La presidenta Cristina Fernández resolvió que a partir de ayer se deje sin efecto las detracciones del 15 y del 1,9 por ciento de la masa de recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos, lo que implicará una quita de 91.545 millones de pesos anuales a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en favor de las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el propio Tesoro nacional.
La medida se dispuso por medio del decreto de necesidad y urgencia 2635, publicado ayer en el Boletín Oficial, y va más allá de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, que había dictaminado la inconstitucionalidad de esos recortes, pero limitado a las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Por el fallo de la Corte, los recursos que la ANSES y la AFIP deberían resignar en 2016 serían de 16.552 millones de pesos, pero como el DNU lo extiende a los 24 distritos el monto se elevaría a 91.545 millones, un 453 por ciento más, de acuerdo con las proyecciones de la consultora Economía & Regiones.
“Dispónese el cese a la detracción del QUINCE POR CIENTO (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del ‘Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales’ del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones”, señala el DNU, que en otro artículo extiende el cese a las deducciones aplicadas por la AFIP.
La semana pasada, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa deducción y le impuso un plazo al actual Gobierno para restituir el dinero a las provincias de Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional.
Asimismo, declaró inconstitucional un decreto presidencial vigente desde el gobierno de la Alianza que bajó en 1,90 por ciento los recursos coparticipables del Estado nacional con las provincias, situación que también se restituye en el DNU publicado ayer.
La detracción del 15 por ciento de la masa de recursos coparticipables se estableció en el Pacto Fiscal I del 12 de agosto de 1992, con el objeto de financiar la transición del sistema previsional estatal al privado.
Esa detracción fue prorrogada por medio de diferentes acuerdos entre la Nación y las provincias, hasta que en el Presupuesto de 2006, en su artículo 76, se establece su continuidad sin acuerdo interprovincial.
Por tal razón, las provincias de San Luis, Santa Fe y, posteriormente, Córdoba consideraron que la continuidad de esa quita de recursos era inconstitucional y en consecuencia presentaron sus demandas ante la Corte Suprema.
La misma postura tomaron ante el decreto 1399/01 del ex presidente Fernando de la Rúa, que dispuso un recorte de la masa coparticipable del 1,9 por ciento en favor de la AFIP.
Como ambos recortes se aplican sobre la masa coparticipable antes de su reparto, el 15 por ciento se discrimina entre 8,499 por ciento para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 6,501 por ciento para la Nación, ya que la distribución primaria le asigna a cada parte el 56,66 y el 33,34 por ciento, respectivamente.
Con el mismo criterio, del 1,90 por ciento de la AFIP irá el 1.07654 por ciento para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y el 0,82346 por ciento para el Tesoro nacional.
El macrismo advierte sobre el impacto
El futuro ministro de Trabajo, Jorge Triaca, advirtió que la decisión del Gobierno de devolver 15 por ciento de coparticipación a las provincias “es un golpe muy fuerte para los recursos de la ANSES”.
“Es una de las tantas otras cosas que hizo el Gobierno ya en el momento de irse para dejar más complejidad en manos del que viene”, cuestionó el diputado.
El futuro funcionario concluyó que “es un golpe muy fuerte para los recursos de la ANSES” y opinó que era un elemento que el Gobierno debía hablar con el frente Cambiemos, para determinar “de qué forma darle cumplimiento al fallo” de la Corte Suprema de Justicia que sentenció que devolviera el 15 por ciento de la coparticipación.
Sin embargo, el futuro ministro de Trabajo de la Nación le trasmitió “tranquilidad a los jubilados y a los que cobran pensiones” y remarcó que la expectativa del próximo gobierno “es que los jubilados tengan una recomposición de sus haberes”.
