En su edición del 20/03/17, Los Andes publicó una nota de opinión titulada Ley de Acceso a la Información Pública, elaborada por Alicia Barrionuevo y Diego de Francesco. El eje de la misma encierra una fuerte crítica a la Legislatura Provincial a partir de las demoras que se vienen produciendo en la sanción del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública; y junto a ella, el cuestionamiento a la idea de Participación y de Legislatura Abierta que se impulsa desde la actual gestión encabezada por Laura Montero.
Al respecto, entiendo que en el planteo de esa nota se cae en algunas simplificaciones y no se valoran algunas acciones concretas realizadas en pos de dar mayor apertura y transparencia al Poder Legislativo, y que si bien no forman parte estricta de lo que se conoce como Acceso a la Información Pública, constituye un proceso participativo, que denominamos Legislatura Abierta, y que no tiene que ver sólo con presentar demandas e intercambios entre Estado y Sociedad, sino también en dar a conocer la planificación de la gestión legislativa, y presentar rendiciones de cuentas integrales y documentadas.
Es preciso aclarar aquí que la citada nota de opinión confunde algunas cuestiones intrínsecas al funcionamiento del Poder Legislativo. En el marco del modelo democrático y la representación de mayorías y minorías, la potestad del proceso de presentación, discusión y aprobación de leyes es de carácter exclusivo de los senadores que representan a cada bancada, sin posibilidad constitucional de incidencia legal de la Vicegobernación en ellos. En ese sentido, la gestión que se ejecuta desde esta última es la de la administración general de la Cámara de Senadores, y es en torno a ella en donde se ha avanzado en la mayor apertura posible.
Es cierto que el proyecto de ley presentado por la senadora Daniela García y el senadora Ernesto Mancinelli viene atravesando un largo debate en Comisiones del Senado Provincial; debate en el que seguramente se cruzan múltiples posiciones jurídicas, ideológicas, filosóficas y hasta personales; muchas de ellas propias de todo ámbito deliberativo y republicano. Y es lógico que se demande, desde diversos espacios sociales, una pronta resolución y aval a esta norma que, todos vamos a coincidir, es una clara demanda y un necesario instrumento para avanzar en la transparencia y la participación de la ciudadanía en distintos ámbitos de la cosa pública.
Sin embargo, considero que junto a esa crítica y a la legítima demanda de la sanción de una norma que ponga blanco sobre negro en materia de transparencia, no se ha merituado o tomado en cuenta algunas decisiones ejecutadas en el Senado Provincial desde fines de 2015 hasta hoy.
Desde el inicio de nuestra gestión, el accionar legislativo se ha sostenido sobre 3 valores: calidad, transparencia y participación; y a partir de ellos se ha planificado y ejecutada distintas acciones cotidianas; en las posibilidades y con los límites que la ausencia de una norma como la que se reclama nos impone. En otras palabras, a partir de no contar Mendoza con una ley de Información Pública; quienes ocupamos diversos roles en la gestión legislativa tuvimos el imperativo y el desafío de generar dispositivos para que, mientras se avanza en la legislación pertinente, se pueda implementar de la mejor manera el precepto de Legislatura Abierta.
Al respecto resulta importante señalar algunas medidas llevadas adelante:
Plan de Modernización del Circuito Legislativo: incluye la protocolización de los procedimientos y la incorporación de tecnología; y abarca desde definiciones políticas – administrativas, como la consolidación del carácter público de las reuniones de comisiones; la aplicación del sistema de voto electrónico y control de quórum; y la digitalización total de exptes. Legislativos (esto en ejecución) para el acceso público a ellos en la totalidad de la pieza.
Implementación de un sistema de transmisión en vivo de sesiones y audiencias públicas: se desarrolló un plan de comunicación, a través de la Dirección de Prensa del Senado, que incluye la transmisión radial y televisiva, con acceso a través de la página web www.legislaturamendoza.gov.ar de todas las sesiones de la Cámara de Senadores y de las Audiencias Públicas. Un claro ejemplo de esto fue la transmisión en vivo y en directo de la Audiencia Pública para el tratamiento del pliego del Dr. José Valerio como postulante a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que provocó una amplia participación y debate social. Junto a esto se puede incluir la instrumentación de pantallas para el seguimiento en vivo de aquellas sesiones en las cuales se tratan temas que involucran un fuerte debate y una amplia participación ciudadana, ya sea general o sectorial, y que por la gran afluencia de asistentes se superan el espacio edilicio disponible, tal como ocurrió en el tratamiento del decreto de aumento salarial docente en 2016.
Presentación de estadísticas de productividad legislativa: elaboración y publicación de estadísticas semestrales en las cuales se da cuenta de cantidad de proyectos presentados, tratamientos de los mismos, aprobaciones y sanciones.
Instalación de oficinas legislativas regionales: a partir de 2017 se procedió a abrir oficinas en distintas regiones de la provincia para poder interacturar con mayor fluidez con la ciudadanía, no sólo en la recepción de demandas sino en transparentar la tarea legislativa cotidiana.
Rendición de cuentas anuales: presentación en diciembre de informes públicos y abiertos de lo realizado por cada área de la Cámara de Senadores, para conocimiento de toda la ciudadanía.
Estos son algunas de las tareas realizadas desde diciembre de 2015 a la fecha. Por supuesto que no suplen las demoras y la necesidad de tener una ley de acceso a la información pública, pero sí implican acciones concretas en ese camino, en el alcance de lo posible, y con una clara decisión política de apertura plena del Poder Legislativo.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
