Legalizarán a los “autos rurales” que trasladan pasajeros

El transporte rural -también conocido como auto rural compartido- no tiene nada de novedoso en los parajes más alejados de la zona urbana en Mendoza.

Ya sean docentes que lo usan para ir a escuelas en el secano o en la zona de montañas, o vecinos que se organizan para viajar periódicamente a la ciudad con la idea de abastecerse de víveres indispensables, lo cierto es que recurren a quienes con camionetas o autos ofrecen el servicio a cambio de dinero.

Si bien desde 2009 existe un decreto que regula la figura del "auto rural compartido", actualmente hay apenas 11 vehículos inscriptos (todos del Este, Valle de Uco y Lavalle); esa cifra está muy por debajo de la cantidad real de rodados que brindan este servicio.

Por eso es que el Ejecutivo pretende darle un nuevo marco legal, unificado y comprendido en una única ley: la de Movilidad Provincial que ya ingresó a la Legislatura. 

"Hay algunas zonas de Lavalle, en el secano, donde existen estos transportes que -por ejemplo- entran un día, se quedan ahí en la zona y salen de vuelta temprano al día siguiente. Esto se repite todas las semanas", destacó Silvia, quien trabaja en una escuela de Lavalle.

“Aquí hay distancias muy largas y el servicio público de pasajeros es bastante deficiente, no cubre la mayoría de las zonas rurales. Sería muy bueno que ahora que está por salir la licitación del transporte público se sentaran a analizar estas situaciones, ya que es mucho más costoso el servicio particular contratado que ampliar la traza de recorridos de los colectivos y abarcar mas zonas”, resumió la docente.

Desde la secretaría de Transporte destacaron que con la reglamentación se pretende revertir la situación de inseguridad de aquellos vehículos que operan sin estar registrados.

En los distritos San Miguel y Arroyito (ambos enclavados en el secano lavallino) los vecinos ya han acomodado su rutina a estos vehículos. “Todo surgió a raíz de una anciana a quien tenían que hacerle diálisis. Entonces el transportista la llevaba a la Ciudad, y otras personas empezaron a aprovechar ese servicio. Así fue aumentando el recorrido”, destacó Silvia.

También es común que docentes de escuelas alejadas se organicen para ir a sus trabajos en alguno de estos transportes. "Aquí venimos cada uno en su auto. Antes, algunas arreglaban con otra compañera que vivía cerca para alternarse y venir un día en el  auto de una y al siguiente en el de la otra. Pero principalmente por el temor a algún accidente y lo que podría ocurrir legalmente dejamos de hacerlo", sintetizó Marcela, quien trabaja en una escuela de El Carrizal.

Bajo la figura de “auto rural compartido” están inscriptos solo 11 vehículos. De acuerdo al decreto 3.405/2009, para poder brindar este servicio hay que detallar la empresa que contrata, un informe de libre deuda, y la constancia de inscripción y el estado de cuenta en Ingresos Brutos. Se exige además la inscripción en AFIP y los últimos 3 pagos como monotributo o autónomo.

El impuesto Automotor al día y que el vehículo esté radicado en la provincia son exigencias, que se suman a la tarjeta verde y el certificado de desinfección de la unidad, junto a la licencia de conducir profesional y la libreta sanitaria del conductor.

En cuanto al seguro del  vehículo, se exige el pago al   día y que sea de responsabilidad civil hacia terceros transportados, no transportados y bienes materiales de los terceros.

La cobertura no debe ser inferior a $ 13 millones de pesos por acontecimiento. Mientras que se exige al conductor ART con número de contrato, vigencia y nómina de personal asegurado.

Teniendo en cuenta el bajo número de autos registrados -la mayoría son clandestinos- y que la actual ley de Transporte es una especie de “Frankenstein” (dado que está conformada por un combo de modificaciones, resoluciones y decretos), la intención del Ejecutivo es agrupar todo bajo una única ley, con los mismos requisitos -o similares, según la prestación-.

Así, el nuevo “transporte rural” (artículo 77) del proyecto se define como “servicio mixto de transporte de pasajeros y cargas, que previa habilitación de la autoridad de aplicación podrá ser prestado por un transportista que brinda su servicio en departamentos y/o distritos rurales, con el fin de trasladar a quienes, desde puntos alejados al radio urbano departamental, deben llegar o volver de éste en busca de víveres y enseres”.

Para habilitar este servicio resultará indispensable que la zona de cobertura no se encuentre comprendida dentro del servicio regular de transporte público (colectivos) y tampoco sea de fácil acceso para taxis y remises.

Además, se aclara que la carga autorizada a transportar en el vehículo deberá ser del pasajero. Y que “podrán afectarse a este tipo de servicios vehículos de hasta 20 años de antigüedad”.

Luego de que Los Andes revelara que el proyecto de Ley de Movilidad reduce a la mitad la antigüedad requerida para los vehículos que funcionen como transportes escolares -pasa de 20 años a 10, las quejas de los dueños de estos vehículos no tardaron en hacerse escuchar.

Primero fue el presidente de la Cámara que nuclea a los dueños de transportes escolares en Mendoza (Caprotem), Jorge Bonno, quien se mostró muy preocupado por el proyecto y destacó que “si limitan la antigüedad, desaparecemos”.

Un día después varios vehículos fueron a la Legislatura. Y ayer por la mañana casi un centenar de transportistas se manifestaron nuevamente en la puerta de la Casa de las Leyes exigiendo que se dé marcha atrás con la iniciativa. El proyecto del Ejecutivo provincial ya ingresó y está siendo analizado por los diputados.

“Queremos que se nos siga respetando la antigüedad de 20 años y que no se nos baje a 10. O que, en caso de que no haya intención de rever esto, al menos se nos autorice una línea de crédito acorde a nuestras necesidades Un vehículo para que sea transporte escolar cuesta entre 900.000 y 1.000.000 de pesos, y somos todos empresas familiares”, destacó Bonno.

Además, el empresario sostuvo que nunca se los consultó ni se les avisó de esta decisión, y que se enteraron al verlo en Los Andes.

La cifra de transportes escolares autorizados en Mendoza también ha despertado una polémica reciente. Es que mientras desde la cámara insisten en que son 270, en el registro oficial aparecen inscriptos solo 179.