Los incendios en la región del Amazonas ya superan un mes de hostigamiento y destrucción. Se está dañando el bosque tropical más grande del mundo como consecuencia de las acciones de los seres humanos, afectando miles de animales y plantas y más de 34 millones de personas, incluyendo alrededor de 500 pueblos indígenas.
Es el “pulmón del planeta” el que está en peligro, una vasta extensión verde que comprende a 9 países americanos con un papel trascendente en la regulación climática de Sudamérica. Los efectos de los incendios agudizarán la crisis climática a causa de las emisiones de carbono provenientes de la quema de materia orgánica. Las áreas dañadas serán más vulnerables a sequías, inundaciones y a otros efectos del cambio climático, por la falta de la imprescindible cobertura vegetal.
Pero la selva amazónica no es la única que está en peligro. Los incendios forestales suelen estar asociados a la deforestación por la expansión de la actividad agropecuaria y Argentina no es la excepción.
Los datos sobre la deforestación en nuestro país y sus implicancias son alarmantes. Entre 1982 y 2016 perdimos 25% de nuestros bosques nativos por actividades agropecuarias. La falta de planificación para combinar la producción con la protección del ambiente conllevó no sólo la merma de ecosistemas donde la vegetación predominante la constituyen los árboles, las matas y los pastos, sino también la disminución de la calidad de suelos por erosión hídrica y el incremento de eventos climáticos extremos, como inundaciones, con altos costos sociales y económicos.
¿Se puede hacer algo para detener esto? En la Fundación Vida Silvestre, una organización no gubernamental, de bien público, creada en 1977, están convencidos que la Ley de Bosques es una de las mejores armas para hacer frente a esta problemática. Sin embargo, desde su implementación, la normativa de protección de los ecosistemas y biodiversidad nunca pudo contar con su presupuesto completo: desde 2013 los fondos asignados no han superaron el 10% de lo que correspondería.
Los especialistas sostienen que si se asignasen las partidas correspondientes, las provincias contarían con herramientas necesarias para cumplir con sus ordenamientos territoriales y garantizar la protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad.
El cumplimiento de los fondos previstos por la Ley es responsabilidad del Estado nacional a la hora de armar el proyecto de Presupuesto Nacional, el cual es producto de la negociación con las provincias. También es responsabilidad de los diputados y senadores nacionales, quienes deben sancionarlo. Es decir, en ambas instancias se debe velar por la inclusión del monto correspondiente en el presupuesto nacional para la aplicación de la Ley de Bosques.
Para territorios como el de Mendoza, es central contar con más fondos para velar por su cubierta vegetal, desde los forestales a los pastos de altura, los arbustos y las vegas y matas del piedemonte.
Frecuentemente, por acciones provocadas por el hombre y a veces por situaciones accidentales, grandes extensiones se consumen por fuegos destructivos y posteriormente cuesta mucho recuperar esas extensiones doblegadas por las llamas. Lo vemos en nuestra provincia, en el piedemonte y en los campos del sur.
Por eso, la Fundación Vida Silvestre reitera su preocupación respecto de la desfinanciación histórica que sufre la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, reiterando el pedido a nuestros representantes de una completa asignación de fondos.
Necesitamos frenar la deforestación, ya que mientras continúe, seguiremos perdiendo bosques, culturas, biodiversidad y oportunidades de un real desarrollo sustentable. Lo de Amazonas es muy grave, de una magnitud inusitada, pero no nos olvidemos de nuestros bosques nativos y exijamos su protección y conservación.
