El proyecto del diputado demócrata Marcos Niven, de evitar por ley el acomodo de familiares de políticos en la función pública, no logró buena repercusión. La iniciativa aún no toma estado parlamentario, pero que exista una norma que prohíba la posible contratación de familiares o allegados en el Gobierno, ámbitos legislativos o el Poder Judicial, no entusiasma a la clase política.
Esto contrasta con la predisposición de funcionarios y legisladores para volver a discutir una ley de ética pública, aunque eso suceda porque una vez más se puso en duda su labor.
En el caso del proyecto de Niven, la mayoría dice no conocer en detalle el proyecto presentado días atrás pero está claro que, para muchos, esa ley “no hace falta”.
En las filas de Cambia Mendoza no cayó muy bien el proyecto, presentado en soledad por el legislador demócrata, que volvió a sorprender a sus aliados del frente oficialista, tal como lo hizo cuando se despegó de la votación del ítem aula.
Además, en el Gobierno hay quienes esperan algo “más integral” y confían en que eso se dará, precisamente, con la futura ley de ética pública.
Hay incluso quien considera “inconstitucional” la idea de Niven, porque “la Constitución local no da otro requisito que no sea la idoneidad” para ocupar cargos de fuste.
Sobre esto, Niven adelantó que si bien el artículo 115 limita la “consanguinidad” para eventuales sucesores de gobernador y vice, él busca “complementar” ese mandato constitucional con su propuesta.
Más allá de suspicacias, la ley empezará a tratarse esta semana. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. “El proyecto se tratará en comisiones, como cualquier otro”, dijo el radical, que no quiso emitir juicio sobre la norma.
Quien sí opinó, aunque desestimándolo, fue la vicegobernadora Laura Montero. “No sirven los proyectos aislados, dirigidos a cosas demasiado puntuales y que vayan por la negativa”, señaló la principal impulsora, a su vez, de la nueva discusión sobre ética pública.
Del lado peronista tampoco hay mucha predisposición. “Es un proyecto interesante pero de difícil aplicación”, dijo el titular del bloque de diputados del FpV, Javier Cofano. “Compartimos el espíritu pero, al excluir a familiares, se plantearán casos en que puede ser válida la designación de alguien con capacidad para acceder a un cargo”, añadió.
En similar línea, el senador justicialista Eduardo Bauzá consideró innecesaria esa ley. “Estoy en total desacuerdo contra el nepotismo, pero hay casos en que el hecho de ser familiar no debe inhibir el acceso a un cargo, si se muestra capacidad”, destacó el hijo de quien fuera jefe de gabinete de Carlos Menem.
Pero la posición del PJ no es unánime. Jorge Tanús dijo haber leído el proyecto y anticipó que le dará su apoyo. “Hablé con Niven y estoy totalmente de acuerdo”, aseguró el diputado, reavivando así divergencias internas, pero también apostando a posibles diferencias en Cambia Mendoza.
Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur y también integrante del frente oficialista, es autor (junto a la radical Daniela García) de otro proyecto con fuerte apoyo de Montero, acceso a la información pública, y se inclinó también por descartar la norma antinepotismo. “El de los familiares es un tema complicado. Hay casos en que no tendría que haber problemas, si demuestran idoneidad”, argumentó.
Desde el FIT, Héctor Fresina tampoco se mostró a favor. “La decisión de quien tenga que ocupar un cargo superior es política”, dijo el diputado, que renovó el reclamo de que “lo que hacen falta son concursos en los cargos de planta”.
Hacia la ética pública
Así las cosas, hacia donde todo apunta es hacia una nueva ley de Ética Pública, por más que algunos cuestionen lo “espasmódico” del regreso a esta discusión.
Es que el tema reapareció tras las críticas que algunos recibieron por las incongruencias de sus declaraciones juradas de bienes.
