que sería viable considerar es si detrás de esta situación no se esconde un importante negocio. A modo de ejemplo puede señalarse que en años electorales, las compras del Ministerio de Educación se incrementaron exponencialmente. En 2007 el Estado gastó 57 millones de pesos en libros, pero en 2008, sin elecciones, la cifra se redujo a 32 millones.
En 2009, ascendió a 94,5 millones y en 2010 volvieron a caer. Se incrementó a 132 millones en 2011 (año electoral), bajó a 80 millones el año pasado y este año la compra de libros por parte del Ministerio, para las escuelas públicas, subió a 316 millones de pesos. Una parte importante de esa cifra, 18 millones de pesos, fue destinada a la editorial Colihue, de Carta Abierta.
La editorial cuestionada, a modo de respuesta, habló de “censores de la libertad de expresión”, de “retrógrados”, de “lupa prejuiciosa, inculta y cursi” y hasta se animó a asegurar que tanta reacción negativa se trató de una cuestión preelectoral.
En lugar de esa terminología descalificadora y agresiva, hubiera sido más provechoso si hubieran considerado que quien retiró los libros e hizo la denuncia fue un bibliotecario con un sano sentido común y sin ambiciones políticas.
O que entre quienes criticaron, no a los libros sino su envío a escuelas secundarias, se encuentran figuran profesionales respetadas a nivel nacional e internacional, como el profesor Alejandro Castro Santander quien manifestó que “no seamos descuidados e irresponsables al momento de seleccionar lo que (los niños) deben asimilar. Ellos tienen derecho a lo mejor y así serán mejores que nosotros”.
