El Senado se apresta para tratar el nombramiento o el rechazo del pliego de Julio Gómez en una vacante de la Suprema Corte de Justicia mendocina. El jurista fue propuesto por el gobernador Francisco Pérez después de su anterior apuesta fallida, Miriam Gallardo. En la Legislatura las sensaciones son encontradas, puesto que se trata de una personalidad más compleja, aunque sus antecedentes para ir a la Corte no son muy diferentes a los de Gallardo.
“Es como Miriam, pero con más años en la calle” murmuraba un legislador. En parte es cierto: todos los antecedentes laborales que exhibe Gómez en su currículum son en la administración pública y en cargos políticos.
Pero también hay otro costado menos auscultado y tiene que ver con su actuación en el Tribunal de Cuentas donde, por ejemplo, pasaron por sus manos los expedientes vinculados a uno de los casos de corrupción más importantes de Mendoza: los tickets Vale Más.
El nuevo postulante de Pérez para la Suprema Corte fue director de Relaciones Laborales en la Subsecretaría de Trabajo (del ‘88 al ‘90, nombrado por José Octavio Bordón); senador provincial (del ‘90 al ‘94); subsecretario de Justicia (del ‘94 al ‘98, nombrado por Rodolfo Gabrielli y siguió dos años con Arturo Lafalla). Entonces ingresó al Tribunal de Cuentas.
Cuando ingresó a la Subsecretaría de Justicia, llegó porque la gestión Gabrielli estaba en momentos difíciles por tres desapariciones de personas en democracia: los casos Garrido-Baigorria del ‘90 y Guardati del ‘92. A los tres aún se los busca.
Se fue del gobierno de Lafalla cuando explotó un caso que aún resuena en los pasillos judiciales: las “copionas”, tres abogadas que habrían hecho trampa en un examen del Consejo de la Magistratura, prueba que habilita el ingreso a la carrera judicial.
El caso se hizo notorio. Gómez hace memoria e indica que su solución para el caso era anular el examen para tomar uno nuevo. Lafalla pensaba distinto, había que iniciar una investigación y deslindar la responsabilidad de quienes no hicieron trampa, así como castigar a quienes sí la hicieron. Ante la diferencia de criterio con su jefe, Gómez renunció.
Pero rápidamente encontró refugio en el Tribunal de Cuentas, donde es director de Asuntos Jurídicos y Secretario Relator. No es un cargo de conocimiento masivo, pero tampoco se trata de un puesto menor: por sus manos pasan las cuentas de toda la Administración Pública y tiene el acceso y la capacidad de incidir en el control de la cosa pública.
“Tengo a cargo un grupo de abogados que son los que tienen que analizar las conclusiones de los contadores revisores, desde la perspectiva jurídica. Lo que no significa un simple análisis de comprobantes. Por ahí escucho que se le imputa al Tribunal de Cuentas que mira sólo eso. Se mira mucho más que eso”, dice Gómez.
-¿Miran si el Estado gasta bien o no?- repregunta Los Andes.
-La relación calidad-precio tiene un componente discrecional. Hay otro componente que es la racionalidad, que eso es de interés jurídico- responde el postulante.
-De alguna manera tiene control de todo y sabe a qué le pone la firma- le retruca este diario. Gómez asiente con una sonrisa.
Entonces es inevitable preguntar por el caso Vale Más. Se trata de bonos que se entregaban como ayuda social instituidos en el gobierno de Roberto Iglesias y que continuó Julio Cobos. En realidad el Gobierno provincial los entregaba a los municipios y ellos distribuían entre los beneficiarios. Por eso es un caso que atraviesa a toda la clase política mendocina y tal vez por eso nadie fue preso. En octubre de 2006 el caso saltó a la luz pública, denunciado por los funcionarios que estaban a cargo.
-¿El Tribunal aprobó los ejercicios contables del Ministerio de Desarrollo Social y Salud en el gobierno de Iglesias y también los de Cobos?
-No recuerdo exactamente, pero debe haber cuatro ejercicios que no fueron aprobados porque la documentación necesaria para su aprobación no estaba. Eso está en la Corte ahora. Hay varias causas. Obviamente, si soy miembro de la Corte me voy a excusar- dijo Gómez.
-Quien denunció el caso (Alberto Monetti, encargado de programa en el gobierno de Julio Cobos desde marzo de 2006) terminó con una multa millonaria. Es un mensaje complicado.
-Me parece que no fue así. No fue porque él denunció que el Tribunal de Cuentas se enteró que el problema estaba. El Tribunal de Cuentas había determinado diferencias y se siguieron produciendo.
Los Andes pidió los fallos condenatorios del Tribunal de Cuentas en los que consta la afirmación de Gómez. Se remitieron dos fallos y uno saltó en la búsqueda realizada por este medio en la web del organismo de control. Si hay más se desconoce.
Se trata de los fallos 14.854 de febrero de 2007, el 14.989 de octubre de 2007 y el 15.786 de noviembre de 2011, todos posteriores a la denuncia realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero todos se refieren a ejercicios anteriores a la denuncia. Es que el control llega tarde, aunque esta demora no es achacable al candidato a la Suprema Corte.
En la búsqueda realizada por este diario se encontró un fallo previo, el 14.500 de junio de 2005 (referido al ejercicio 2003), en el que se hacen observaciones sobre el programa, pero en la resolución del Tribunal de Cuentas se aprueba el ejercicio 2003 del Ministerio, se libera de cargos a los funcionarios y se pide documentación adicional por las dudas encontradas.
Nobleza obliga: en esta última pieza se consigna que la opinión del Relator (es decir Gómez) fue que había que aplicar multas a los funcionarios.
Sobre su currículum
-En la Legislatura hay quienes dicen que sus antecedentes son como los de Gallardo, pero con más experiencia.
-Es una comparación odiosa. No parece bueno ni conducente que yo diga si tengo más o menos antecedentes de los que tenía Miriam.
Creo que los dos damos la pauta constitucional sobradamente. El gobernador obviamente ha evaluado mis opiniones jurídicas, porque hace muchos años soy responsable del órgano de asesoramiento jurídico del Tribunal de Cuentas.
Es cierto que los antecedentes de Gómez son en trabajos en los que fue nombrado políticamente pero también es cierto que hay quienes indican que no le faltan conocimientos del derecho.
Sin embargo suele demandarse que un miembro de la Corte tenga antecedentes en docencia universitaria, en investigación científica, que exhiba posgrados de fuste (maestrías o doctorados) y algunas publicaciones académicas.
En el currículum del aspirante se indica que fue docente secundario, que tiene un curso de post grado de responsabilidad del Estado y dos publicaciones, una de opinión en diario Los Andes y otra en la revista de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
