¿Ley de Medios al servicio de todos o sólo al servicio del poder?

En una situación política normal, un Estado republicano y democrático establecería una legislación de medios para impedir monopolios y voces únicas, de modo que pudieran expresarse todos los sectores de la sociedad. Para lograr ese objetivo, el Estado debería actuar como árbitro entre intereses contrapuestos.

Sin embargo en la Argentina se ha procedido bajo la excusa de esos mismos objetivos pero para lograr lo contrario. En nombre de una lucha contra monopolios privados inexistentes (porque en nuestro país la competencia entre medios es mucha y muy amplia, aunque nada obsta para que pudiera incrementarse más aún) el gobierno nacional ha construido en cuatro años el más grande y poderoso multimedio gubernamental y paragubernamental jamás visto en el país por lo que si se habla -imperfectamente- de la palabra "monopolio", hoy es al Estado al que cabe esa calificación.

En lo que se refiere específicamente a la Ley de Medios, la mayor parte de su normativa, que no estuvo en discusión, podría haberse aplicado desde hace cuatro años y si se lo hizo tan parcialmente es porque al gobierno poco le interesa mejorar en serio la comunicación social. Otra parte, la conforman las normas impugnadas judicialmente.

Cuatro artículos que en vez de ser objetivos y universales como debe ser toda ley fueron diseñados para emprender una acción punitoria y vengativa, para intentar acabar con el grupo Clarín al cual este gobierno ha considerado el enemigo que se debe eliminar para que se acabe la información y opinión independientes en el país.
 
Las que, por supuesto, no son atributos únicos del grupo en cuestión sino que también las practican otros medios. Pero justo por eso se quiere desguazar al más grande de los proyectos periodísticos no cooptados: para que sirva de "ejemplo" y atemorice al resto. Lo que se pretende es limitar a su mínima expresión la prensa libre argentina.

Es evidente que el Estado no actúa como árbitro o conciliador de intereses particulares en nombre del bien común sino que -más allá de las mayores o menores valías de la Ley de Medios- lo que el gobierno pretende al poner en práctica lo que la Corte nacional ha validado en términos genéricos es saltearse todo el espíritu con el que los jueces autorizaron la ley entera, para hacer lo que siempre se propuso: librar hasta las últimas instancias la guerra autodeclarada contra un grupo de medios, cosa que no sólo intenta con esta ley sino también con el intento de estatizar Papel Prensa o intervenir el directorio del grupo Clarín, entre otras medidas de neto corte autoritario y/o confiscador.

En síntesis, más allá de lo que diga formalmente la ley, ella fue escrita desde el primer momento con nombre y apellido y así se piensa aplicarla de tener el poder suficiente para ello. Es que el Estado, tergiversando absolutamente su papel institucional, está dispuesto a librar su último gran combate para eliminar la prensa crítica y, por ende, la libertad de expresión en la Argentina. Esta tarea no le será nada fácil porque nuestra nación, pese a la voluntad en contrario de algunos, aún sigue siendo una democracia y una república.