En octubre la ley de Educación Sexual cumple una década. Pese al tiempo transcurrido no ha logrado ser aplicada tal cual indica el texto, que apunta a una formación integral de los alumnos de todos los niveles, con contenidos adaptados a cada uno.
En secundaria se ha logrado dar algunos pasos, bastante tímidos ya que distan mucho de lo planteado. Y en primaria se está a años luz, aseguran especialistas.
"No está como contenido transversal y además no tiene continuidad en el programa, son cosas sueltas", aseguró la licenciada Alejandrina Román de Giro, psicóloga, sexóloga y docente universitaria quien trabajó con el gobierno provincial en las primeras etapas de la implementación hasta el gobierno de Celso Jaque cuando su equipo dejó de participar.
Es una de las normas más controvertidas y aún después de su sanción sigue generando reticencias. Para muchos, que el tema de la sexualidad se introdujera en la escuela de manera transversal dentro de la currícula no sólo es necesario sino imprescindible para dotar de herramientas al respecto a niños y jóvenes. Para otros, es algo propio del ámbito privado y que compete a la familia, muchos creen que no es necesario dar tanta información, especialmente a los más pequeños y que deben ser los padres los que decidan cómo y cuándo hacerlo.
La realidad de la primaria y la secundaria es diferente aunque en ninguna se puede hablar de "misión cumplida".
En el nivel medio se realizan abordajes puntuales, distinto de lo que plantea la ley que implica la presencia de los contenidos de manera transversal en las diferentes áreas. En la práctica suelen realizarse talleres o charlas con especialistas pero que no tienen continuidad y siguen considerándose insuficientes. Sin embargo, desde los colegios destacan que pese a las limitaciones el trabajo que se hace con los jóvenes es bueno y hay muy buena recepción.
Claudio Peña, director de la escuela Vicente Zapata consideró como "bastante positiva la experiencia que hemos tenido; años atrás teníamos que pedir autorización a los papás para dar talleres y ahora es casi una obligación".
Contó que se dictan tres talleres por año que están a cargo de una docente capacitada por la DGE. "La idea es acompañar en la educación sexual que inician los padres", destacó en consonancia con lo que aclaran todos los consultados. Se trabaja con un buzón de dudas donde los chicos colocan sus consultas de manera anónima.
Desde el punto de vista del directivo esto ha dado muy buenos resultados ya que se sienten más cómodos, pueden evacuar verdaderamente sus dudas y además pueden hablar en su propio lenguaje. Pero al mismo tiempo consideró alarmante la cantidad de dudas que tienen y que se trata de cosas básicas. Cada taller dura 80 minutos y los costos los asume la DGE, sin embargo dijo que "nos gustaría tener más horas para estos proyectos porque vemos que todo lo que hacemos desde la escuela es poco".
Gustavo Valdez, regente de la escuela secundaria Mario Casale, de Las Heras, señaló que tienen 8 hs cátedra al mes repartidas en 22 secciones y subrayó: "nos faltan horas". Para poder tratar estos temas en las diferentes áreas consideró que "a los docentes les faltan herramientas porque no todos pueden hablar de educación sexual sino sólo los que están preparados para esto".
Primaria en veremos
La situación en nivel primario es mucho más compleja. Allí prácticamente no se aplica la normativa vigente. En los colegios consultados abarca a séptimo grado y se hace extensivo a quinto y sexto pero no de manera masiva. Los grados inferiores quedan en general excluidos, pese a que la norma expresa que la educación sexual debe comenzar en el nivel inicial.
Para la vicedirectora de la escuela Arístides Villanueva, Beatriz Sánchez, los primeros obstáculos son "los prejuicios de los grandes, los docentes tienen miedo, hay que consultar o pedir autorización a los padres si es una charla con un especialista". La docente contó que entre los más chiquitos se trabaja la diferencia entre los géneros, los roles, el respeto. Y agregó: “Pero nos ha pasado que los papás han venido a quejarse o han realizado denuncias en la supervisión o en la DGE, pese a que se trata de una ley”.
Los directivos y docentes consultados manifestaron que las capacitaciones no han sido suficientes, que se han dado de manera discontinua y que muchos no las han recibido (ya que algunas fueron hace años y se incorporó nuevo personal). Esto deja sin herramientas a muchos docentes a lo que se suman los temores de tener problemas con los padres.
Un privilegio desaprovechado desde 2006
Un informe reciente del fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) resaltó que frente a la problemática del embarazo adolescente, Argentina corre con ventaja frente a otros países de la región, justamente por contar con la ley señalada. Pero como se aprecia tal herramienta encuentra obstáculos pese a sus diez años de "trayectoria".
"Hay dificultades quizás porque los docentes no se sienten capacitados para transmitir estos conceptos", consideró Roxana Cabrera, ginecóloga y obstetra desde hace muchos años del hospital Luis Lagomaggiore y quien además está a cargo del programa de Salud Sexual y Reproductiva.
La licenciada Román de Giro también consideró que los principales obstáculos son la falta de capacitación continua y profunda, falta de apoyo por parte de los gobiernos provinciales y cuestionamientos o dudas por parte de los padres. Quien además es titular de Cepas, un instituto pionero en formación sobre el tema dijo que cuando comenzó a trabajar en esto en 2008 se hicieron capacitaciones intensivas en todos los departamentos pero que esto luego se cambió por otras cortas. "No hubo una formación docente prolongada y profunda como se requiere", aseguró la profesional.
Dijo que "también se ha visto afectada el área de Salud Reproductiva por la falta de recursos en centros de salud para dar respuesta a las demandas de los adolescentes".
En el nivel terciario prácticamente está ausente mientras que reconoció que "los colegios privados están más interesados y están formando equipos por lo que solicitan capacitación en todos los niveles y profesores de todas las áreas, incluso colegios religiosos".
En mayo del año pasado cuando se iniciaba otra etapa en la formación docente se aseguraba que hacia fines de ese ciclo lectivo todos los docentes de primaria contarían con la formación adecuada para aplicar los contenidos de manera transversal.
Lo cierto es que hoy la DGE aún no tiene totalmente claro hasta dónde llegó la gestión anterior.
La Subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado dijo que se hicieron capacitaciones pero no se universalizaron y que "se ha encontrado cierta resistencia de grupos conservadores". Enumeró entre los obstáculos: presupuesto, capacitación, resistencia de ciertos sectores, prejuicios de los educadores de asumir esta responsabilidad y hablar directamente con los chicos de sexualidad. Pero subrayó: "hay que retomar este desafío y ver cómo se va a trabajar en las escuelas", con la intención de favorecer una sexualidad sana.
Derecho a información precisa y confiable
La ley N° 26.150 fue sancionada el 4 de octubre de 2006 con tan sólo un voto en contra en el Senado de la Nación.
"Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial", determina en sus primeros párrafos.
Considera el acceso a estos contenidos como un derecho propio de los estudiantes y crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Incluye desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.
Entre sus objetivos destacados se cuentan asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral y promover actitudes responsables ante la sexualidad.
En el artículo 9 detalla que las jurisdicciones nacional y provincial y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados con la intención de aportarles información que les permita el acompañamiento de los niños y jóvenes.
"La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo máximo de cuatro (4) años".
