La corrupción es una responsabilidad de quienes la practican y también de aquellos que la permiten o no la combaten. Después aparecen, con igual grado de desaprobación por parte del ciudadano honrado, la viveza criolla, la cultura de zafar, el no respetar las normas y otras tropelías. Todo eso genera un clima que favorece la corrupción. Y por derivación, una de las cosas graves de la realidad nacional es la impunidad, que favorece la expansión de la deshonestidad.
Están saliendo a la luz hechos de corrupción, que junto con la inseguridad figuran entre los episodios que más preocupan a la comunidad.
El reciente descubrimiento en galpones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados (PAMI), por parte de las actuales autoridades, de unas 16 mil sillas de ruedas oxidándose y sin llegar a destino, produjo un previsible estallido de ira y bronca entre los ciudadanos por la maldad final de esa acción. Son 16 mil argentinos olvidados, en su mayoría personas grandes en edad o con algún grado de discapacidad motriz, a las que se escamoteó la posibilidad de acceder a esa herramienta vital para sus desplazamientos, al no poder adquirirlas por sus altos costos en el mercado.
Muchas de las sillas eran nuevas y nunca llegaron a destino. Es casi seguro que no pocos argentinos, con situaciones de pobreza bien definidas, esperaron acceder a uno de esos elementos o reemplazar los vetustos que poseían, y en esa demora se les fue la vida.
Es una canallada, una aberración que tendrá que ser investigada hasta sus últimas consecuencias porque se operó contra habitantes vulnerables, en la mayoría de los casos con escasas posibilidades de llevar adelante sus protestas.
En distintas provincias, incluida Mendoza, se reprodujeron historias de afiliados que necesitaban sillas para mejorar su calidad de vida, y no pudieron acceder a ellas, agravando sus dificultades en el diario vivir.
Frente a la noticia triste y decadente de esta desidia surge, por suerte, el anuncio de que alumnos de escuelas técnicas de todo el país se encargarán de reparar las miles de sillas de ruedas que se encontraron apiladas y oxidándose para que lleguen finalmente a los jubilados que esperan por ellas, ya que la demanda que tiene el PAMI de estos accesorios alcanza a 30.000 por año.
Este procedimiento de poner en servicio los abandonados y herrumbrados implementos ortopédicos, es una buena noticia al menos entre tanta incuria, maldad y violación de derechos humanos, justo cuando la institución está celebrando su creación, dispuesta por la ley 19.032 de 1971, en un intento por dar respuesta a un delicado problema que afectaba a la tercera edad: la falta de atención médica y social por parte de las obras sociales de origen del beneficiado.
Por contrapartida resulta al menos reconfortante el caso testigo e inédito del intendente de la localidad de Larroque, en el sur de Entre Ríos, Darío Benedetti, quien devolvió al Ministerio del Interior 13 millones de pesos de un presunto sobreprecio que detectó en una obra pública (la pavimentación de 14 cuadras) que fue ejecutada en ese pueblo por su antecesor, y financiada por el Estado nacional.
En síntesis, la corrupción es una enfermedad social que si se la deja crecer aparece en todos los niveles de la vida pública y privada por lo cual es imprescindible golpear a ese mal de raíz en cualquier lugar donde aparezca, arriba o abajo.
