El gobernador electo, Rodolfo Suárez, ante una información que dio este diario el domingo pasado acerca de las primeras aproximaciones que sus equipos estarían realizando para una reforma de la Constitución provincial, decidió personalmente aclarar que la cuestión de la reelección gubernamental es un tema que no está entre sus prioridades.
Bienvenida esa aclaración porque dicha ambición que han tenido muchos de los gobernadores anteriores, es una de las razones que viene trabando todo tipo de reforma total o parcial, que más allá de las enmiendas de un solo artículo, puedan realizarse en nuestra Carta Magna. Eso es debido a que son muchos los que piensan -teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en prácticamente el resto de las provincias argentinas y como aconteció en 1994 en la Nación- que las reformas constitucionales no tienen mucho mayor interés que el de procurar un mandato más (y a veces más de un solo mandato) para el político que la propone.
Además, aunque el gobernador de turno renunciara a postularse para su reelección dejando esa opción sólo para los que lo sucederán, ni aún así es fácil instrumentar una reforma de la Constitución porque una parte importante de la ciudadanía sigue sin tener demasiado en claro la necesidad imprescindible de la misma, tarea pedagógica que corresponde explique la dirigencia local. Y que por lo visto hasta ahora no ha sabido explicar debidamente.
La vigencia de la Constitución de 1916, pese al tiempo transcurrido (y a las por ende inevitables actualizaciones) es porque se tuvo muy en claro desde el principio las razones estratégicas de la misma. Más que un cambio de procedimientos formales de gobierno, los convencionales constituyentes de 1916 decidieron implementar un verdadero programa estratégico de desarrollo provincial, poniendo al Agua y la Educación (y las instituciones creadas a tal efecto) como las dos herramientas esenciales del progreso provincial. Además, el motivo de la reforma estuvo mucho más preocupado por limitar el poder de los gobernadores que por ampliarlo. Y a la luz de los resultados parece que no nos fue tan mal, ya que hoy Mendoza es juzgada como una provincia cuya institucionalidad está bastante más arriba del promedio nacional, como se ha visto en estos días donde debido a sus últimos comicios, Mendoza se ha instalado en las miras de todo el país.
Queremos decir con este análisis que más allá de las reelecciones, una reforma constitucional podría ser oportuna si previamente se construyen los consensos suficientes, pero ello no debe llevar a los gobernantes a gastar excesivo tiempo en algo que puede resultar necesario pero no imprescindible.
Es que frente a la emergencia alimentaria y la crisis económica, utilizar demasiado tiempo -como ha ocurrido en más de una ocasión- en algo que no es prioridad esencial, puede ser un limitante para solucionar los problemas urgentes e imprescindibles que demanda nuestra ciudadanía. Seamos reformistas, sí, pero priorizando las cuestiones debido a las necesidades reales y primeras de los mendocinos.
Reiteramos entonces nuestra satisfacción por las afirmaciones de nuestro futuro gobernador acerca de que él no distraerá parte de su tiempo en cuestiones secundarias, como particularmente lo es su propia reelección, sobre todo en las actuales circunstancias de una provincia y un país que necesita sus dirigentes a tiempo completo para satisfacer los ciertos y profundos requerimientos de una población seriamente afectada en su vida diaria por todo tipo de dificultades materiales.
En estos casos siempre conviene no reiterar intentos anteriores que sólo produjeron distracciones en la difícil tarea de gobernar, sin incluso lograr ningún tipo de reformas.
