El sistema jubilatorio argentino ha sufrido, durante mucho años, los embates de la política y siempre, los que se jubilaron penaron porque lo que cobraban no compensaba la cantidad de aportes realizados. Pero la mano de los políticos hizo que nacieran regímenes especiales (hay 48 en Argentina) por lo cual, algunas personas, tenían privilegios que los demás no tenían.
Más allá del ensayo fallido con el sistema de capitalización a través de las AFJP, nuestro país no halla un modelo uniforme para tratar el tema y siempre aparece en la discusión la necesidad de atender situaciones que terminan desequilibrando el sistema.
La última gran distorsión fue cuando se estableció la Jubilación de Amas de Casa, que permitió que muchas mujeres, que nunca habían hecho aportes, accedieran a la jubilación mínima y luego se extendió el beneficio a otras personas a las que les faltaban aportes para acceder al beneficio mediante una moratoria. Por estas, se les descontó un porcentaje del beneficio durante un tiempo para compensar.
Pero el problema fue la forma en que el sistema rápidamente pasó a ser deficitario. Hoy existen 3,5 millones de jubilados por el sistema normal y 2,5 millones que ingresaron por moratoria. Los aportes y contribuciones de los activos actuales alcanzarían para pagar las jubilaciones de los beneficiarios normales (si aportaran el 40% de los que están en negro, podrían aumentarse las jubilaciones).
Pero el problema es que con los mismos fondos no sólo se paga a los jubilados por el sistema normal, sino que hay que pagar al resto y a ello se deben sumar los beneficiarios de AUH, becas Progresar y otros subsidios. Más de 9 millones de personas perciben haberes o beneficios de la Anses.
Argentina tiene un sistema de reparto. Como tal es un sistema solidario. No obstante, un fallo de la Corte Suprema de Justicia dijo que se debía respetar la proporcionalidad, es decir, que el haber debía reflejar un porcentaje de salario sobre el que se aporta. Pero es imposible porque deja de ser de reparto y ser un símil de capitalización empobrecido.
Un sistema de reparto, para que funcione, requiere como mínimo 4 trabajadores activos por cada pasivo. No obstante, hay quienes ya se animan a decir que, con el aumento de la expectativa de vida, es probable que esa proporción ya no alcance.
Hace algún tiempo se comenzaron a volcar recursos del sistema impositivo para reforzar a la Anses. Incluso, en algún momento se retuvo compulsivamente el 15% de la masa coparticipable de las provincias para financiar al sistema, que ya había explotado cuando se le incorporaron los beneficiarios con moratoria.
En Argentina, con 8 millones de trabajadores activos y 6 millones de pasivos, la relación sólo llega a 1,3 activos lo que muestra que, de por sí, el sistema es altamente deficitario. Además, deberían sacarse de la órbita de la Anses todo el resto de beneficios sociales para que no se confundan los presupuestos.
Dado el sistema deficitario, y las injusticias que cometen con algunos sectores, como monotributistas o autónomos, el sistema tiene un 60% de beneficiarios cobrando la jubilación mínima. Ante esto, el Gobierno decidió achatar la pirámide, perjudicando a las categorías más altas, no reconociendo el sistema de actualización. Pero son todos parches. El sistema jubilatorio requiere una implementación seria que contemple los datos actuariales, de manera de establecer cuál debería ser la edad jubilatoria y, sobre todo, la forma más equitativa para repartir los recursos del sistema, tratando de presionar lo menos posible sobre las cuentas públicas.
Las jubilaciones son malas e injustas para la mayoría de los beneficiarios del sistema pero, con ellos, conviven 48 regímenes que han sido concedidos con leyes claramente inconstitucionales que deben ser revisadas por la Justicia y por la política. Es hora de restablecer la igualdad ante la ley.
