En varias publicaciones, en particular en la del diario Los Andes del 2 de enero de 2011, la AGM explicó que la Ley Nacional de Glaciares N° 26.639 no se sancionó con la intención de proteger recursos hídricos sino como una herramienta para impedir la actividad minera.
Antes de la sanción (diario Los Andes 29 de julio de 2010) habíamos advertido que la introducción de ambigüedades relacionadas con el ambiente periglacial iba a servir para generar problemas.
Nuestras palabras fueron: ..."Dado que las definiciones y conceptos científicos no dejan lugar a dudas, sería conveniente que los legisladores acepten la terminología propuesta por los científicos y elaboren con seriedad una verdadera ley de estudio, monitoreo y protección de glaciares. De esa manera harán una ley en beneficio del país, pero si insisten en distorsionar las cosas sólo conseguirán hacer una ley diseñada para generar problemas".
Esta advertencia no fue tenida en cuenta.
Nuestros legisladores desecharon las definiciones hechas a regla de arte por los científicos del Ianigla (de las cuales tenemos copias) y en su lugar adoptaron ambiguos conceptos aparentemente aportados por una conocida organización ecologista extranjera.
Ahora nos enteramos (diario Los Andes, 9 de agosto de 2017) que los propios científicos del Ianigla son acusados de no cumplir con la Ley.
Tal como lo dijimos en 2010, la ley está diseñada para generar problemas y éste es sólo el primero.
De aquí en adelante cada vez que se quiera concretar un proyecto de inversión en el área cordillerana se generará un nuevo juicio, siempre basado en las ambigüedades de la ley.
Para evitar esas consecuencias, sería conveniente que los legisladores nacionales acepten revisar la ley y remplazar las ambigüedades que contiene por las precisas definiciones sugeridas por nuestros científicos y, de esa manera, valorarlos como corresponde.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.
