El Gobierno provincial, a pesar de las 10 mil personas que exigieron (durante toda la jornada con diferentes marchas) que se dé marcha atrás a la reforma de la ley ambiental 7.722, confirmó que no vetará la ley aprobada el viernes; más aún será promulgada en el Boletín Oficial esta mañana.
Sin dudas ayer fue el día más complicado para el gobernador Rodolfo Suárez, desde que está a cargo de la gestión (no llega a los 15 días todavía), teniendo en cuenta la ajetreada jornada que debió encarar el Ejecutivo, con protestas que duraron todo el día y finalizaron incluso cerca de la medianoche. Pero la voluntad del Ejecutivo es seguir adelante con el desarrollo minero.
Las mismas tuvieron su punto neurálgico en el microcentro mendocino, pero también se replicaron manifestaciones en otros departamentos, especialmente en General Alvear y el Valle de Uco.
En el Gobierno, si bien no pensaron en un escenario tan fuerte como el de ayer -con la masiva marcha e incluso su duración-, comentaron que nunca estuvo en la mente del Gobernador impulsar el veto de la ley, sobre todo porque insistieron en que fue una promesa de campaña de Suárez, quien decidió jugar fuerte de entrada, al indicar que intentaría reactivar la minería metalífera con la reforma de esta ley 7.722 que regula la utilización de sustancias químicas para la actividad minera.
De hecho, el golpe de efecto y las reales intenciones de Suárez se dieron al mostrar que fue su primer proyecto con el que debutó como gobernador, y que luego tuvo una masiva aprobación gracias al acuerdo que hubo con el principal partido opositor, el Frente de Todos.
Es con todos
La estrategia de Suárez y su equipo para intentar sortear este problema e intentar calmar los ánimos de una parte de la sociedad que está activa y en alerta son, por un lado, una fuerte campaña comunicacional "que explique bien la reforma y termine con mitos sobre el control y uso del agua"; pero sobre todo abrir la puerta a los principales referentes ambientalistas, con los que ayer se reunió Humberto Mingorance, secretario de Ambiente, y quien fue el único vocero del Gobierno.
El funcionario dialogó con Carlos Martínez, presidente de la Cámara de Turismo de Tunuyán; Roxana Bruno, doctora en inmunología; Eduardo Pérez Caram, ingeniero químico de la UTN; y Belén Ferracutti, docente de Maipú.
Los ambientalistas plantearon sus inquietudes respecto a los cambios de la ley, pero el funcionario dejó en claro que la misma “no será vetada” y que ya está en proceso administrativo de promulgación.
En este sentido, adelantó a los medios que invitó a los ambientalistas a formar parte del Observatorio del Agua lanzado por Irrigación, "para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones", y además explicó que "se está trabajando con altos estándares ambientales, al igual que como se hizo con el fracking", aseguró.
"La comparación con los malos ejemplos no es lo que nosotros buscamos, sino la comparación con los buenos ejemplos en el mundo", resaltó, desechando de esta manera los problemas que hubo en la vecina provincia de San Juan, Catamarca o La Rioja; y puso en valor la situación de Australia en materia de minería metalífera.
Desde los grupos ambientalistas, y también algunos sectores políticos, tanto oficialistas como opositores, adelantaron que llevarán este planteo a la Justicia, buscando la inconstitucionalidad de la ley.
