En un escenario especialmente complejo debido al receso económico, a la baja notable del consumo, el empleo y la producción, aparece un intento más del Gobierno nacional de embestir contra uno de sus peores males: la inflación.
Con este telón de fondo, y ante una de sus escaladas más fuertes, surge la ley denominada Nueva Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción, la cual no es más que una norma remozada de la antigua Ley 20.680 de 1974. Esta famosa “Ley de Abastecimiento” quedó en la memoria por generar justamente lo contrario de lo que se proponía.
Sin embargo, tienen en común algunos elementos del contexto económico como una importante distorsión de los precios relativos, un proceso devaluatorio fuerte, tasas muy altas de inflación, subas de precios de los servicios públicos y privados que superan el 40%, incremento constante de los combustibles y alimentos, actualización de los sueldos por debajo de la inflación y caída del poder de compra.
A 40 años de la Ley de Abastecimiento se suman algunos otros instrumentos firmes de intervención del Estado que antes no estaban, como el programa de los Precios Cuidados que actúa en distintos sectores como los supermercados, almacenes y mayoristas de alimentos.
La idea se extendió a los fabricantes y concesionarios de automóviles, motos y hasta en la construcción.
También están sujetos a la autorización de aumentos de la Secretaría de Comercio de la Nación (implementado desde la época de Guillermo Moreno) para los rubros como medicamentos, combustibles, servicios financieros, prepagas, educación privada, servicios públicos (algunos en manos de empresas privadas), y seguros de autos.
Además, de la intervención en el mercado cambiario con el cepo a la compra y envío de dólares al exterior. También hay máximo control desde hace muchos años de todo lo que se importa y exporta y más aún de los tradicionales sectores cárnicos, lácteos y de combustibles.
A pesar de todo esto, la inflación persiste a tasas que superan el 30% anual. Por eso, surge esta nueva regulación con la mirada puesta en intervenir la rentabilidad y los procesos de producción de los que generan bienes y servicios.
En el preámbulo de la norma se expresa literalmente que “el rol del Estado en el proceso de regulación de la formación de precios dentro de la cadena de valor, que incluye desde la producción hasta el consumo” es “conducente a garantizar el funcionamiento transparente del mercado de bienes y servicios”.
En el espíritu de la norma se asienta el valor del Estado “en cuanto a observar el comportamiento del sistema de precios y el grado de concentración económica” como también “evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.
El martes, los legisladores le hicieron algunos retoques sustanciales a la Ley de Abastecimiento, tales como excluir a los pequeños y medianos empresarios, tampoco podrán clausurar a las empresas y el Ejecutivo deberá pedir el aval judicial cuando inhabilite una firma o la cierre temporalmente.
Es que la oposición y las distintas cámaras empresarias mostraron un gran descontento y se opusieron enseguida a la norma. Al igual que algunos juristas y economistas nacionales y de las provincias.
Pero a su vez, muchos empresarios y dirigentes acompañan la norma del Ejecutivo nacional. Aquí están reflejadas las dos posiciones. Por lo pronto, en principio el miércoles 9 viene el secretario de Comercio, Augusto Costa, a un foro del que participarán distintos actores para discutir la ley.
Argumentos en contra
“Tiene un antecedente de muchas décadas y es malo. No solucionó ningún problema y por eso se dejó de aplicar”, explica el abogado y ex funcionario de la provincia, Luis Eduardo Sarmiento García, quien es especialista en Derecho Empresario y asesoramiento de empresas.
Este jurista interpreta que en estos momentos hay varios problemas económicos “graves” como la falta de dólares, la escasez de las inversiones y el cepo cambiario y que a éstos se sumaría esta nueva reforma de la ley.
“Claramente es en contra de las empresas”, señala este abogado quien agrega que si no invierten es “porque tienen temor” y con esta nueva medida “huirán aún más y nos quedaremos sin actividad”. Explicó que la economía pasa por un momento de recesión e inflación “complicado”.
Advierte que esta medida tiene como sustento luchar contra la inflación y que el origen de ésta no son las empresas sino la emisión monetaria.
“Tenemos un problema monetario y un gasto público exorbitante de $ 200 mil millones anuales. Las empresas suben los precios porque es una inflación de costos”, destacó Sarmiento García.
Por su parte desde la Fundación Ideal, indican en un informe que el punto clave son las “atribuciones discrecionales” que se le dan a la Secretaría de Comercio de la Nación.
Así, el economista Rodrigo González y el jurista Pedro Mosso advierten que podrá intervenir en cualquier etapa del proceso económico para establecer márgenes, determinar precios de referencia, determinar niveles máximos y mínimos de precios, dictar normas para la cadena, disponer la continuidad de la producción, distribución, fabricación, etc. y que podrán disponer de cuotas mínimas de actividad y acordar subsidios.
Sin embargo, lo más “preocupante” para estos estudiosos es que pueden requerir de cualquier documentación “relativa al giro comercial”, y obligar a la publicación de precios y hasta de disponibilidad de venta, como también al secuestro de documentación, exigencia de la presentación o exhibición de todo tipo de libros o papeles de comercio.
