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hace 32 minutos
El presiente Alberto Fernández anunció hoy que enviará al Congreso próximamente dos nuevos proyectos de ley: una para impulsar la industria hidrocarburífera y minera, y otra para modificar la norma ya vigente de la economía del conocimiento.
En lo que conceptualizó como un “conjunto de acciones colectivas” para lo que se necesitará apoyo y participación de la oposición, el jefe de Estado confirmó el envío de las dos iniciativas legislativas.
"Iniciamos una renovada batalla por el gas y el petróleo", dijo el jefe de Estado y señaló que con estos sectores se podrá impulsar la demanda de mano de obra calificada, lo que se convertirá en un incremento del empleo registrado.
Por ello, precisó, enviará un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero. “En materia minera tenemos grandes posibilidades pendientes, con pleno respecto a los estándares ambientales y responsabilidad social”, dijo.
En paralelo, desarrollará el fortalecimiento de las políticas de parques industriales, con planes estratégicos que integrarán académicos y empresarios. "Estamos enviando una modificación de la ley de la economía del conocimiento", afirmó.
Esa nueva ley incorpora una perspectiva de género y federal, para el desarrollo del sistema productivo, según Fernández. Por ello, consideró que "más apoyos serán necesarios si como país queremos salir de esta crisis de deuda impagable".
El presidente aclaró que “más ajuste lleva a más recesión, a más pobreza, a más desigualdad y a más exclusión. Siempre lo dije, no vamos a pagar la deuda a costa de los argentinos y las argentinas”.
Proyecto de ley del consejo económico y social para el desarrollo argentino
Fernández adelantó que se tratará en el Congreso el proyecto de ley del consejo económico y social para el desarrollo argentino.
El mandatario dijo que se trata de una "plataforma de sueños que puedan hacerse realidad" y adelantó: "Estará integrado por autoridades propuestas por el Poder Ejecutivo nacional y cuyos mandatos trascenderán la duración de un período de gobierno".
Fernández sostuvo también durante ese tramo de su discurso que el objetivo es que "sea el motor de políticas de la sociedad".
Asimismo, el presidente dijo que esa iniciativa buscará acuerdos de largo plazo: “En mi gobierno, la concertación no es una acción burocrática sino una convicción de vida. La agenda de un nuevo contrato 2020-2021”.
Reforma judicial
El Presidente también impulsará un proyecto de ley para la reforma de la Justicia Federal, con el objetivo de terminar con el “oligopolio” de Comodoro Py, en el que solo doce jueces federales investigan los casos de corrupción en el Estado nacional.
“Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré. Vamos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, dijo Fernández antes de ser ovacionado por gran parte del Congreso.
Lo observaban con atención el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y la jueza Elena Highton de Nolasco. Brillaban por su ausencia el expresidente del máximo tribunal de justicia del país, Ricardo Lorenzetti (acusó un cuadro de fiebre alta, tras regresar a Buenos Aires desde Hawai) y los ministros Horacio Rosatti y el cordobés Juan Carlos Maqueda.
A su lado estaba también la vicepresidenta y ex jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, quien afrontar numerosos juicios por casos de presunta corrupción durante sus dos mandatos, entre 2007 y 2015.
El Presidente dijo que se propone impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho.
Con ese propósito, Fernández afirmó que propiciará la creación de un nuevo Fuero Federal Penal que unificará fueros penales que hoy tienen jurisdicción en ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se transferirá parte de esa jurisdicción a la Capital Federal, que así logrará su plena autonomía.
“De este modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de juzgados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos, la concentración de procesos que el oligopolio e los jueces federales ha permitido”, sostuvo.
