El revuelo por el salario de los legisladores no cesa. El hecho preciso es que el bruto (sin descuentos) llega a 70 mil pesos, el resto está plagado de imprecisiones y versiones interesadas.
En tanto, ayer la Legislatura fue un sordo campo de batalla al interior de los bloques del oficialismo, cuyos integrantes decidieron por mayoría meterse al bolsillo el total de la dieta, con el argumento de que el incremento es legal. Además, suscriben a que cualquier modificación de las dietas se haga a partir de una nueva ley de sueldos.
Esa decisión llegó después de una larga reunión de diputados y senadores del Frente para la Victoria (FpV). Esa reunión agitó las aguas al interior del PJ: el senador y presidente de la bancada FpV Gustavo Arenas no se sentó en su lugar de conductor y se retiró antes de terminada la sesión.
El salario de los funcionarios políticos está teñido de innumerables preconceptos y desconocimientos, empezando por la idea de que en la Legislatura existe un“dietazo”. No son los legisladores los que se fijan la dieta, sino la paritaria de la Administración Central, esa que empujaron los gremios estatales y por la que consiguieron 35% de incremento.
La pirámide salarial de los funcionarios está atada al salario del Gobernador y el del Mandatario al de los emolumentos empleados, de acuerdo a la ley 5.811. El Gobernador cobra el doble de la clase 13 (la más alta del escalafón estatal), más antigüedad y título.
De acuerdo a la misma ley, los legisladores cobran el 95% del Gobernador; los ministros el 94% y así sucesivamente todos los cargos políticos tienen un porcentaje (secretarios, subsecretarios, directores y asesores).
Entonces, no existe el dietazo. De hecho, no faltan quienes rezongan amargamente respecto de la actitud del Frente de Izquierda (FIT), que denunció hace una semana el incremento, pero que lo empezaron a cobrar con el sueldo de mayo.
La queja incluye el hecho de que es la propia precandidata a senadora nacional de esa fuerza, Raquel Blas, empujó el incremento y ahora sun compañeros del FIT se rasgan las vestiduras como sino supieran que eso pasaría.
De hecho, hay quienes recuerdan que cuando se homologó la paritaria estatal, el FIT también votó a favor en la Legislatura, no podían desconocer que el efecto de esa paritaria sería el incremento a todos los cargos políticos. La queja también abarca a los medios de comunicación, que también hacen foco en la Legislatura, pero nada dicen acerca de que el incremento también alcanza a los funcionarios en Casa de Gobierno.
Las quejas sordas son reales. El incremento alcanza a todos los cargos políticos, incluido el gobernador Francisco Pérez y todo por la paritaria que firmada con ATE; pero la tormenta se desató en la Legislatura. “Lo que está en discusión es la idea generalizada de que los legisladores no trabajamos. Hay muchos que sí lo hacemos y somos honestos”, decía un encolerizado Arenas.
Su enojo venía de la reunión oficialista de ambas cámaras. Arenas proponía que se congelaran los aumentos por decreto de Pérez, tal como se hizo el año pasado. “(Alfredo) Cornejo pide un gesto de austeridad, los legisladores radicales cobran con el incremento y luego lo donan, pero la plata sigue saliendo de las arcas del Estado.
La UCR termina haciendo lo mismo que el FIT; además la austeridad que está predicando Cornejo está creando el clima para el ajuste. Yo no quiero ser la excusa para eso” decía el senador para justificar el congelamiento de los salarios de todos los funcionarios.
Los legisladores del FpV decidieron otra cosa. El incremento es legal, resultado de paritarias que fueron homologadas con el voto unánime de todas las bancadas, por lo que es coherente aceptar sus consecuencias.
Los legisladores del FpV también recuerdan el voto positivo que dieron a la ley de topes salariales. Ese recuerdo no es ingenuo, la ley 8.727 fue recurrida por los gremios estatales ante la Justicia, particularmente Ampros, y esa norma fue declarada inconstitucional en julio pasado. Esta vez el destinatario directo es la socia de Blas en la lucha paritaria, Isabel del Popolo, dónde hay profesionales médicos que cobran más que el gobernador y los legisladores.
La ley de topes proponía un método para que la pirámide salarial del Estado se ordenara gradualmente poniendo el salario del gobernador por encima de todos los que se pagan en el Estado.
Por último indicaban que “las posturas que proponen disponer parte de la dieta, no son más que actos demagógicos y de oportunismo electoral que de ninguna manera solucionan problema alguno relacionado con las finanzas del Estado”; mensaje directo al FIT y a la UCR, las dos fuerzas que o donan parte de sus ingresos al partido o que donarán el incremento respectivamente.
Las Heras "congeló" sueldos hasta diciembre
Mientras la Legislatura se debatía en estos menesteres del salario, ayer el Concejo Deliberante de Las Heras aprobó una ordenanza para congelar los sueldos de todos los funcionarios políticos de esa comuna al cobrado de febrero pasado, antes de la paritaria y el retroactivo. El congelamiento durará hasta el 31 de diciembre próximo.
Desde la Municipalidad se decía que el proyecto de ordenanza fue remitido por el intendente Rubén Miranda hace un mes. El jefe de gabinete de Las Heras, Daniel Urquiza, dice que apenas fueron notificados por la Contaduría del incremento salarial, el 29 de junio pasado, Miranda mandó el proyecto de ordenanza y, casi al mismo tiempo, emitió un decreto para congelarse su salario y el de los funcionarios políticos de la comuna. “El congelamiento lo firmaron todos los funcionarios y el bloque de concejales del FpV” dice Urquiza.
En Las Heras también hay enganche con el gobernador. El intendente cobra el 90% de lo que percibe el Mandatario provincial, el presidente del Concejo Deliberante cobra el 97% y los ediles el 95%.
Ayer el Concejo votó el congelamiento al mes de febrero, que salió aprobado con el voto de los cinco ediles del FpV más el del FIT. Hubo dos abstenciones (Libres del Sur y peronismo) y tres votos negativos de la UCR.
