El hombre de prensa está acusado de “sedición” y de “incitar a la violencia colectiva contra las instituciones”, delito que contempla penas de entre 6 y 10 años de cárcel. Cabría consignar también que se trata de la primera vez que se pide la aplicación de la ley antiterrorista, desde su sanción, en diciembre de 2011.
Juan Pablo Suárez, periodista y editor de un diario digital, grabó la violenta detención de un efectivo policial que reclamaba por sus salarios. Sufrió primero el allanamiento de la redacción del medio y posteriormente su detención; se lo mantuvo durante más de una semana en una celda con nulas condiciones de salubridad, junto a otras cinco personas.
El problema se agrava si se tiene en cuenta que no sólo se lo denuncia de sedición sino que se pide la aplicación del artículo 212 del Código Penal, que señala que será reprimido con prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra un grupo de personas o instituciones, por la sola incitación, al que le agrega el artículo 41 que señala que cuando alguno de los delitos previstos hubiese sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Al fundamentar los motivos por los cuales pide la aplicación de la ley antiterrorista, el fiscal señaló entre otros conceptos que Suárez había publicado una serie de informaciones que no se correspondían con hechos reales y que había títulos como “tensa calma” o “intentos de saqueos”, a la vez que había hecho circular panfletos con “falsedades sobre supuestos planteos policiales”.
La realidad marca que la terminología utilizada por el periodista de ninguna manera merece la calificación aplicada por el fiscal y resulta absolutamente insólito que se pida una sanción tan drástica.
Frente a un acto de absoluta arbitrariedad y autoritarismo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas reaccionó en forma inmediata y salió en defensa del hombre de prensa, advirtiendo que la actitud del fiscal constituye un precedente sumamente grave para el futuro desenvolvimiento de la prensa libre en la Argentina y advirtió sobre la aplicación arbitraria del Código Penal.
Para la entidad, atribuir al periodista un comportamiento delictivo tipificado en la ley de antiterrorismo es sólo concebible en sistemas políticos totalitarios y agrega que en estos casos, los gobernantes, incluyendo a los jueces y fiscales, participan de su intolerancia, socavando las bases de la libertad de expresión democrática y afirma que la esencia de una democracia constitucional reside en tolerar todas las ideas y opiniones.
“En democracia, sólo es concebible el debate y la persuasión, nunca la coerción legal o la violencia”, dice, ratificando así lo expuesto en oportunidades anteriores ante la sanción o la aplicación de normas legales que lesionan seriamente la libertad de expresión.
Al proceder a la inauguración del nuevo edificio del Ministerio de Justicia, la Presidenta de la Nación cuestionó el accionar de los jueces, indicando que “ojalá en la década de los ’90 hubiéramos tenido jueces y fiscales como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para hacer denuncias”.
Quizá en el calor del discurso olvidó lo sucedido con el periodista de Santiago del Estero, los fallos emitidos por el juez Oyarbide, las decisiones de la Justicia sobre las viviendas Sueños Compartidos, las trabas que el Gobierno impone a las investigaciones por el caso Ciccone, el acuerdo YPF-Chevron o la incentivación del juicio contra el fiscal José María Campagnoli, separado del cargo por investigar hechos de corrupción de empresarios cercanos a la Casa Rosada.
