La Dirección General de Escuelas deberá pagarles a los padres de un alumno de tercer grado 60 mil pesos -actualizado el monto llega a 100.000 pesos- luego de que el chico perdiera el 50% de una pieza dental durante una pelea que mantuvo con un compañerito durante un recreo.
Según denunciaron los padres del menor, en 2008, el chico cursaba el tercer grado en la escuela Domingo Bombal de Capital. En la mañana del 7 de agosto, durante un recreo, otro alumno comenzó a golpearlo. Los chicos que estaba en el patio llamaron a la maestra encargada de cuidarlos durante el recreo y, cuando la docente se acercó, el chico logró zafar de la golpiza, se desestabilizó, perdió el equilibrio y cayo al piso, golpeándose en la boca.
En marzo del año pasado la jueza civil Erica Andrea Deblasi condenó a la DGE por daños y perjuicios. Ahora, la Cámara Civil, en un fallo de los jueces Gladys Delia Marsala y María Teresa Carabajal, confirmó la sentencia, luego de que la DGE apelara el primer fallo.
Ambos fallos sostienen que el chico deberá recibir $ 30.000 por el daño material y otros 30.000 pesos por el daño moral.
Según los peritos, el alumno sufrió una fractura coronaria de la pieza 41 con pérdida de más del 50% de la corona y fractura leve del borde incisal del 21 y 11. Además, "se observa que al sonreír se puede ver la pieza dentaria 41 fracturada, afectando la estética del paciente".
Por otra parte, se tuvo en cuenta la opinión de un médico, quien afirmó: "Nos encontramos frente a un niño que sufrió una experiencia traumática por violencia externa que le provocó la pérdida de su pieza dental, lo que motivó a que se realizaran diversos tratamientos conservadores que finalmente no tuvieron éxito, un cambio en su imagen y una alteración de carácter psicológico que concluyó con un cambio de colegio, abandono de la práctica de los deportes (miedo a sufrir traumatismos) y un déficit de su imagen corporal".
Según el fallo, las escuelas son garantes de todo lo que le sucede al alumno, y de todo lo que hace el alumno, mientras está bajo la autoridad educativa, salvo la prueba del caso fortuito. Además, la ocurrencia del daño debe producirse durante una actividad realizada bajo control del establecimiento educativo.
También se cita a la Suprema Corte, que sostiene: "Los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno; no son accidentes, sino infortunios que pueden ser anticipados, y son sus guardadores adultos los encargados de fijar límites y de cuidar que no sean traspasados".
