El proyecto de Ley de Alquileres que impulsa el Gobierno nacional y que será considerado próximamente en el Congreso, primero en el seno de la Cámara de Diputados y luego en el Senado, ya tiene media sanción de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja. En este último ámbito se aprobó por mayoría con modificaciones.
En la época del presidente Hipólito Yrigoyen (1916-1922), luego en 1943 en gobiernos de facto, y más tarde durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, se tomaron medidas de intervencionismo en el mercado de los alquileres con resultados negativos.
Ocurrió que pretendiendo beneficiar a los inquilinos, la norma terminó perjudicándolos.
La historia no avala este tipo de medidas intervencionistas, teñidas de un fuerte color demagógico, electoralista y no soluciona para nada el déficit habitacional de los que no pueden acceder a su primera vivienda. Déficit existente en el país en general y también en nuestra provincia.
Este proyecto de ley de alquileres pretende modificar compulsivamente algunos de los principales fundamentos de los contratos de locación, como los plazos, las garantías, los honorarios, las notificaciones y los desalojos por falta de pago por parte de los inquilinos. Lejos de favorecer los desalojos, provocará mayores problemas a la hora de sacar un inquilino que no paga.
Se intenta de esta manera concretar modificaciones desde un escritorio sin tener en cuenta la realidad del mercado inmobiliario, en este punto en lo concerniente a los alquileres. Este tipo de iniciativas, de ser convalidadas sin modificaciones, sólo tendrá como resultado la paralización de la construcción, perjudicando de esta forma a todas las industrias afines y relacionadas, sin tener en cuenta la formidable fuente de empleos que genera levantar inmuebles para que vivan las familias, especialmente las que aspiran a un primer techo. Recordamos que según datos de la Federación Nacional de Inquilinos, en nuestra provincia 21% de las personas o familiares son inquilinas.
Un añejo precepto económico reza que, sin rentabilidad, no existe inversión y, para ello, debemos generar seguridad jurídica. A tres años de la sanción y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, (el Gobierno) pretende modificarlo con el agravante de no haber generado un espacio de consulta dirigido a todos los actores relacionados.
