Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
Fueron varios los temas que ganaron las mesas de café de la Peatonal durante los últimos días. El principal, por supuesto, la buena noticia que indica que se extiende hasta fin de año la excepción del impuesto al champán, pero hubo otras que también resultan importantes, como la ratificación de la fuerte caída en la actual cosecha, la necesidad de insistir con la lucha contra la lobesia botrana y, sobre el filo de la semana, la posibilidad de que se presente en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley por el cual se prohibiría, por el término de diez años, la implantación de variedades tintoreras, como la aspirant bouchet y la alicán bouchet.
Se trata de temas importantes, pero por lo novedoso, podríamos comenzar con el tema de las uvas tintoreras. Según se supo, la información le fue brindada por el ex gobernador y actual diputado nacional José Luis Gioja a algunos representantes de entidades vitivinícolas. Les señaló que su intención es impulsar que, por un lapso de diez años, no se permita la implantación de aspirant y alicant bouchet, fundamentándose en el hecho de que se trata de variedades que son utilizadas para “teñir” vinos blancos escurridos y transformarlos en tintos.
Las uvas tintoreras son calificadas así por el altísimo índice de color que poseen. A modo de ejemplo puede señalarse que, para que un vino sea considerado “tinto” debe contar por lo menos con 500 unidades de color. Un malbec suele tener entre 1.100 y 1.400 unidades de color, pero las aspirant y la alicant suelen tener entre 3.000 y 4.000. De modo tal que, con un litro de aspirant pueden teñirse varios litros de blancos escurridos. Y el negocio es más que simple en razón de que un blanco escurrido tiene un precio de 3,50 pesos en el mercado, mientras un tinto ronda los 7,50 pesos.
Y es aquí donde se mezcla lo legal con lo ético. Porque las uvas tintoreras están autorizadas por el INV por tratarse de variedades vitis viníferas y son utilizadas en el mundo para darle mayor color y vivacidad a los tintos de calidad. Es más, en la mayoría de los viñedos de calidad, incluyendo a nuestro país, los viñedos de cabernet, malbec o merlot suelen tener intercaladas, cada determinada decena de plantas, una de tintorera. Legalmente, entonces, es una medida -la de incluir una determinada cantidad de aspirant- que se puede adoptar, pero lo que éticamente resulta inaceptable es el “teñido” en razón de que no se le está diciendo la verdad al consumidor.
Sea por ése u otro motivo, lo cierto y concreto es que en los últimos años ha crecido sustancialmente la demanda de uvas tintoreras. Una nota publicada días pasados por Los Andes indica que en diez años aumentó 284% la superficie implantada con aspirant y, aunque actualmente representa 2% de la superficie total, lo cierto es que se pasó de 1.016 hectáreas implantadas en 2005 a 3.902, en 2015. En esa decisión tiene un peso fundamental el precio de la uva. En 2015, los precios de malbec rondaron los $368,62 el quintal; por una pinot noir se pagó 224,74; por una cabernet franc 453,56 pesos y por una aspirant 504,08 pesos por quintal.
Un productor de uvas tintas manifestó su queja por lo que está sucediendo. “Nos pidieron que reconvirtiéramos los viñedos hacia variedades nobles y con mucho esfuerzo lo hicimos. Pero resulta que ahora la reconversión se hace en las bodegas...”, señaló, para agregar que “hay que tomar cartas en el asunto porque el futuro de la vitivinicultura pasa por asegurar la calidad, ya que eso es lo que piden los mercados”.
Otros temas
Ya que hicimos alusión a un proyecto del ex gobernador Gioja debemos señalar que el legislador nacional les comunicó a los dirigentes de los sectores que intentará también impulsar una ley que exima definitivamente al champán de la ley de impuestos a las bebidas suntuarias; otro que buscará bajar el IVA al mosto y también liderar la iniciativa de exigir la utilización de jugos naturales para la edulcoración de bebidas gaseosas.
“Políticamente es una oportunidad que no podemos desaprovechar”, dijo un dirigente vitivinícola, al señalar que “Gioja va a ser presidente del principal partido de oposición; el mendocino Ernesto Sanz es un hombre influyente dentro de la política nacional; Alfredo Cornejo se encuentra en el podio de la consideración de Mauricio Macri entre los gobernadores y Susana Balbo mantiene un contacto directo con el Presidente. Hace diez años que Mendoza no tiene tanto poder de fuego para impulsar proyectos estructurales”, aseguró. Agregó que, a esos aspectos, debe sumarse le intención del gobierno provincial, a través del ministro Vaquié, de trabajar a favor de las exportaciones.
Indicó la fuente consultada que debe insistirse en la calidad como principal prioridad para la industria, mientras paralelamente impulsar que los dirigentes políticos mencionados aúnen esfuerzos para lograr que quede firme, por ley, la excepción del impuesto al champán. “Hay profunda satisfacción por el decreto, pero hay que seguir trabajando”, aseguró.
En otro orden, debe señalarse que hay sorpresa generalizada con relación a la baja cosecha de este año. Se indicó que se espera cosechar, en todo el país, aproximadamente 16 millones de quintales, siendo que el año pasado se cosecharon 26 millones. En ese esquema, Mendoza sería la provincia más afectada y llegaría a los 10 millones de quintales. Aseguran que la lobesia botrana tuvo gran parte de la responsabilidad y es por eso que hay malestar en algunos productores ante posibles multas que intentaría aplicar el Senasa. “No puede ser que el gran culpable de que la plaga ingrese a la Argentina ahora quiera aplicar multas”, dijo un productor, mientras un dirigente gremial destacó por su parte que se sancionó una ley que destinaba una suma importante para combatir la plaga, pero no se ha enviado porque no fue incluida en el presupuesto nacional.
Precisamente y tomando en cuenta la baja cosecha es que el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este solicitó a los legisladores provinciales la sanción de un proyecto que modifique la ley de emergencia agropecuaria, a fin de que se incluya a los productores que han visto disminuida su producción como consecuencia de la botritis, peronospora, pudrición u otros factores, indicando que los mismos sólo pueden ser cuantificados post cosecha.
