En los últimos años se han convertido en una constante que se suma a las tradicionales celebraciones de la Vía Blanca y el Carrusel. Se trata de las protestas que impulsan gremios y organizaciones sociales con una importante llegada a través de las redes sociales, que entorpecen la marcha de los carros y provocan insoportables demoras que no hacen más que perjudicar a cientos de miles de mendocinos que intentan participar de una fiesta y no de un reclamo, sea cual fuere el objetivo.
El Gobernador manifestó su profunda molestia y con sus palabras no hizo más que resumir el sentir de gran parte de la ciudadanía en el sentido de que habría que buscar los elementos o establecer algún tipo de sanciones hacia las organizaciones que realizan las marchas.
Debemos partir de la base de que no estamos en contra de las protestas y de los reclamos, siempre y cuando se realicen en forma ordenada y en lugares que no perjudiquen las actividades del resto de la sociedad.
Hemos insistido desde esta columna que no se puede aceptar que un grupo -en algunos casos numeroso y en otros de no más de 20 personas- procedan a cortar calles en lugares estratégicos, como el nudo vial costanera, en Colón y San Martín o en los alrededores de la Legislatura.
Mucho menos se puede aceptar que, en un afán incomprensible por alcanzar trascendencia pública, afecten a una fiesta popular y tradicional a la que concurren también decenas de miles de turistas que no entienden qué está pasando. Paralelamente, generan un verdadero descontrol en las actividades oficiales programadas y hasta en las transmisiones radiales y televisivas que tienen alcance nacional.
Este tipo de situaciones tiene su historia y en ese marco podríamos recordar lo que sucedió durante la gestión de Carlos Menem, cuando un grupo de productores de la zona Este decidió marchar el día del Carrusel portando un cajón de muerto lleno de uvas. El reclamo se cortó en el Cóndor de la avenida de Acceso Este a través de un "acuerdo" entre el ministro Eduardo Bauzá y los dirigentes, consistente en un préstamo para que los productores pudieran contar con una bodega para elaborar sus propios vinos. El dinero aportado se perdió en el tiempo, nunca fue devuelto ni tampoco invertido, pero el reclamo tuvo trascendencia nacional.
Es factible que ese hecho haya sido el disparador de situaciones similares que se vivieron a lo largo de los años. Con algunas actitudes incomprensibles, como cuando un grupo de ambientalistas en su "defensa" por el agua insultaron y faltaron el respeto al gobernador de San Juan José Luis Gioja -que había sido invitado a asistir por parte de las autoridades mendocinas- porque en la vecina provincia se permite la actividad minera. O cuando algunas organizaciones políticas "disfrazan" el supuesto reclamo cuando la realidad marca que forma parte de actividades partidarias, en razón de que, casualmente, se realizan en los años de elecciones.
Este año no fue la excepción, con la agravante de que quienes encabezaron la protesta fueron los integrantes del gremio que nuclea a los docentes.
El planteo puede tener su dosis de razonabilidad porque reclaman mayores sueldos en la paritaria, pero se convierte en una actitud cuasi prepotente cuando la defensa individual termina afectando a los miles de mendocinos, que debieron esperar más de una hora soportando el calor y también de miles de turistas que no entendían qué estaba ocurriendo.
Incomprensible también porque se trata de un gremio que nuclea a trabajadores que tienen la enorme responsabilidad de tomar parte en la formación de las futuras generaciones.
El enojo del Gobernador es comprensible porque no hizo más que reflejar el sentir de gran parte de los mendocinos y es de esperar también que desde la clase política se tome la decisión de establecer medidas tendientes a evitar en el futuro la repetición de este tipo de situaciones.
