Las lecturas de un inédito reclamo salarial

La inédita protesta de gendarmes y prefectos por problemas salariales produjo bastante inquietud en el país durante los últimos días. Si bien el foco del reclamo estuvo concentrado en las sedes de la Prefectura y de la Gendarmería, en Buenos Aires, las manifestaciones de adhesión en los distintos lugares que ambas instituciones poseen a lo largo y a lo ancho del país hicieron temer un debilitamiento de las labores de seguridad que ambas fuerzas llevan a cabo. Afortunadamente, el profesionalismo y la prudencia de la mayoría de sus miembros evitó males mayores.

La restitución de las quitas salariales que dieron lugar al reclamo y la elevación de un petitorio de las fuerzas autoconvocadas a las autoridades del Ministerio de Seguridad, no resultaron suficientes para que la actitud de protesta cesara. Por el contrario, los efectivos rebeldes anunciaron que recién cuando se conozca la respuesta del Gobierno podrían llegar a deponer su actitud si la propuesta oficial les resulta convincente.

Los sucesos son preocupantes, entre otros motivos, por el quebrantamiento de la disciplina que debe imperar en toda fuerza de seguridad. Es menester que, más allá de la eventual legitimidad de su reclamo, gendarmes y prefectos encuadren sus acciones con la subordinación a las autoridades legalmente constituidas que la verticalidad propia de toda fuerza militarizada impone.

Sin embargo, cabe también exigir a los funcionarios nacionales que asuman su cuota de responsabilidad en la materialización y búsqueda de la solución del diferendo, en vez de querer culpabilizar -como hacen siempre- a terceros.

La conflictiva liquidación de sueldos por aplicación de un controvertido decreto, son demostrativas de graves falencias de la gestión gubernamental y una preocupante falta de coordinación entre los integrantes del gabinete nacional; principalmente, entre los propios funcionarios de un mismo ministerio, según se desprende de las interpretaciones escuchadas sobre el problema generado.

Todo lleva a determinar que el malestar que ahora salió a la superficie con esta reacción de los uniformados deriva de una situación que se generó durante la administración de Carlos Menem y que se profundizó en su momento durante la gestión del ex presidente Néstor Kirchner. En ese punto deben detenerse las autoridades nacionales para dejar conformes a los asalariados uniformados.

Por lo tanto, resultaría altamente conveniente que mientras espera la respuesta oficial a las peticiones salariales y laborales, el personal de Gendarmería y Prefectura volviera totalmente a sus labores.

Con respecto al Gobierno, deben sus integrantes advertir que detrás de esta inédita protesta no ha estado en juego la vigencia del sistema democrático y que si se llegó a tal grado de descontento entre integrantes de fuerzas llamadas, precisamente, a cuidar el orden público, ha sido por un imperdonable descuido que hasta pudo poner de manifiesto cierto grado de subestimación hacia los afectados por la mala liquidación de haberes.

Forzar reiteradamente la visión de actitudes conspirativas detrás de ésta y otras reacciones de la ciudadanía es lisa y llanamente no querer reconocer la realidad, es aislarse cada vez más de la misma, con lo cual los problemas no dejarán de agravarse.

El Gobierno nacional debe urgentemente recuperar la lógica del sentido común para formular sus diagnósticos en vez de seguir apelando a abstracciones ideológicas. Debe, también, apelar a la gestión efectiva en vez de interpretar todo lo que está pasando como un ataque desestabilizador contra su administración porque si no, de tanto inventar enemigos afuera, terminará siendo el peor enemigo de sí mismo.