"Es una reacción espasmódica de cuando salen en las tapas de los diarios", lanzó Fresina, que criticó a los otros bloques que "aprobaron la ley de avalúo fiscal" que permite los valores a veces "irrisorios", de los patrimonios de los políticos. En sí, la publicación de declaraciones juradas sigue sin convencer a la mayoría, aunque nadie lo reconoce a viva voz.
Por eso, muchos prefieren aceptar que la reacción “espasmódica” sirve para volver a discutir el tema, aunque ya haya fracasado otras veces.
Hay diez proyectos en danza y Montero dice que en ellos se basó para armar el suyo, que terminará de presentar “esta semana”. Ya cuenta con aval mayoritario.
Así lo mostró Cofano, para quien también fue “espasmódica” la reacción. “Fue así, pero tenemos que serenarnos y debatir en serio”, dijo. “Lo empezaremos a considerar esta semana”, agregó.
Bauzá opinó igual: “Hay que ponerse a discutir, tiene que salir algo sensato, real”.
Desde la UCR, Parés no se explayó mucho pero atacó el decreto 1789, que firmó el ex gobernador Francisco Pérez y los obligó a declarar sus bienes. “Tiene deficiencias y hay que mejorarlo, para que haya conceptos claros”, dijo, apostando al “consenso y el trabajo en conjunto”.
También dijo estar “totalmente a favor” de la rediscusión el fiscal de Estado, Fernando Simón, autor de una de las normas que espera sanción. “Me parece excelente que se vuelva a poner en agenda”, señaló el ex senador del PJ, que espera participar en las discusiones desde su nuevo rol.
Simón cuenta con la experiencia de haber publicado las declaraciones juradas de los últimos funcionarios salientes y entrantes. “Se necesita la ley para extender el tema a todos los poderes y poder aplicar sanciones”, destacó, añadiendo que “con sólo mejorar el decreto, no alcanza”.
Otro ex autor de un proyecto similar, Tadeo García Zalazar, hoy intendente de Godoy Cruz, amplió el concepto. “La ética pública tiene que ver con las reformas pendientes. La Constitución de 1994 manda a Nación y provincias tener leyes de ética pública propias. La Nación y muchas provincias avanzaron. Mendoza quedó retrasada”.
De yernos e hijos en el Estado
En la discusión del nepotismo, es inevitable recordar lo que pasó este año con el yerno de Jaime Correas. El director general de Escuelas fue duramente cuestionado por incorporar a su equipo a Paulo Belloso, novio de su hija.
No sirvieron las explicaciones de “idoneidad comprobada” que Correas dio y el joven tuvo que renunciar.
“Fue una torpeza política” dijo un legislador al respecto. “Si se hubiera manejado mejor la información, desde el principio, no hubiera tenido problemas”, indicó otro. “El desprestigio de la clase política provoca estas cosas”, reconoció un tercero.
Pero hay otros casos de familiares “idóneos”. Los hay en distintos ámbitos, incluso el Judicial, adonde Niven quiere que llegue su ley.
Silvina González, hija del procurador general de la Suprema Corte de Justicia y titular de una Defensoría Penal de Pobres y Ausentes, es un ejemplo.
La discusión que viene: la autoridad de aplicación
En el debate sobre la ley de “Responsabilidad en la Gestión Pública”, como la vicegobernadora, Laura Montero, llama a su proyecto, habrá discusión adicional. A su entender, la autoridad de aplicación “no debe ser la Fiscalía de Estado”, como lo es hoy, con la publicación de las declaraciones juradas.
“Debe ser un organismo con intervención de distintos estamentos”, dijo.
No está definido aún, pero en ese ente habría representantes legislativos, del Ejecutivo, pero también judiciales y hasta municipales. “En breve lo daré a conocer”, informó la Vicegobernadora.
Sobre esto, Simón defendió su trabajo. “Hay cosas que se han hecho y han funcionado. Fiscalía de Estado logró poner el sistema de declaraciones juradas y demostró capacidad institucional”, señaló. De todos modos consideró: “Crear nuevos organismos es una decisión legislativa y será aceptada por la Fiscalía”.
