Sobornos millonarios y políticos implicados en una decena de países de América Latina: las acusaciones de corrupción contra el gigante de la construcción brasileño Odebrecht eran conocidas desde hace tiempo, pero los detalles
presentados por la Justicia estadounidense sacudieron hoy a toda la región por las nuevas implicaciones del caso.
Las revelaciones del Departamento de Justicia norteamericano en lo que calificó como su “mayor caso de corrupción” vinculado con una empresa extranjera cifraban en 788 millones de dólares los sobornos pagados por Odebrecht a lo largo de 15 años, desde 2001, en países como Venezuela, Argentina, México o Colombia.
Además de dar montos concretos, la Justicia estadounidense comunicó que Odebrecht y la petroquímica Braskem, la segunda empresa brasileña implicada en el “esquema de pago de sobornos”, se declaraban culpables y aceptaban pagar una multa de 3.500 millones de dólares ante las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos para eliminar los cargos.
El caso está relacionado en Brasil con la investigación de una red corrupta en torno a la petrolera estatal Petrobras, en el caso conocido como “Lava Jato”. La Justicia brasileña investiga a decenas de políticos por haber recibido presuntamente sobornos de compañías como Odebrecht para facilitarles contratos con Petrobras.
Las acusaciones estadounidenses confirmaban la sospecha de que se trataba además de una práctica generalizada en todo el continente, a través de un mecanismo institucionalizado de pagos ilícitos (“un departamento de sobornos”, lo llamó un fiscal norteamericano) para conseguir los contratos.
Al mismo tiempo, la admisión de culpas de Odebrecht implica una inculpación tácita contra los funcionarios acusados de corrupción en diez países latinoamericanos (Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana), además de Angola y Mozambique, consideró el analista.
El país más implicado en los presuntos pagos de la constructora es Venezuela, donde Odebrecht gastó 98 millones de dólares entre 2006 y 2015 en “pagos corruptos a funcionarios gubernamentales”, según los documentos de la Justicia estadounidense.
En Argentina, el pago de sobornos ascendió a 35 millones de dólares entre 2007 y 2014 durante los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en México, entre otros países, la constructora desembolsó 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014, en una fase que cae entre los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Los detalles publicados en Estados Unidos amenazaron con abrir la caja de Pandora de la corrupción en varios países.
