El Gobierno provincial sufrió un revés político, ya que deberá reincorporar a dos allegados al ex gobernador Carlos Ciurca en el Senado. Se trata de María Lourdes Valverde y Ariel Persia, su ex secretario privado, quienes habían sido cesanteados por Laura Montero en la Cámara Alta apenas llegó a la Legislatura. El asunto fue judicializado y la Suprema Corte definió a favor de los ex funcionarios, por lo que se espera que sean reincorporados como empleados de planta en junio.
El fallo fue dividido, ya que se pronunciaron a favor Mario Adaro y Omar Palermo; mientras que en contra se manifestó José Valerio.
El secretario Legal y Técnico de la Cámara Alta, Pedro Mosso, se mostró disconforme con el fallo pero destacó que "son las reglas de juego" y que lo respetarán. No obstante, criticó a Ciurca al acusarlo de "abusar" del régimen de designación en planta permanente, al hacer ingresar ex funcionarios antes de finalizar su gestión.
Persia, exconcejal lasherino y quien terminó siendo asesor de Ciurca en el Senado, fue pasado a planta por su jefe político en enero de 2015, el último año de mandato de Francisco Pérez, y a poco de las elecciones (el 19 de abril fueron las primarias). El cargo que obtuvo fue en la máxima categoría, clase 13, y con la máxima dedicación horaria. Lo mismo ocurrió con Valverde.
Sin embargo, cuando asumió la vicegobernadora Montero decidió anular sus pases a planta y el de otros 6 empleados "ciurquistas" por "vicios administrativos". Todos fueron despedidos el 31 de marzo del 2016.
Según Mosso, Ciurca los nombró pero “nunca ocuparon el cargo administrativo sino que siguieron trabajando como funcionarios, hasta que renunciaron antes de dejar el poder y ahí ingresaron al cargo resguardado. Ahí se vio que no hacía falta la creación de un cargo, fue todo político”.
Qué dice el fallo
Persia, Valverde y el resto de los cesanteados iniciaron un trámite judicial para conseguir nuevamente su puesto de trabajo. Según consta en el fallo, Persia señaló, entre otros fundamentos, que lo echaron por pertenecer a un partido político diferente al de Montero, pero sobre todo marcó que hubo irregularidades en su cesantía.
Esto mismo interpretaron Adaro y Palermo, que resolvieron hacer lugar a la demanda y reincorporar a los demandantes en el cargo de planta permanente de personal administrativo, con su clase 13.
Entre los fundamentos del juez Adaro (ex ministro del peronista Celso Jaque) se encuentra en primer lugar que el nombramiento del personal permanente "tiene carácter provisional durante 4 meses, pero luego de eso pasa a ser definitivo". Si bien eso ocurrió con los ocho cesanteados, Adaro refutó el hecho de que la cesantía se haya producido por "falta de idoneidad" debido a que no fue un ingreso por concurso, tal como expresó en su momento Montero.
En este sentido, el juez supremo destacó que “no es procedente formular un razonamiento por exclusión” que concluya que por el solo hecho de no haberse utilizado el concurso, la persona no es idónea para el cargo.
"No se advierte razonable -la cesantía de Persia- al no haber fundamentado cuáles eran las condiciones que no cumplía el agente o a qué pautas de gestión concretas no había respondido", destacó Adaro.
Por su parte, Valerio (nombrado por el actual gobernador Alfredo Cornejo) en su voto en disidencia consideró importante "la época en la que se designó al actor en la planta de personal permanente". Y destacó que la Ley de Presupuesto del 2014 (reconducido en 2015) prohibía la incorporación de personal al Estado, salvo cargos para salud, educación y policía.
“El número de cargos sólo se podía incrementar con los que se creasen por los pases a planta dispuestos por acuerdos paritarios y que se efectivizaron durante el Ejercicio 2014 (y el 2015)”, añadió.
También marcó que la designación de los cargos de Persia y Valverde “sí padece de vicios groseros, patentes y originarios, lo cual faculta a la autoridad competente a remover de su puesto al funcionario o empleado irregularmente nombrado, en un todo de conformidad con lo regulado en el art. 43 de la Constitución provincial”.
¿El mismo destino para otros seis?
Los otros 6 ex funcionarios "ciurquistas" cesanteados que aguardan resolución de la Corte son: Víctor Gallardo, hermano de la ex senadora Miriam Gallardo y ex director de la Escuela Legislativa durante ocho años; Alejandra Boschi, ex asesora de Ciurca y persona de confianza del presidente del Tribunal de Cuentas, Carlos Salvador Farruggia; Miguel Sánchez, que fue subdirector de Recursos Humanos; Alicia Di Marco, ex directora de Recursos Humanos; Luciano Sisti, ex director de Comisiones; y Flavia Molina, ex asesora de Ciurca.
Si bien desde el Gobierno no quisieron elucubrar qué puede llegar a pasar, creen que su causa judicial tendrá un resultado similar al de Valverde y Persia.
"Lo que nos diferencia es que nosotros los únicos dos ascensos internos que hicimos en el Senado fue a través de concurso y no hemos hecho una sola designación en planta permanente", argumentó Mosso.
