Libre acceso a la información pública

Libre acceso a la información pública

Esconder información, no darla a conocer o manipularla es, lisa y llanamente, mentir. Valga como un ejemplo -de tantos- el manejo que el gobierno anterior ejerció con el Indec. Ahora, con el cambio iniciado el 10 de diciembre de 2015, los ciudadanos tendrán la posibilidad de acceder a la información pública y, para ello, habrá una ley que lo garantice. Si bien aún resta que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación obtenga la sanción definitiva del Senado, ya cuenta con dictamen de comisión y está en condiciones de ser tratado.

Con tal avance en el camino legislativo, deseo expresarme acerca de la importancia colectiva de que esta normativa exista y rija en el ámbito nacional. Y, también, de que las provincias establezcan, en un futuro cercano, normas de la misma naturaleza.

En primer lugar considero que, a partir de conseguir esta aprobación, que cabe recordar ya tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, los gobiernos no podrán nunca más manipular un bien tan preciado como es la información estatal. Concretamente, los funcionarios no podrán ocultar a los ciudadanos ningún acto de la gestión del gobierno -como sí ha sucedido- ni mentirle a quienes, con su voto, depositaron confianza para que los representen transparente, eficaz y eficientemente. Aunque por naturaleza debería ser siempre así, lamentablemente no lo es. En la Argentina hay muchos ejemplos para citar. Sin embargo, no es la intención detenernos en ese análisis sino mirar hacia adelante con las herramientas y los recursos que hoy tenemos y podemos aprovechar en pos del bienestar social colectivo.

Esta ley es una forma directa de decir basta a la negligencia y a la irresponsabilidad con la que nuestro pueblo ha sido tratado en reiteradas oportunidades, porque implica gobernar a futuro y pensar en una dirigencia política responsable y leal con la gente. También es un paso claro en asegurar que la democracia esté plenamente en manos del pueblo, ya que ésta no sólo es el ejercicio del deber cívico del voto sino el poder de control de los gobernantes por parte del pueblo.

Es así que tenemos, como legisladores, la obligación de justamente garantizar a todos y a cada uno de los argentinos no sólo el libre acceso a la información sino el pleno cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y de los tratados internacionales que hemos firmado.

En ese camino estamos.

Esta ley, que contempla la posibilidad de que cualquier persona que lo desee pueda acceder en forma gratuita a información de interés público que considere necesaria por alguna situación determinada, brindará a los ciudadanos una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción. Serán ellos quienes tengan el verdadero control de las políticas que ejerzan los funcionarios.

Celebro que la ley de acceso a la información pública determine que ninguna autoridad pueda negarse a divulgar documentación solicitada por la ciudadanía. En ese sentido la normativa, que todo parece indicar será prontamente aprobada en el Senado de la Nación, establece que quien en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante, lo suministre en forma incompleta o lo obstaculice de algún modo, será penado por su grave falta. Así, se reconocerá por parte del Estado y de manera genuina, el derecho que toda persona tiene de poder acceder a la información pública.

Para cerrar, me parece pertinente citar a la filósofa Victoria Camps: “No es, en conclusión, por la vía de un patriotismo estrecho y cicatero como puede construirse la identidad ciudadana, sino por la reflexión acerca de los obstáculos que se dan en nuestra sociedad para fomentar hábitos de participación y de compromiso con los problemas más graves de nuestro tiempo”.

Tenemos la firme convicción de seguir avanzando, porque es un trabajo diario y consciente hacia un Estado transparente y democrático. La recuperación y el fortalecimiento de las instituciones es uno de nuestros ejes centrales en la actual gestión de gobierno. Francamente, creo que estamos ante una ley transformadora que, como representantes de los intereses ciudadanos, debemos lograr.

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