Para cerrar el conflicto que atormenta a Lavalle desde hace dos meses, el intendente Roberto Righi (PJ) está dispuesto a incorporar a la planta permanente de personal a todos los contratados con locación de servicio y obreros temporarios que comenzaron a prestar servicios a la comuna antes del 31 de diciembre de 2012.
Se trata de "casi" 300 personas cuya incorporación se hará en tres tandas semestrales entre los dos semestres de este año y el primero del que viene. Durante el segundo semestre de 2015, el proceso de efectivización se detendría ya que por ley electoral no puede haber incorporaciones de personal en los meses previos a una elección. La planta de personal actual de la comuna lavallina suma 440 personas por lo que el crecimiento de la planta efectiva alcanzará el 70% en tres semestres.
Aunque nadie se anima a asegurarlo del todo, son muchos los que apuestan a que hoy puede quedar resuelto el conflicto en Lavalle. Lo anticipó el clima en el que terminó la reunión de ayer en la que -sin embargo- no se pudo llegar a un final feliz por la falta de firma del municipio, cuyos representantes regresaron inexplicablemente a la comuna antes del final del encuentro.
Anoche se evaluaba si hoy (en principio a las 14) estará presente el apoderado municipal, Hernán Pascual o el propio intendente Roberto Righi. Para el sector mayoritario del Sindicato de Empleados Municipales "el conflicto ya está resuelto" -según dice su titular Oscar Hernández- y para ATE "somos optimistas de que este viernes se pueda resolver", según adelantó anoche la dirigente, María Elena Garro, luego de la asamblea lavallina.
No obstante, la postura de ATE contempla que también se tenga en cuenta en el cronograma de incorporación a la planta permanente (en 2016) a cien contratados que comenzaron a prestar servicios durante 2013.
El entendimiento se alcanzaría en torno a un compromiso que contempla el pago de 500 pesos en enero, en febrero y en marzo independientemente de lo que se acuerde en la paritaria 2014; el reconocimiento de errores de liquidación salarial durante los últimos dos años y el pase a planta permanente de los contratados y trabajadores temporarios en los próximos dieciocho meses.
Específicamente con ATE se firmaría un compromiso que evitaría despidos y traslados entre los huelguistas.
Los puntos fueron analizados ayer durante una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de la que participaron unos cuantos funcionarios provinciales, una senadora de la provincia originaria de Lavalle, (curiosamente ninguno de la comuna lavallina) y dirigentes de los dos gremios involucrados.
Estuvieron también presentes: el coordinador paritario del Estado, Mauricio Guzmán; la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, Fernanda Lacoste y la senadora provincial del Frente para la Victoria, Claudia Segovia.
Desde el gremio que dirige Raquel Blas se destacó la participación -como observadores- de "delegados municipales de otras comunas", lo que confirma la intención gremial de generalizar planteos similares en otros municipios.
El conflicto evolucionó sin acuerdo durante dos meses y alcanzó a convocar una concentración de vecinos a favor de la comuna en Lavalle y una marcha de reclamantes de ATE ante la Casa de Gobierno. Algunos de ellos se encadenaron durante dos jornadas. Durante la Noche Buena en la Maestranza de la comuna, otros manifestantes fueron visitados por el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.
En tareas de acercamiento entre las partes intervino el párroco del departamento (padre Juan) y la reunión de ayer contó con el auspicio del gobernador, Francisco Pérez. El conflicto lavallino puso una vez más sobre el tapete la puja sindical existente en los departamentos entre los gremios históricos (Municipales) y ATE.
En diciembre las diferencias entre la comuna y los gremios provocaron incidentes que llegaron a conmocionar al departamento: los manifestantes arrojaron residuos en la casa del intendente Righi, hubo cruces de agresiones entre manifestantes y funcionarios en el domicilio de un integrante del Gabinete y el área de Maestranza fue tomada el 9 de diciembre pasado. Las medidas de acción directa se sucedieron a pesar de que la Subsecretaría de Trabajo declaró la ilegalidad del paro el 12 de noviembre, lo que fue desconocido por los reclamantes.
