La situación de nuestros bosques nativos es crítica. Estamos en emergencia forestal: en poco menos de 20 años perdimos más de 4 millones de hectáreas y, según un informe de 2014 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), 4,3% de la deforestación global ocurre en Argentina. Así y todo, año tras año el presupuesto para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos queda muy lejos de los valores establecidos por ley. El 2020 no será la excepción, lamentablemente.
El proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020 asigna al Fondo de la Ley de Bosques y Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un total de $ 609.829.000, lo que equivale solo a 3,25% de lo estipulado por la Ley de Bosques. ¿Cómo se pueden proteger nuestros bosques nativos si por cada hectárea se invertirán apenas $ 10,20?
Esta historia no es nueva: cada año se repite y agudiza. Desde 2010, las partidas presupuestarias destinadas a la conformación del Fondo -cuyo principal objetivo es compensar a titulares de la tierra por conservar los bosques nativos y fortalecer las capacidades provinciales- nunca llegaron a cubrir más del 24% del mandato legal. Este desfinanciamiento sostenido no solo impide cumplir con los objetivos que se propone la Ley de Bosques, sino que va en contra de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
No cabe duda de que el panorama de nuestros bosques nativos sería mucho más preocupante si no existiera la Ley de Bosques. Desde su sanción, esta norma ha servido como herramienta para visibilizar la problemática de los bosques nativos y posibilitó avances en materia de monitoreo, control y fiscalización. Todas las provincias han hecho el ordenamiento territorial de sus bosques. Pero el escenario todavía dista mucho de ser ideal. Y es deber de quienes nos representan velar por la salvaguarda de nuestros bosques nativos, sus beneficios ambientales, los derechos de los pueblos indígenas.
En las próximas semanas, el Congreso de la Nación debatirá el Presupuesto para el año que viene. Es su responsabilidad poner fin, de una vez por todas, a la sistemática desfinanciación de la Ley de Bosques. Sin un presupuesto adecuado nunca será posible la plena vigencia del derecho constitucional a un ambiente sano.
