La libertad económica y nosotros

El Índice de Libertad Económica (ILE) consiste en una medición empírica y sistemática que se realiza tomando en cuenta diez categorías de factores, agrupadas en cuatro grandes ítems. Todos los indicadores se puntúan de 0 a 100.

El primero de ellos es el estado de derecho, que incluye el respeto por los derechos de propiedad y la extensión de la corrupción. El segundo grupo se refiere a los límites del gobierno en la economía y evalúa el tamaño del Estado y la libertad fiscal. El tercero trata la eficiencia de las regulaciones y considera la libertad de negocios, laboral y monetaria. El cuarto analiza la apertura de los mercados e incluye la libertad de comercio, de inversiones y financiera.

El trabajo clasifica la economía de cada país conforme a un puntaje de 0 a 100 en cinco grupos: libre; mayormente libre; moderadamente libre; mayormente controlada y reprimida u oprimida. En esta última categoría se ubican los países que no alcanzan 50 puntos. Con 46,7 la Argentina se encuentra en compañía de Haití, Bolivia, Uzbekistán y el Congo.

Es interesante recordar que en 1995  teníamos 68 puntos y se alcanzó el máximo de 75 al año siguiente, que mantuvimos hasta 2000. A partir de entonces fuimos descendiendo de una economía libre a otra moderadamente libre, luego mayormente controlada para ingresar, finalmente, a las economías reprimidas.

Dado las ideas que inspiran las políticas del actual oficialismo nacional, no se puede esperar otra cosa que permanecer en ese grupo y, probablemente, bajar aún más el puntaje.
El Informe de la Fundación Heritage sostiene que a nivel mundial el avance de la libertad económica se ha estancado; el promedio para el total de países evaluados alcanzó en 2008 el máximo de 60,2 puntos, siendo el actual de 59,6, prácticamente igual al del año anterior.

Cabe preguntarse por qué es importante el ILE, y la respuesta es muy sencilla: porque existe una perfecta correlación entre libertad económica, desarrollo económico y bienestar económico. Este trabajo, y otros similares que se realizan en el mundo, muestra en forma irrefutable que a medida que se afianza el estado de derecho, el gobierno limita su injerencia en las actividades económica, se mejora la calidad regulatoria y los mercados son más abiertos, todo lo cual facilita el desarrollo integral.

No es casual, por ejemplo, que sea la libertad de inversión, la capacidad de atraer inversiones extranjeras directas, el indicador que más avance registró en 2012. Todos los países que quieren crecer se empeñan en diseñar políticas atractivas para los inversores. Es innecesario decir que nosotros vamos en la dirección contraria, que no sólo no atraemos esas inversiones, sino que estamos logrando que muchas se vayan del país. Lo mismo ocurre con la apertura de la economía: los países continúan reconociendo claramente los beneficios de integrarse a los mercados globales de la manera más completa posible, dice el informe.

Basta recorrer la lista para advertir que entre los países libres y mayormente libres se encuentran los más prósperos y de mayor ingreso por habitante. Pero además es también evidente que no son sólo las libertades económicas las que se tienden a desaparecer con los regímenes estatistas y populistas. Paulatinamente se van declinando o cercenando las otras libertades. Basta citar lo que ocurre con la prensa independiente, con la avasallante propaganda oficial, con el sometimiento y el silencio comprados con los recursos públicos.