No hay mendocino que no sepa que el problema de la vivienda es un tema acuciante en la provincia. Es lo que subyace detrás del conflicto que mantiene en veredas opuestas a la titular de un terreno de 3,5 hectáreas ubicado en Rodeo de la Cruz, a los vecinos (o una parte de ellos) y al municipio de Guaymallén.
El terreno en cuestión fue usurpado hace algunos años por 30 ó 40 familias y hoy ese número creció a 104, lo que representa un universo de 500 habitantes, de los cuales 150 son niños. En ese lugar creció el barrio Progreso, en atención a que una de las calles del asentamiento se llama así, aunque en algunos planos figura como A. Solari.
El inmueble pertenece legalmente a la señora María Celia Monfarrell, quien lo recibió como herencia.
La mujer contó que descubrió la ocupación del terreno en 2009 y que a partir de ese momento se inició un largo peregrinaje por dependencias policiales, fiscalías, la Municipalidad y hasta Edemsa para recuperar el predio, parte de una extensión mayor de 8 hectáreas.
“Descubrimos -dijo Monfarrell- que (los funcionarios) decían hacer algo, pero no hacían nada. Lo cierto es que yo durante todo este tiempo pagué los impuestos (agua), derecho de riego y gravámenes municipales”.
La idea de la propietaria, afincada en Guaymallén, era que cada morador abonara el valor de una parcela para levantar su techo. “Pero en 2014 gente de la Municipalidad de Guaymallén se presentó en el lugar para decirles a quienes vivían allí que no escrituraran ni pagaran (las fracciones) porque se lo iban a hacer desde la comuna”, denunció la mujer.
Por supuesto que en el entorno del jefe comunal, Luis Lobos, se negó tal comportamiento, aunque se iniciaron las tramitaciones para que el conglomerado recibiese el plan nacional Promeba (Programa Mejoramiento Barrial), que tiene por meta efectuar obras de apuntalamiento de barriadas o asentamientos de muy baja o casi nula infraestructura. “El municipio no pagó, se metió, y comenzó los trabajos del Promeba”, amplió la damnificada.
En 2014 se hicieron nuevos acercamientos entre las partes, firmándose un convenio entre el IPV y el municipio por el cual el último organismo se comprometió a abonar $ 650.000 por el terreno, valor que surgió de la tasación del mismo, para poder ejecutar los arreglos que necesitaba el lugar.
La señora Monfarrell debía gestionar una “oferta de donación con cargo” de un número de alrededor de 35 particulares que ya tenían escritura a su favor, y una vez que se hicieran los traspasos correspondientes, comenzaría el operativo de mejoras. “El pago y la escrituración al municipio no se realizaron, aunque se iniciaron, sin autorización, los tendidos de redes de agua potable y cloacas, lo que está bien, pero una vez que diera cumplimiento a lo convenido”, aclaró Monfarrell.
La presidenta de la unión vecinal, Laura Di Buduo (quien habita el lugar desde hace 5 años), se quejó de que los contratos de compraventa (entre la titular del dominio y los vecinos) fueron aumentando: “De costar cada lote entre 17 y 18.000 pesos, pasaron a valer 25.000, y luego 40.000”. La dirigente reconoció que 30% de la población del lugar “está sin pagar”, pero confió que todo se regularizará cuando se aplique lo acordado entre los titulares de la propiedad y la Municipalidad.
También agradeció que el Promeba haya avanzado con las obras, consistentes en el tendido de agua, cloacas, perfilado de acequias y otros progresos urbanísticos.
Y afirmó que previamente al ingreso de operarios y máquinas, lo hizo un equipo de campo “para hablar con todos nosotros y facilitar la tarea porque estamos empeñados en progresar y mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de los niños”.
"Cumpliremos con el pago"
Voceros de la Municipalidad de Guaymallén señalaron que la repartición, si bien está atrasada en el compromiso, finalmente cumplirá la palabra empeñada y procederá al pago del terreno.
Un funcionario cercano al intendente Luis Lobos agregó que “las partes no deben tener temores. Hay atrasos porque la partida para comprar el terreno debe estar contemplada en el Presupuesto Municipal 2015, y para que eso ocurra hay que efectuar una modificación presupuestaria, que debe ser tratada y aprobada por el Concejo Deliberante. Pero el compromiso asumido, que no desconoce está administración, será respetado”.
En el IPV se indicó que como el tema era llevado adelante por el municipio, no había comentarios para efectuar.
