La posible derivación masiva de detenidos de las cárceles a prisión domiciliaria, por la panemia del coronavirus, se transformó en una pelea política con derivaciones en Mendoza. Fue el PJ provincial el que pegó primero ayer con un comunicado en el que expresó su "preocupación por la situación de las cárceles provinciales" y denunció que no se están realizando las medidas para contener al virus. La respuesta de la UCR no se hizo esperar y, también con un comunicado, acusó al peronismo de mentir y de procurar prisiones domiciliarias y excarcelaciones masivas.
Esto tras el fallo del viernes de una Cámara Federal que ordenó a los jueces del fuero a acelerar las domiciliarias y a la par de los motines carcelarios que ocurrieron los últimos días, sobre todo en Buenos Aires (ver aparte).
Volviendo a Mendoza, según resaltó el principal partido opositor, el hábeas corpus presentado por internos para recibir el beneficio de la domiciliaria "no ha sido garantizado por parte del Servicio Penitenciario". Y aprovechó para apuntar contra "la represión desatada en el penal de mujeres y el agravamiento de las condiciones de vida y la falta de insumos y elementos de seguridad sanitarias imprescindibles en los otros centros penitenciarios mendocinos".
Desde el radicalismo acusaron al PJ de "faltar a la verdad", hacer política con estos "temas delicados".
"Estas manifestaciones demuestran una clara intención política, que pretende irresponsablemente utilizar la pandemia y la situación de los centros de detención para otorgar masivas prisiones domiciliarias y excarcelaciones, sobre la base de manifestaciones falaces y carentes de sustento", expresa el comunicado.
De esta manera, indica que el Gobierno desde el 16 de marzo puso en funciones un protocolo preventivo sanitario "que ha minimizando el riesgo" y ha derivado en que no se hayan registrado contagios hasta la fecha en las cárceles.
Remarcar también que se instalaron "90 camas en Almafuerte II", para que realicen cuarentena las personas detenidas; así como otras 90 previendo también etapa de aislamiento para el personal penitenciario.
La Justicia, en el medio
Mientras tanto, desde la Justicia provincial destacaron que se está trabajando para agilizar la resolución de los pedidos de prisiones domiciliarias para internos en riesgo y recordaron el documento firmado entre la Suprema Corte, el ministerio Público de la Defensa y el ministerio Público Fiscal en este sentido.
Por el lado de la Justicia Federal, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi, aseguró que la cárcel federal de Cacheuta "no tiene sobrepoblación, es la más moderna del país y las condiciones edilicias son mejores que en el resto".
Si bien reconoció que todavía falta mejorar salud, educación y trabajo, insistió en que no hay hacinamiento y que se han realizado protocolos sanitarios por la pandemia tanto en las cárceles como también en el propio sistema de la Justicia Federal.
Hasta la semana pasada, de una población en riesgo de casi 400 internos en las cárceles provinciales, se habían otorgado 35 prisiones domiciliarias. En tanto, en las Federales no brindaron esa información, pero destacaron que menos del 10% de los internos en grupos de riesgo habían accedido a la domiciliaria.
Los organismos de Derechos Humanos
Los Andes consultó a dos organismos de Derechos Humanos de la provincia para conocer su diagnóstico sobre la situación carcelaria.
En uno, Xumek, no respondieron; desde el otro, Cladh, habló la abogada Karen Daffra, para quien "es grave la situación de los internos de Mendoza que se cosieron la boca para exigir más celeridad en los procesos de prisiones domiciliarias". Y reconoció que el problema en parte es previo, "por la violación de la garantía a ser juzgados en plazos razonables, lo que hace que haya superpoblación y hacinamiento".
La letrada indicó que "es necesario proteger el derecho a la vida y seguridad de los internos". Y añadió que se debe priorizar a los que están dentro del grupo de riesgo por Covid 19, que son los mayores de 60 años, con enfermedades de base, y también mujeres embarazadas. No obstante, también resaltó que "la solución no es que estén todos en la calle, hay que analizar cada situación de cada interno de manera particular".
