Sólo es necesario hacer referencia a unos pocos números para entender la magnitud del operativo que se realizó el martes pasado por una denuncia de trata de personas. Gendarmes y oficiales de la Justicia Federal allanaron 13 propiedades, detuvieron a 10 personas e incautaron casi 2 millones de pesos, además de 5 armas de fuego y 8 vehículos.
Si bien ayer recién comenzaban las indagatorias, desde Fiscalía anunciaron que pedirán el decomiso del inmueble donde funcionaba uno de los prostíbulos.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima en el Ministerio de Justicia de la Nación, por parte de alguien que aseguraba haber sido víctima de trata de personas en un establecimiento ubicado en calle 25 de Mayo al 1100 (de Ciudad) y que en el sitio también había menores. La causa fue derivada a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), que la remitió a la Fiscalía Federal 2.
Desde esta oficina se inició el proceso en febrero y se dio intervención a Gendarmería, para que iniciaran la pesquisa. El trabajo de campo permitió descubrir que no sólo había una persona que regenteaba el prostíbulo, sino que trabajaba asociada a otra que hacía los contactos con potenciales clientes.
También se determinó que un médico ginecólogo atendía a las mujeres que allí trabajaban -y que les habría practicado abortos- y que hasta un inspector municipal facilitaba el funcionamiento del lugar.
El martes pasado, por la noche, se concretaron los allanamientos, que autorizó el juez federal Walter Bento. En realidad, aunque la causa más resonante es la relacionada con el prostíbulo de calle 25 de Mayo, también se allanó otro, ubicado en Eusebio Blanco (de Ciudad), pero con un movimiento de personas, dinero y publicidad mucho menor.
Desde Gendarmería Nacional detallaron que en el operativo fueron allanados 13 lugares -dos locales nocturnos y domicilios de los involucrados- y se detuvo a 10 personas. También se incautaron 5 armas de fuego de distinto calibre, estupefacientes (casi 3 kilos de marihuana), vehículos (5 autos, 2 motos y un arenero) y dinero en efectivo (además de moneda argentina, pesos chilenos, dólares, euros y reales) por un monto total de más de 2 millones de pesos.
De hecho, Fernando Alcaraz, a cargo de la Fiscalía Federal 2, solicitó al fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que monitoreara el procedimiento. Es que si bien la causa comenzó como una denuncia por trata de personas, se encontró que había mucho movimiento de dinero que no se podía justificar.
El fiscal federal subrogante Alcaraz anunció además que han decidido pedir el decomiso del inmueble donde funcionaba el prostíbulo, con independencia de quién figure como propietario. Esto es para desfinanciar la actividad, ya que consideran que si les quitan los bienes, dificultan que puedan volver a ejercerla en un futuro inmediato. Por otra parte, el monto incautado fue depositado en el Banco Nación en la mañana de ayer.
El juez federal Walter Bento resaltó que ya había ordenado un allanamiento en el mismo local de calle 25 de Mayo en diciembre, pero tuvo que declararse incompetente porque antes de la modificación de la Ley de Trata de Personas, la causa quedó en manos de la Justicia provincial.
El magistrado señaló que recién ayer se iban a empezar las indagatorias e informar a los imputados sobre la calificación legal, ya que cada uno está involucrado de modo diverso.