Según estos investigadores, este proyecto de ley resulta altamente “cuestionable” porque viola al menos 4 artículos de la Constitución Nacional.
“El proyecto quebranta el derecho a la propiedad privada (Artículo 17), a ejercer una industria lícita (Artículo 14), al principio de legalidad (Artículo 18) y el principio de delegación legislativa (Artículo 76)”, destaca Mosso.
En cada caso y resumidamente, habilita a los funcionarios a disponer de los bienes de los particulares, a intervenir en las empresas y fijar precios como hasta obligar a producir y fijar márgenes de ganancias, como también de multar y aplicar criterios discrecionales según el funcionario de turno.
En cuanto a los cuestionamientos económicos, González explica que va en contra de la generación de la riqueza, amenaza los derechos de propiedad, además de ser una “herramienta inadecuada para solucionar los problemas de poder de mercado y concentración” como también “lograr el control del aumento de precios que hoy enfrenta el país”.
Este economista asegura que los únicos dos países de América Latina, Argentina y Venezuela, que aplican hace años políticas de acuerdos y controles de precios, son paradójicamente, “los que más inflación tienen”.
Desde el sector empresarial, el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (Ucim), Daniel Ariosto, dijo que “no comparten en absoluto a un Estado intervencionista, controlador y regulador de costos y rentabilidad”.
A lo que interpreta como “una involución de 30 ó 40 años” al hecho de tener que “dar explicaciones sobre el desarrollo de los negocios, hecho que es del ámbito privado y confidencial”.
Ariosto matizó su idea e indicó que el Estado si quiere saber algo sobre las empresas “ya tiene herramientas para investigar precios y costos”.
Además, dijo que “el Estado sí debe intervenir en salud, educación, seguridad y vivienda” como también en las dicotomías que tiene la economía formal frente a la informal.
Para el director de la organización de Defensa al Consumidor, Protectora, Mario Vadillo, “cada vez que el Estado busca una mayor transparencia se distorsionan más los precios y no logra regular nada”.
Porque, según Vadillo, la distorsión comienza con el productor “porque son pobres frente a las cadenas o industriales que son ricos”, apunta.
Para ello, asegura que la Justicia tiene sus herramientas como el Tribunal de Defensa de la Competencia. Este organismo -explica en detalle Vadillo- debería juzgar y penalizar aquellas conductas que distorsionen la competencia, el acceso al mercado o que constituyan abusos de posiciones dominantes generando perjuicios para el interés económico general, aunque “jamás fue constituido desde su creación en el año 1999”.
Argumentos a favor
Las posiciones a favor se centran básicamente en la posición del Estado para intervenir en las grandes empresas, corporaciones o cadenas de distribución y comercialización con el fin de equiparar su poder y controlarlos como actores que contribuyen a la fijación de precios del mercado.
Así, desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su titular, Adolfo Trípodi, dijo que “la economía está altamente concentrada” y que, según los distintos sectores productivos, “está en manos de 1 ó 2 empresas”.
Citó un relevamiento en el que se explicita que hay una sola empresa que controla la producción de chapas, la producción de polietileno, la producción de PET (insumo clave del plástico para producir botellas), la producción de aluminio y el 80% del mercado de los panificados.
Además, dijo que 4 empresas controlan el cemento, otras 4 el mercado azucarero y otras 4 firmas el de los productos de limpieza, 2 empresas controlan el 82% de la producción de leche, 3 el de las cervezas y 2 el 60% de las galletitas.
Con estos datos en la mano, y con la tranquilidad de que las pymes quedaron fuera del control de esta nueva reglamentación, tanto la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CA ME) como la FEM dieron el visto bueno a esta norma, porque aseguran que va a “transparentar al mercado”.
Otra a favor es la Confederación General Económica (CGE). Su líder local, Sergio Mastrapasqua, dijo que para esta organización son positivas las modificaciones y que los efectos serán “neutros” para el resto de los empresarios porque “no tienen posición dominante ni forman precios”.
Además, agregó que las medianas y pequeñas empresas “no pueden vivir” por la dependencia de 2 ó 3 firmas que se ponen de acuerdo y “rayan con lo delictivo".
Aseguró que es un paso importante para “desbaratar un negocio pingüe” porque “salda (el Gobierno nacional ) una deuda” que es “luchar contra la inflación originada por el abuso de posición dominante y no por emisión”, recalcó Mastrapasqua.
Desde el Gobierno provincial, el director de Defensa del Consumidor, Sergio Rocamora, dijo que esta reforma “es muy interesante” porque resolverá “problemas de competencia y abastecimiento” y al mismo tiempo establece “un fuero comercial de pequeñas causas”.
En su análisis, y según a lo que su dependencia respecta, esta reforma colaborará con la “justicia de consumo” y ante un daño directo y material se podrá litigar sin costo hasta $ 200 mil contra las empresas.
Para Rocamora se refuerza “la policía de consumo, el control hacia las empresas, el control de comercio y colabora con la celeridad procedimental”.
Así, dijo que donde había un “vacío” contra los abusos de las empresas de planes de ahorro, tarjetas de crédito, supermercados, compañías de telefonía móvil, “ahora habrá mayor control, fiscalización y abastecimiento”.
