El Senado convirtió en ley el rechazo al beneficio de reducción de penas a represores encarcelados, conocido como “2x1”, y abrió un debate sobre qué pasará con los planteos judiciales que realizaron militares condenados como Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz: ¿podrán tener fallos favorables a partir de ahora, teniendo en cuenta el precedente que generó el fallo de la Corte en el caso del torturador civil Luis Muiña? ¿Podría haber más presentaciones en los tribunales?
El constitucionalista Daniel Sabsay -quien se declaró en contra del fallo de la Corte y en coincidencia con los votos en minoría de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al afirmar que “los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto del 2x1”- señaló que la ley aprobada en el Congreso puede “acorralar totalmente” la posibilidad de que los represores obtengan fallos favorables en su afán de lograr que les reduzcan la pena por la cual fueron condenados.
Sin embargo, sostuvo que esta nueva ley cumplirá su objetivo siempre y cuando “los tribunales la acepten como constitucional y no la consideren una irrupción del Poder Legislativo sobre el Judicial”.
“Es todo un berenjenal, porque antes de que el Congreso sancionara esta nueva ley interpretativa ya ha habido tribunales en el interior del país que han rechazado el ‘2x1’, y para hacerlo y apartarse de la doctrina de la Corte usaron los votos de la minoría”, señaló Sabsay, en diálogo con Los Andes.
No obstante, dijo que el fallo de la Corte dejó “una situación de mucha inseguridad jurídica” porque puede haber tribunales que consideren que debe aplicarse el principio de la ley más benigna, vigente en la normativa penal.
Más contundente fue el constitucionalista Gregorio Badeni, quien afirmó que la ley aprobada por el Congreso casi por unanimidad -sólo se opuso el diputado conservador salteño Alfredo Olmedo- “no debería tener validez”, al resaltar que el artículo 2 del Código Penal es claro: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.
“Desde un punto de vista estrictamente jurídico, por más que ahora se llame una ‘ley interpretativa’, en la medida de que limita los efectos de la ley penal más benigna no debería tener validez en ese punto: (esta norma aprobada por el Congreso) está lesionando derechos adquiridos y está colisionando con el artículo 2 del Código Penal, que no se modificó”, dijo Badeni y señaló que este argumento “fue la base del fallo del juez (Horacio) Rosatti”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista señaló: “Esa es mi opinión. Lo que hagan los jueces ya es otra cosa”.
Badeni también dijo que “es difícil” que prosperen las presentaciones realizadas contra el fallo de la Corte ante organismos internacionales:
“El argumento central que se invoca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que no se puede aplicar una ley más benigna a un represor, pero no hay norma alguna en nuestro derecho ni en el derecho europeo que impida la aplicación de la ley penal más benigna al autor de un delito de lesa humanidad”, resaltó.
Apuro parlamentario
El Senado sancionó ayer por unanimidad una ley que establece que el cómputo del “2x1” no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, tras la polémica por el fallo de la Corte.
La ley obtuvo 56 votos a favor, la cantidad de senadores presentes en la sesión que fue convocada tras un acuerdo entre todos los bloques del Congreso, un día después de que el mismo texto fuera aprobado por la Cámara de Diputados.
El apuro en el Senado por convertir en ley el rechazo al “2x1” -la sanción se produjo a las 3 de la tarde- tenía que ver con que a las 6 se realizaría la marcha a Plaza de Mayo, convocada para repudiar el fallo de la Corte.
Durante el debate en el Senado, los legisladores del Pro se enfocaron en rechazar cualquier injerencia del gobierno del presidente Mauricio Macri en el fallo del máximo tribunal y pidieron “no poner en otro poder del Estado responsabilidades que no tiene”. En cambio, el sector kirchnerista del bloque PJ-FpV, que lidera Miguel Pichetto, vinculó directamente a la Casa Rosada con la sentencia, al recordar “expresiones de funcionarios” que “pusieron en duda el número de desaparecidos”.
La nueva ley que será comunicada al Poder Ejecutivo establece que el “2x1” sólo podrá regir en los casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001 -el período durante el cual estuvo vigente el “2x1”-. Y por último deja asentado que esa interpretación es la que debe aplicarse a todas las causas en trámite.
Bento rechazó en Mendoza un pedido de excarcelación
El juez federal de Mendoza Walter Bento rechazó ayer el pedido de excarcelación interpuesto por la defensa del militar de inteligencia Segundo Héctor Carabajal, procesado por la sustracción de una niña nacida en cautiverio y por la supresión de su identidad.
La de Carabajal es la primera presentación en el país en la que un imputado invoca el precedente Muiña, no con la intención de beneficiarse del cómputo favorable que el artículo 7 de la Ley 24.390 prevé (aspecto abordado por aquel fallo), sino bajo la pretensión de que ese antecedente ha modificado la jurisprudencia del Máximo Tribunal referida a la ley aplicable en supuestos de delitos permanentes, informó la pagina “fiscales.gov.ar”.
Así, la defensa reclamó que no se le aplicaran las escalas penales previstas por la ley 24.410, que en 1995 agravó las penas para los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años de edad, cuando aún seguía cometiendo el crimen iniciado en la época de la dictadura. Según la defensa, el precedente “Muiña” cambió la doctrina sobre la ley aplicable en casos de delitos permanentes.
